La decisión del Tribunal Contencioso Electoral de suspender durante nueve meses al movimiento Revolución Ciudadana ha desatado una fuerte polémica política en el país andino. Dirigentes y simpatizantes de la organización consideran que la medida supone un intento de apartar de la vida política a la principal fuerza de oposición y denuncian una grave amenaza para la democracia ecuatoriana.
La suspensión, solicitada por la Fiscalía General del Estado, impediría a la formación utilizar su casillero electoral en las próximas elecciones seccionales, ya que el periodo de sanción coincide con el proceso de inscripción de candidaturas. Desde el movimiento, identificado con el expresidente Rafael Correa, sostienen que la medida tiene un claro objetivo político: excluir a millones de votantes que se identifican con su proyecto.
En un comunicado difundido desde Quito, la organización denunció que el país atraviesa “uno de los momentos más oscuros de su democracia” y acusó a las instituciones de utilizar la justicia como herramienta para neutralizar a la oposición. “Cuando el poder usa la justicia para eliminar a la oposición, lo que está en juego ya no es un movimiento político: es la democracia misma”, señala el texto.
Los dirigentes de la Revolución Ciudadana también han criticado al presidente Daniel Noboa, al que acusan de intentar consolidar su permanencia en el poder mediante medidas que limitan la competencia política. Sectores cercanos al movimiento consideran que el actual mandatario llegó a la presidencia tras un proceso electoral cuestionado y denuncian que su Gobierno estaría amparado por el respaldo internacional de figuras como el expresidente estadounidense Donald Trump.
Desde el movimiento RC5 sostienen que la decisión judicial “sienta un precedente nefasto” para el sistema democrático ecuatoriano, ya que, a su juicio, no solo afecta al correísmo sino al derecho de miles de ciudadanos a elegir un proyecto político alternativo.
Pese a la suspensión, la Revolución Ciudadana ha anunciado que recurrirá la decisión por todas las vías legales y democráticas disponibles. “Nuestra mayor fuerza no está en los tribunales controlados por el poder, sino en la conciencia de un pueblo que cada día entiende mejor lo que está ocurriendo”, afirma el comunicado.
La organización concluye con un mensaje de resistencia política ante lo que considera una ofensiva institucional: “Somos millones. Somos semilla. Somos resistencia”.
