Por sorpresa, el pasado 16 de enero el Gobierno anunció un proceso de regularización de los inmigrantes que se encuentren en España con anterioridad al 31 de diciembre de 2025. A estas alturas poco importa la forma de su presentación pública, lo relevante es que supone un enorme éxito de los movimientos sociales que venían años reclamándolo, recogieron las firmas necesarias para poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y no cesaron en la movilización hasta conseguirlo. Una vez aprobado el inicio de su debate en el Congreso, el proyecto quedó bloqueado en la ponencia ante la negativa de las fuerzas de derecha (Vox, PP y Junts) de sacarlo adelante. El esfuerzo del grupo parlamentario de Sumar para pactar una redacción que permitiera hacer realidad la regularización finalmente no ha caído en saco roto, ya que el Consejo de Ministros ha acordado encauzarlo por medio de un decreto que modifique el Reglamento de Extranjería y, por lo tanto, sin necesidad de ratificación por las Cortes. La dificultad de sacar adelante una ILP, uno de los pocos mecanismos de participación directa de la ciudadanía previstos en nuestra Constitución, hace que tengamos que lamentar el abandono de esta vía, pero la correlación de fuerzas parlamentarias dejaba un nulo margen de maniobra.
Tras los trámites de consulta y audiencia pública, el Gobierno aprobará las normas que regirán todo el proceso, a primeros de marzo. Lo adelantado de su contenido prefigura un procedimiento muy sencillo que permitirá acceder a la documentación legal para residir en España a miles de personas y sus familiares. Es un paso necesario para normalizar la vida de quienes ya realizan una actividad ordinaria en nuestro país. De todas formas, queda pendiente concretar algunos detalles de gran importancia. Esto último es preciso recordarlo en todo momento, para combatir las manipulaciones y los abusos de aquellos que intentarán lucrarse a costa de la angustia de muchos extranjeros que quisieran ver ya garantizadas sus aspiraciones. Es siempre recomendable armarse con un poco más de paciencia para contar con toda la información, así como dirigirse a las entidades colaboradoras oficiales (organizaciones sociales, colegios profesionales y sindicatos) que ofrecerán un apoyo gratuito solvente.
La regularización es una medida positiva que va a contracorriente de la orientación general de la Unión Europea, sumida en una ola xenófoba y reaccionaria que parece no tener límite
La regularización es una medida positiva que se añade a la flexibilización del arraigo, la atención a las personas vulnerables y el refuerzo de las políticas de integración que se han llevado a cabo durante los gobiernos de izquierda de los últimos siete años. Es un conjunto de políticas que van a contracorriente de la orientación general de la Unión Europea, sumida en una ola xenófoba y reaccionaria que parece no tener límite. La última medida en este sentido es la votación realizada en el Parlamento de Bruselas el pasado 10 de febrero, con la que se modifica el reglamento de procedimientos de asilo y se establece un nuevo listado de países seguros. Para entendernos, en el futuro se rechazarán de manera automática las peticiones de protección internacional de ciudadanos de países como Egipto, Marruecos, Turquía o Colombia, con independencia de cual sea su situación personal o sus alegaciones.
Campaña desaforada de la derecha
Como no podía ser de otra forma, los distintos partidos de la derecha, entre los que cada vez es más difícil distinguir quién es más merecedor de la calificación de extremo o ultra, se han lanzado a una campaña en contra de la regularización. Con discursos demagógicos no paran de hablar del impacto negativo en la economía, del aumento de la criminalidad o de las consecuencias en los sistemas de protección social. Aunque el argumento instrumental es peligroso y de doble filo, lo que es evidente, con una simple comparativa entre los niveles de ocupación y los porcentajes de desempleo, es que los periodos de mayor afluencia de migrantes han coincidido con las más altas tasas de crecimiento económico y descenso del paro de España.
Al señor Nuñez Feijóo hay que recordarle que desde 1986 se han reiterado procesos similares por los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero
Además, al señor Nuñez Feijóo hay que recordarle que desde 1986 se han reiterado procesos similares por los gobiernos de Felipe González (38.294 personas ese primer año, 114.423 en 1991-92 y 21.294 en 1996), José María Aznar (264.153 en 2000 y 239.174 en 2001) y José Luis Rodríguez Zapatero (576.506 en 2005). Se estima que de la actual regularización se podrán beneficiar alrededor de medio millón de personas. Nada nuevo bajo el sol. En lo que si es preciso insistir, máxime ante las cifras que se barajan y las carencias estructurales de las oficinas de extranjería, es en la necesidad de una dotación de personal y recursos que hagan viable abordar el proceso con la agilidad y las garantías que se requieren.
La urgencia de un nuevo modelo migratorio
Dicho todo lo anterior, no podemos dejar de señalar que las regularizaciones son la demostración palpable del fracaso de un sistema diseñado desde 1985 por la primera ley de extranjería aprobada por el gobierno de Felipe González. La nueva ley del año 2000 y sus sucesivas reformas no han cambiado lo esencial del diseño. Hay un desajuste palmario entre la normativa oficial y la realidad de las migraciones. Una disparidad que pagan las personas que sufren la ausencia de canales regulares de inmigración con la vulneración de sus derechos, prolongadas separaciones familiares y un marasmo burocrático que, por mucho que se haya simplificado por el actual gobierno, sigue siendo un dispendio de recursos humanos y materiales. Además, el permanente debate sobre la “irregularidad”, es el mejor caldo de cultivo para una derecha que pretende encubrir su desmontaje de los servicios públicos con un chivo expiatorio que desvíe el malestar de los auténticos responsables del deterioro social.
La lamentable iniciativa sobre la reincidencia múltiple, aprobada en el Congreso el pasado 12 de febrero con los votos a favor del PSOE, PP, Junts y PNV, junto al regocijo de Vox ante la cascada de argumentos xenófobos de algunos de los intervinientes en el debate, la insistencia en la externalización de las fronteras o la previsible aplicación en España del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que contó con el voto a favor en Bruselas del PSOE y del PP, son una muestra del mucho camino que queda por recorrer en esta materia. La experiencia de los pasados treinta años evidencia que la mimetización de los discursos y las medidas de la extrema derecha no frenan su avance, al contrario, contribuyen a reforzar su hegemonía cultural. La izquierda y los movimientos sociales tienen que ser capaces de poner sobre la mesa la urgencia de un nuevo modelo migratorio que suponga una ruptura de las políticas que no han hecho más que fracasar. Ante la reiteración de regularizaciones, pensemos por una vez para el futuro en los canales seguros de la movilidad humana y en las medidas permanentes que permitan construir una sociedad más inclusiva e igualitaria.
