Realmente es muy buena noticia que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debatirá este 27 de marzo el ataque estadounidense-israelí con misiles Tomahawk que asesinó a 168 niñas en una escuela de Minab, Irán, forma en la que Washington y Tel Aviv iniciaron la guerra ilegal y genocida actual contra los persas.
Es bueno pues, aunque, como siempre sucede en el caso de la ONU, los resultados no son vinculantes y los crímenes quedan impunes, como el caso del bloqueo a Cuba con fines de hacer sufrir al pueblo, porque las resoluciones no son vinculantes, y ni siquiera son remitidas a la Corte Penal Internacional para que tome cartas en el asunto.
En consecuencia, son más bien un factor moral que, en el caso de Trump y Netanyahu —como sucedió con lo debatido por el genocidio cometido en la Franja de Gaza—, no significa nada, pues desestiman cualquier decisión judicial, al nivel que sea.
En el caso del jefe sionista pesa una sanción como criminal de guerra, pero no se hace algo para arrestarlo y viaja libremente a EE.UU., lo recibe Trump, lo elogia y presenta con todos los honores al pueblo estadounidense y al mundo en plenas matanzas de palestinos y ahora iraníes, y el mandatario estadounidense no recibe ni siquiera una amonestación de la ONU ni de la comisión de Derechos Humanos, ni de nadie, por no entregarlo al CPI como sería lo legal.
El execrable crimen de las niñas, ocurrido el 28 de febrero, fue denunciado desde el primer momento por Teherán como un crimen de guerra de extrema gravedad, al tratarse de un bombardeo deliberado contra población civil infantil en pleno horario escolar como señalan diversos medios, pero hubo que insistir muy fuertemente y con todo tipo de pruebas y argumentos, para que la ONU actuara.
De allí que instituciones de derechos humanos y personalidades, consideran que la decisión del organismo multilateral representa una victoria diplomática para Irán en su intento por exponer internacionalmente la agresión sistemática y exigir responsabilidades a Washington y Tel Aviv, como informó Alma Plus al recordar que la solicitud fue presentada por la misión iraní ante Naciones Unidas con el respaldo de China y Cuba, y aprobada por consenso.
La mecánica será la siguiente: Las representaciones permanentes examinarán las dimensiones humanitarias y legales del ataque contra la escuela Shajareh Tayyebeh, donde un misil impactó directamente en las instalaciones, con saldo de 168 niñas de 7 a 12 años de edad murieron, un número mayor heridos, y sufrimiento aun las consecuencias y mutilaciones.
Fue una flagrante violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, pero la respuesta de los gobiernos de Trump y Netanyahu fue intensificar el ataque hasta convertirlo en lo que se ha visto hasta ahora, con un saldo de cientos de muertos civiles y una extensión de la agresión al Líbano donde las matanzas entre la población civil han sido igual de intensas, mientras la destrucción de las ciudades es enorme.
Los peritos denuncian que el ataque a la escuela fue ejecutado con armamento de alta precisión, lo que refuerza la hipótesis de una acción deliberada. Una investigación del grupo de inteligencia de fuentes abiertas Bellingcat, complementada con análisis publicados por The New York Times, ha aportado evidencias concretas que contradicen la versión oficial del Pentágono sobre lo ocurrido en Minab, como reportó Alma Plus.
De tal manera, el investigador Trevor Ball identificó, en un video difundido por la agencia estatal iraní Mehr, la trayectoria de caída de un misil de crucero Tomahawk: un arma que solo opera bajo control operativo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
The New York Times analizó fotografías de fragmentos del misil exhibidos por la televisión estatal iraní, encontrando en los restos números de serie, marcas de fabricantes norteamericanos y el sello inequívoco «Made in USA», lo cual refuerza la denuncia de una masacre perpetrada en el contexto de una agresión más amplia que eleva la presión internacional.
Pero este no sería el único crimen contra menores cometido conscientemente por Donald Trump, y que Naciones Unidas ni la CPI han tenido en cuenta, no han procesado ni denunciado formalmente para que el mandatario sea procesado y sancionado como su amigo Netanyahu, no solamente por crimen de guerra como en el caso de las 168 niñas, sino también por el de lesa humanidad e infanticidio por tratamiento cruel a menores.
El reconocido medio ProPublica, constató que 11.000 niños en EE.UU. han perdido a sus padres por redadas migrantes de Trump en los primeros siete meses de 2025. El impacto golpea desproporcionadamente a familias latinas.
Dicho informe, difundido por Alma Plus, basado en registros oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), prueba que, en el lapso investigado, separaron de sus padres diariamente a más de 50 menores de edad con nacionalidad estadounidense, pero de familias latinas.
Lo más cruel es que la acción ha estado acompañada por deportaciones masivas de sus padres, en especial de las mamás que son expulsadas a una tasa cuatro veces mayor que la registrada durante el gobierno de Joe Biden, con lo cual Trump rompe de forma casi definitiva el núcleo familiar.
Beatriz López, directora ejecutiva de Voto Latino, denunció que “estamos presenciando es un ataque calculado contra las familias latinas trabajadoras como si se tratara de una de las esencias de un régimen social, más allá de una decisión presidencial”. En otras palabras, una acción malthusiana neofascista.
No se trata de nada nuevo, sino que es parte de la forma de actuar y la visión supremacista de Trump practicada desde su primer gobierno. The New York Times, La Jornada, de México, y otros diarios, dejaron constancia de los graves resultados en la grey infantil de la implementación de la denominada política de «tolerancia cero» en la frontera sur de Estados Unidos durante 2017-2021.
En ese periodo, Trump separó de manera forzosa a miles de niños de sus padres o tutores, procesados penalmente por cruzar ilegalmente la frontera, lo cual provocó incidentes graves, condiciones de hacinamiento y denuncias de abusos físicos y psicológicos contra menores.
El Center for American Progress documentó en esa época quienes fueron retenidos en centros de detención temporal, denunciados como jaulas debido a las estructuras de malla metálica, parecidas a las “jaulas de tigres” usadas por el ejército invasor de Estados Unidos en Vietnam para encerrar a niños y adolescentes bajo la falsa acusación de ser colaboradores del Vietcong.
La Jornada y otros medios, denunciaron entonces las condiciones de hacinamiento de niños mexicanos y otras nacionalidades latinas separados de sus padres después de atravesar la larga frontera que separa a México de Estados Unidos, y burlar el famoso muro de Trump, aunque, en honor a la verdad, esa muralla viene desde mucho antes de él y cada presidente le ha ido añadiendo un tramo.
Más allá de eso, Naciones Unidas tampoco ha enfrentado como corresponde el caso de los delitos sexuales y pederastia de Epstein en el cual está muy involucrado Donald Trump.
Aun cuando es notorio que el Departamento de Justicia ha sido señalado de ocultar o censurar pruebas visibles como documentos y fotos de los archivos liberados bajo la Ley de Transparencia de los Archivos del delincuente sexual cuyo suicidio en la cárcel se ha puesto en dudas.
En resumen, la ONU no debería tratar solamente el genocidio de esas niñas, sino la historia de infanticidios de Donald Trump.
