Las seis sindicalistas conocidas como ‘Las seis de La Suiza’ serán indultadas por el Gobierno nueve meses después de su ingreso en prisión para cumplir una condena de tres años y medio dictada por el Tribunal Supremo. La medida de gracia será aprobada previsiblemente en el Consejo de Ministros de este martes, tras una intensa campaña de apoyo social, sindical y político.
Las condenadas —O.P.R., R.B.C.C., B.G.P., J.C.C., M.C.B.T. y H.A.G.P.— se encuentran actualmente en régimen de tercer grado en el Centro Penitenciario de Asturias, lo que les permite salir durante el día pero les obliga a regresar a pernoctar a un centro de inserción social. El indulto supondrá su puesta en libertad definitiva.
Fuentes cercanas a las familias aseguran que la noticia ha sido recibida como “una alegría” y un impulso anímico tras meses de movilizaciones y presión social. Aunque celebran la medida en el plano personal, las afectadas sostienen que “nadie debería cumplir una condena de cárcel por ejercer el sindicalismo”.
Un caso que se remonta a 2016
Los hechos se originaron entre 2016 y 2017 en Gijón, cuando las sindicalistas participaron en concentraciones frente a la pastelería La Suiza en apoyo a una trabajadora que denunciaba acoso laboral y sexual, así como condiciones de trabajo perjudiciales para su embarazo.
Tras no prosperar las negociaciones con la empresa, el sindicato CNT convocó protestas autorizadas por la Delegación del Gobierno. Según la defensa, las movilizaciones se desarrollaron sin violencia ni daños materiales y se limitaron a visibilizar la situación de la empleada.
Sin embargo, la justicia consideró probado que las acciones fueron coercitivas. En 2021, un juzgado de lo Penal de Gijón condenó a las seis sindicalistas por un delito continuado de coacciones graves y otro contra la administración de justicia, al entender que la campaña de presión provocó el cierre del negocio.
Un largo recorrido judicial
La sentencia fue recurrida sin éxito ante la Audiencia Provincial de Asturias, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. En junio de 2024, el Supremo ratificó la condena, subrayando que las protestas excedieron los límites de la libertad sindical y de expresión.
Agotadas las vías judiciales en España, la defensa anunció su intención de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Amplio respaldo al indulto
La petición de indulto ha contado con el respaldo de más de una veintena de organizaciones sindicales, así como de formaciones políticas y del propio Gobierno del Principado de Asturias, que alegó razones humanitarias y personales.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había mostrado públicamente su apoyo a las condenadas y defendido que “hacer sindicalismo no es delito”. Díaz se reunió con ellas en Asturias y se comprometió a impulsar la medida en el seno del Ejecutivo. El Secretario General del PCE, Enrique Santiago, también ha manifestado desde el inicio su apoyo a las seis de la Suiza.
Movilización social y debate abierto
El caso ha generado una fuerte respuesta en la calle, con manifestaciones en Gijón, Madrid y otras ciudades bajo el lema “Hacer sindicalismo no es delito”. Más de 22 sindicatos, entre ellos CCOO, UGT, CGT y CNT, se sumaron a la reclamación del indulto.
Con su aprobación, el Ejecutivo pone fin a un proceso judicial y social que ha mantenido el foco durante años sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y los límites legales de la acción sindical.
