El 26 de febrero de 2026 será una fecha que quedará marcada en el diario de sesiones de las Cortes Generales como el día en que la política del odio y el cálculo electoralista se impuso a la más mínima decencia. El Parlamento, por 177 votos contra 172, consumó esa tarde el asesinato político del “escudo social”, ese conjunto de medidas que, desde la pandemia, y ampliadas posteriormente para mitigar los efectos de la inflación y la crisis energética, incluía medidas destinadas a proteger a los sectores más vulnerables de la población.
Entre ellas destacaban ayudas al transporte público, límites a las subidas del alquiler, prórrogas de la suspensión de desahucios para hogares vulnerables, bonificaciones energéticas y otras medidas de apoyo al poder adquisitivo. El “escudo social” se había convertido en la delgada línea roja que separaba a millones de familias de la exclusión social.
El argumentario usado en esos días por los reaccionarios contra el “escudo social” era tan viejo como cínico: «defensa del propietario». Pero ¿de qué propietario hablamos? No del pequeño propietario, que también queda en una situación complicada, sino de los grandes tenedores, de los fondos buitre que acumulan miles de viviendas mientras condenan a barrios enteros a la emergencia habitacional. El decreto, en su redacción final, ya contemplaba excepciones para pequeños propietarios, pero ni eso fue suficiente. El PP y Vox exigían sangre, y Junts se la dio.
Caída la moratoria, la maquinaria judicial de los desahucios se ha reactivado, miles de familias volverán a vivir con el miedo permanente a la carta certificada, al lanzamiento, a ver sus enseres personales en la calle. Familias donde alguien trabaja, pero cuyo salario no llega a fin de mes. Familias monomarentales, jóvenes precarizados, mayores con pensiones miserables. Esos son los «okupas» que el bloque de la vergüenza ha decidido señalar y castigar.
Y como no era suficiente, también han apagado la luz de miles de hogares. Literalmente. La protección que impedía cortar el suministro eléctrico, de agua o gas a los hogares vulnerables ha desaparecido. Este mismo invierno, con las temperaturas aún gélidas, familias enteras se enfrentarán a la disyuntiva perversa de elegir entre comer o tener calefacción.
El bono social, esa ayuda que permitía a los más pobres pagar una factura energética desbocada por la especulación de las eléctricas, se reduce drásticamente. Los descuentos pasan de ser del 57% a un miserable 25% en muchos casos.
Tampoco habrá ayudas para los damnificados por la reciente DANA ni para los afectados por los incendios. Las familias que lo perdieron todo ven ahora cómo las exenciones fiscales que les prometieron se esfumaron con esa mayoría reaccionaria que actúa contra los intereses de la clase trabajadora. Y en el terreno laboral, la derogación de la cláusula que impedía despedir en empresas rescatadas abre la puerta a una nueva oleada de ajustes de plantilla.
Tampoco serán válidas las deducciones en el IRPF por obras de eficiencia energética y por compra de vehículos eléctricos y otra serie de medidas que afectan al IRPF e IVA de autónomos y pequeñas empresas. En definitiva, la caída del Real Decreto-Ley 2/2026 supondrá un aumento del gasto doméstico en un contexto en el que los salarios reales aún no han recuperado plenamente el poder adquisitivo perdido durante el periodo de alta inflación y, en términos macroeconómicos, también puede afectar al consumo interno, ya que los hogares con menos renta tienen que destinar una mayor proporción de sus ingresos al consumo básico.
Esta es una batalla más en el debate público actual entre quienes defendemos unas políticas públicas económicas y sociales donde prima la redistribución de la riqueza y la protección de la población frente a crisis sucesivas y los que defienden que ese tipo de políticas suponen un gasto público muy elevado o una intervención excesiva en el mercado y defienden políticas neoliberales y regresivas para la mayoría social.
El mensaje que envió el Parlamento ese día fue claro: si eres pobre, si estás en el paro, si no llegas a fin de mes no cuentes con PP, Vox y Junts para garantizar tu derecho a una vida digna. Ese día no cayó solo un decreto. Perdió una forma de entender la política que pone la vida en el centro. Lo hicieron en silencio frente a nuestra rabia, no aplaudieron ni vociferaron. Pero que no duden que seguiremos trabajando para seguir implementado esas políticas que ellos odian, las que redistribuyen la riqueza y las que persiguen garantizar una vida digna para todas las personas sin distinción.
Además, en una votación separada pero igualmente significativa, la misma alianza (PP, Vox y Junts) tumbó el decreto que permitía al Gobierno limitar los precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia (como catástrofes naturales o accidentes), una medida impulsada desde el Ministerio de Consumo para evitar la especulación.
Resumen de medidas que decaen en el decreto
La derogación del Real Decreto-ley 2/2026 no es un simple ajuste técnico. Supone el desmantelamiento de una docena de protecciones esenciales que estaban vigentes, en muchos casos, desde 2020. El listado de medidas que decaen es extenso y afecta directamente a la calidad de vida de los sectores más precarios:
• Vivienda: Desaparece la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. A partir de ahora, se reactivarán miles de procedimientos judiciales que estaban paralizados, lo que puede traducirse en un aumento de los desalojos en los próximos meses.
• Suministros básicos: Se elimina la prórroga de la garantía que impedía el corte de agua, luz y gas a consumidores vulnerables. Con el invierno aún presente, muchas familias podrían enfrentarse a la desconexión de estos servicios esenciales.
• Energía: El bono social, que garantizaba descuentos del 42,5% y 57,5% para colectivos vulnerables, se reduce a los porcentajes generales previos (35% y 50%), encareciendo la factura eléctrica para quienes menos tienen.
• Fiscalidad y empleo: Se anula la prórroga de la prohibición de despedir para empresas que recibieron ayudas públicas, así como beneficios fiscales clave. Caen las deducciones en el IRPF por obras de eficiencia energética y por compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga, también decae el mantenimiento para 2025 del porcentaje del 1,1 % para la imputación de rentas inmobiliarias y se pierde la exención del IRPF para las ayudas recibidas por los damnificados por los incendios forestales y la DANA.
Medidas que decayeron para autónomos y pequeñas empresas
En materia de IVA
- Prórroga hasta el ejercicio 2026 de los límites del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.
- El nuevo plazo de renuncias y revocaciones de dichos regímenes para 2026.
- Un nuevo plazo extraordinario para renunciar al SII y para solicitar la baja en el REDEME para 2026.
En el IRPF
- La prórroga para el período impositivo 2026 de los límites cuantitativos para la aplicación del método de estimación objetiva o módulos.
- El nuevo plazo de renuncias y revocaciones a módulos para 2026.
En el Impuesto de Sociedades
- La ampliación hasta 2026 de la libertad de amortización para inversiones que utilicen energías renovables.
- La prórroga hasta 2026 la libertad de amortización para vehículos nuevos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV afectos a actividades económicas y para nuevas infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
