Recientemente ha vuelto a estallar la polémica sobre un centro de acogida de menores vulnerables, esta vez en el barrio ovetense de La Florida. Ya había pasado en Cartes (Cantabria) hace unos meses, y volverá a pasar en cualquier otro barrio de este país mientras nos quedemos en lo discursivo sin analizar los porqués. Hay más tela que cortar que un debate sobre “chavales sí o no”.
Vamos a hablar de la estructura del discurso de Vox: cómo construye un enemigo ficticio para venderse como alternativa, y cómo con eso te cuela los recortes por la puerta de atrás. Pero toca hablar también del sistema de acogida, el debate que nadie quiere poner sobre la mesa: lo que se vive de verdad en los centros y en qué condiciones trabaja quien los sostiene.
Para entender qué ocurre realmente cuando se abre un centro, conviene desmenuzar ambas capas: la cortina de humo del discurso reaccionario y la quiebra estructural de un sistema diseñado para recortar lo público.
El discurso racista de Vox
Este grupo político usa la polarización y el conflicto para intentar crecer. La cuestión es que el conflicto que plantean consiste en deshumanizar a niños y adolescentes, intentando asociarlos con la delincuencia y la inseguridad como si fuera una asociación natural, como el florecimiento en primavera, la delincuencia en los adolescentes migrantes.
La venta de esta idea se opera en tres peldaños entrelazados. Arranca con la asociación entre juventud migrante y delincuencia, presentando casos concretos para criminalizar al conjunto entero, haciendo creer que es algo intrínseco. Además, si hablamos de delincuencia hemos de entender que es un fenómeno social, no individual.
A la criminalización, le sigue el pánico del choque cultural: somos, según ellos, culturas contrapuestas que nada tienen que ver la una con la otra. Esto da por sentadas dos cosas que son completamente falsas.
Los MENAS no tienen una cultura única, porque es un término administrativo, que se refiere a menores extranjeros no acompañados, siendo así de cualquier nacionalidad que no sea española: marroquíes, ghaneses, senegaleses, franceses, ingleses, americanos. Así que cada uno de ellos puede tener poco o nada que ver con el de al lado. Pero para vender esta deshumanización necesitan que creas que son un todo integrado, una única realidad, un único enemigo culpable de todos los males.
Y hablan de la cultura como un monolito uniforme y estanco, por ejemplo, al hablar de “la cultura española” en singular, como si fuera un bloque único y no un mosaico lleno de grises, de pueblo a pueblo, de región a región, es el mismo error de fondo, un esencialismo. En cualquier estado no existe una cultura única, sino culturas en plural, con rasgos comunes o diferenciados. Cuando hablamos de cultura, conviene verlo como una paleta de grises antes que como bloques cerrados y perfectamente definidos, que poco o nada se relaciona con la realidad.
Ahora bien: que la cultura sea plural no significa que todo valga. Pueden existir prácticas concretas que no compartamos y que nos parezcan mal, incluso aberrantes, la ablación, por ejemplo.
Este discurso de odio difícilmente calaría si enfrente existiera un sistema de acogida público, solvente y con recursos.
Pero el hecho de rechazar una práctica no equivale a confrontar con la totalidad de la forma de entender las relaciones sociales de quien la practica. Si en su cultura se cuida a los mayores, ¿deberíamos nosotros rechazar eso?
El cierre de esta trampa es la demagogia fiscal, enfrentar la pensión de tu abuelo o abuela, con la atención a los menores migrantes. Es una falsa elección que apela a la víscera para ocultar una realidad incómoda: allí donde gobiernan, la extrema derecha no prioriza al trabajador nacional, ni al jubilado, ni los servicios básicos.
Vox intenta aprovechar el enfado legitimo de la población con el precio de la vivienda, la gasolina o la cesta de la compra, para colar la receta de Milei. Esa misma receta que ha dejado a los abuelos argentinos sin poder llegar a fin de mes y sin poder pagar la medicación. La del récord de cierre de empresas, del aumento del trabajo informal.
Vox habla del problema de la vivienda, pero nunca de los fondos buitre que especulan y encarecen sistemáticamente el precio para maximizar beneficios. Y esto tiene una razón de ser.
Pues sus políticas no son para los güelitos/as, ni para el autónomo, ni para el trabajador, ni para los migrantes, sino para los fondos buitre, los especuladores y la patronal: ahí les da igual que sean migrantes o nacionales, porque ellos no sirven al país, sino a su bolsillo. Porque no es una cuestión de prioridad nacional, sino de prioridad de clase, y ellos tienen muy clara la suya, y lo demuestran allá donde gobiernan ellos o sus semejantes.
Los dos culpables
Este discurso de odio difícilmente calaría si enfrente existiera un sistema de acogida público, solvente y con recursos. El abono sobre el que crece la crispación en los barrios es precisamente el vaciamiento de la protección social, hoy entregada a la lógica del mercado.
Si el fin superior de la acogida fuera la intervención, se contaría con el personal necesario y se seguirían los estudios sobre cuáles son las mejores condiciones para el acogimiento, por ejemplo, que un centro pequeño funciona mejor que un macrocentro, porque permite una atención más individualizada y un hogar más “normalizado”. Las ratios serían adecuadas y ajustadas a la necesidad real, ningún profesional trabajaría solo en su turno, se trabajaría en equipo, los sueldos serían dignos, habría seguimiento completo desde la llegada hasta la salida del sistema de menores, y se harían estudios longitudinales de los casos.
Nada de eso ocurre. Ni en las comunidades gobernadas por PP-Vox, donde en sitios como Madrid se implantan macrocentros que pueden superar el centenar de menores, o en Aragón donde van a permitir el intrusismo profesional en la intervención, ni en las gobernadas por el PSOE.
El sistema de acogida actual está fragmentado en programas gestionados por entidades que funcionan entre sí casi como reinos de taifas, lo más aisladas posible unas de otras. Es lógico: compiten entre sí por hacerse con los programas y la subvención correspondiente.
Esa adquisición puede llegar por dos vías. La de la subvención, donde cuanto más baja es la oferta económica, más puntos se obtienen, porque el criterio económico pesa más que ningún otro, de modo que el interés real no es prestar un buen servicio, sino uno lo más barato posible. Esto se traduce en profesionales que no saben si el año que viene tendrán trabajo, con salarios bajísimos. La explotación total de las trabajadoras del sector.
No se trata de responsabilizar a la pequeña asociación de barrio que llega a fin de mes a duras penas, sino de señalar a la oligarquía del tercer sector.
La otra vía es la concertación, más estable, en torno a cuatro años con posibilidad de prórroga, pero con los números igual de apretados y un apartado salarial que suele parecerse mucho al de las subvenciones, cuando no el mismo.
En ambos modelos hay un punto en común: la precariedad de la clase trabajadora del sector, atada a convenios irrisorios que apenas dan para subsistir, sin que nadie haga nada al respecto. Y ni siquiera con esos convenios ya de por sí bajos se juega limpio: la administración y las empresas encuentran formas de exprimir todavía más a una plantilla al límite.
Los pliegos pueden ser un auténtico campo de minas para las condiciones laborales. Por ejemplo: referirse al convenio anterior sin mencionar su actualización cuando entre en vigor el nuevo, de modo que el salario queda congelado hasta la siguiente renovación de la subvención o el concierto. No fijar ratios, ni obligar a que ningún profesional esté solo en su turno, lo que abre la puerta a auténticas aberraciones que tienen poco que ver con la intervención y mucho con el hacinamiento. Pongamos dos ejemplos:
Ejemplo 1: Una ratio de tres educadores para treinta y cuatro chavales, aproximadamente 1/11. Si uno se pone malo y hay que llevarlo al médico, un educador lo acompaña al centro de salud. La ratio real pasa entonces a ser 1/16,5. Si ya en la anterior no hay intervención posible, lo que queda ahora es un parking de niños y adolescentes.
Ejemplo 2: Un recurso con ratio 1/8. Un chaval con problemas de adicción, recién llegado a un piso de preparación para la vida independiente, sufre una recaída e inicia una pelea con otros dos usuarios. Un solo educador tiene que gestionar la situación. ¿Qué harías tú? Llamas al de guardia, y entre que llega y no, cualquier cosa puede pasar. ¿Llamas a la policía? Llegará antes, pero para entonces la tragedia puede haber ocurrido ya. ¿Te metes en medio, exponiendo tu propia seguridad?
No hay solución fácil, pero estando uno solo en turno, las probabilidades de tragedia se disparan y podrían terminar costando la vida de un profesional o de un usuario. Sin embargo, ni a la administración ni a las entidades les importa, gobiernan con hojas de Excel.
Hay dos culpables aquí: por un lado, la administración pública, que se desentiende de la acogida, de su gestión real y solo busca gastar poco, sin que le interese la intervención en sí. Por otro, las entidades que persiguen la subvención para mantener el recurso con lo mínimo indispensable y destinar parte del dinero al mantenimiento de su propia estructura. Curiosamente, los sueldos de quienes dirigen las entidades no son de subsistencia.
Conviene matizar: no se trata de responsabilizar a la pequeña asociación de barrio que llega a fin de mes a duras penas, sino de señalar a la oligarquía del tercer sector. Hablamos de macroentidades que manejan millones de euros en conciertos públicos y subvenciones y operan con las mismas dinámicas de precarización y maximización de márgenes que cualquier multinacional.
Y es que, si el sistema de acogida no ha explotado del todo es por la sobrecarga que llevan sobre sus hombros las mujeres y los hombres que se dedican a la intervención social, pues asumen mucho más de lo que deberían, porque se trabaja con personas. Y ese es precisamente otro factor con el que juegan las entidades y la administración: saber que las profesionales del sector no van a dejar tirado a quien las necesita.
Tenemos, por un lado, a quienes intentan vendernos que los culpables de todos nuestros males son niños y adolescentes, para encasquetarnos así los recortes en nuestros servicios públicos y enriquecer a sus amigos; y por otro, a quienes hablan de solidaridad mientras mantienen en condiciones de subsistencia a las profesionales de la intervención social y a los chavales hacinados como si de macrogranjas se tratara.
Ninguno pregunta lo crucial: ¿cuántas educadoras habrá por turno en el Paseo de la Florida? ¿qué ratios se van a exigir? ¿lo gestionará la administración directamente o se licitará al mejor postor?
El vacío de los estudios longitudinales
Hay un déficit que rara vez se nombra y que es, en el fondo, la prueba más clara de que a nadie con poder de decisión le interesa saber si este sistema funciona o cómo mejorarlo: la ausencia casi total de estudios longitudinales sobre qué fue de estos menores años después de pasar por el sistema de protección.
No es un descuido técnico, es una consecuencia estructural del propio modelo de gestión. Cuando una entidad gestiona un recurso durante un periodo corto y sabe que al terminar la subvención o el concierto puede perderlo frente a otra oferta más barata, no tiene ningún incentivo, ni tampoco obligación contractual, para invertir en un seguimiento que dará sus frutos dentro de cinco o diez años. Esto cuando el menor no pasa por diferentes entidades a lo largo de su estancia en el sistema de protección.
Un menor, por ejemplo, puede empezar en una entidad en primera acogida, después ser derivado a otra, cuando es adolescente a una diferente, y terminar en un piso de vida independiente gestionado por una cuarta. De esta manera tendríamos cuatro entidades diferentes entre sí, con distintas visiones de la intervención, que no colaboran entre sí porque compiten entre ellas y, encima, cuyo fin, como hemos señalado, no es la mejor intervención. Un despropósito, en resumidas cuentas.
Por otra parte, la administración, que podría exigir ese seguimiento como condición del contrato, o incluso sacar un recurso propio que pueda realizarlo, teniendo la capacidad de pedir los datos a las entidades, tampoco lo hace, porque el criterio que prima a la hora de adjudicar es el precio, no la calidad de la intervención ni su evaluación a largo plazo. El resultado es que la única “evidencia” que se genera con solidez es la que demuestra cuánto cuesta cada plaza, nunca la que demostraría si esa inversión dio sus frutos.
Lo que no se dice sobre La Florida
Por eso, el conflicto en La Florida se libra en el terreno de la gesticulación política. Vox exige cierres, mientras el PSOE apela a una solidaridad abstracta y el PP se pone de perfil. Ninguno pregunta lo crucial: ¿cuántas educadoras habrá por turno en el Paseo de la Florida? ¿qué ratios se van a exigir? ¿lo gestionará la administración directamente o se licitará al mejor postor?
Mientras no se ponga fin a la mercantilización de los servicios sociales para construir un modelo público, profesionalizado y con ratios y espacios humanos, seguiremos atrapados en el mismo bucle: barrios indignados por la falta de recursos, trabajadoras exhaustas y unos usuarios que son vistos más como objetos que como personas.
Cuando la lógica del beneficio manda, los servicios públicos se privatizan para alimentar a una oligarquía ávida de nuevos nichos de negocio, golpeando de lleno a la clase trabajadora. Es esa degradación la que prepara el terreno para que prendan las semillas del odio y la rabia, empujándonos hacia una España oscura donde la ley del talión acaba vendiéndose como la nueva normalidad.
Fuente: nortes.me
