Izquierda Unida impulsa una ley para prohibir las ‘listas negras’ en las empresas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha presentado este miércoles en Cádiz una proposición de ley registrada en el Congreso con el objetivo de erradicar las denominadas ‘listas negras’ elaboradas por empresas para vetar a trabajadores por su actividad sindical. La iniciativa, impulsada desde Andalucía, busca reforzar la protección de la libertad sindical y del derecho de huelga mediante modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Durante un encuentro con medios, Maíllo denunció que estas prácticas suponen una vulneración directa de derechos fundamentales y “van en contra de la democracia”. La propuesta recoge expresamente el derecho de cualquier trabajador a no sufrir represalias por su afiliación sindical o por el ejercicio legítimo de la huelga, prohibiendo de forma explícita la elaboración de registros empresariales con estos fines discriminatorios.
El dirigente de IU estuvo acompañado por representantes de la coalición Por Andalucía y trasladó su apoyo a dos trabajadores que permanecen desde hace dos semanas subidos a una grúa en las instalaciones de Navantia, en San Fernando. Los operarios denuncian que llevan años sin poder acceder a empleo en el sector auxiliar del metal tras haber sido incluidos en estas listas por su vinculación sindical.
Maíllo mantuvo previamente un encuentro con la Coordinadora de Trabajadores del Metal para conocer el caso y subrayó que la ley pretende dar respuesta no solo a situaciones concretas como esta, sino a una problemática extendida en sectores como la hostelería o la industria. “Nos solidarizamos con todos los trabajadores que están siendo señalados para no ser contratados”, afirmó.
La proposición de ley introduce además un endurecimiento del régimen sancionador. La persecución o represalia contra trabajadores por motivos sindicales pasaría a considerarse una infracción muy grave, equiparable, según explicó Maíllo, al impago de salarios. También se castigaría de forma expresa la creación de listas o archivos con datos de afiliación sindical destinados a discriminar en el acceso o promoción en el empleo.
El líder de IU defendió que esta reforma “pone blanco sobre negro” una serie de medidas necesarias para reforzar el marco democrático en el ámbito laboral, al tiempo que reivindicó el papel de su formación dentro del Gobierno de coalición para impulsar soluciones legislativas.
En paralelo, Maíllo reclamó la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Hacienda en el conflicto de Navantia, instando a revisar el modelo productivo de la empresa pública. Criticó la dependencia de subcontratas y abogó por recuperar plantillas propias que garanticen condiciones laborales dignas.
A su juicio, el debate abierto en torno a las ‘listas negras’ debe servir para abordar de forma más amplia la precarización en determinados sectores y avanzar hacia un modelo de trabajo “digno y de calidad”, especialmente en empresas públicas que, como Navantia, tienen un papel estratégico en la economía.