El Congreso tumbó el pasado 28 de abril —con 166 votos a favor, 5 abstenciones y los 177 del PP, Vox y Junts en contra— el Real Decreto Ley que permite la prórroga de los alquileres durante dos años y la limitación de la actualización de la renta del alquiler. La Constitución proclama que todas las personas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, lo que debiera permitir desarrollar esa libertad de la que tanto le gusta hablar a la derecha española. Sin casa no hay proyecto de vida, no hay joven que pueda emanciparse, ni planteamiento de futuro, ni trabajador que pueda decir que vive dignamente de su salario. Tanto es así que la vivienda ya se ha convertido, según el CIS, en la principal preocupación de las españolas.
Todo lo que no sea dar soluciones a las más de 9 millones de inquilinas que hay en España será un fracaso político con responsables muy claros: quienes se niegan a plantar cara a los especuladores y a los fondos buitre
España vive una emergencia habitacional que se debe abordar de inmediato, y sobre todo, radicalmente, desde la raíz, ni pidiendo favores a los caseros ni criminalizando a las inquilinas, sino dando garantías a la clase trabajadora. Todo lo que no sea dar soluciones a las más de 9 millones de inquilinas que hay en España será un fracaso político con responsables muy claros; quienes se niegan a plantar cara a los especuladores y a los fondos buitre, a quienes prefieren no quitar privilegios.
El decreto ley aprobado por el Gobierno, y que no fue convalidado por la mayoría del Congreso, es una medida fácil de entender. Estamos hablando de impedir que, durante dos años, miles de hogares sean arrojados al mercado salvaje sin regulación alguna. Estamos hablando de poner un límite del 2% a la actualización del alquiler, en un momento en el que los propietarios y los fondos han convertido este derecho en un negocio.
Estamos hablando de limitar al 2% la actualización del alquiler en un momento en el que los propietarios y los fondos han convertido este derecho en un negocio
PP, Vox y Junts han decidido colocarse al otro lado, del lado de quienes especulan con el derecho a la vivienda para enriquecerse, del lado de los rentistas y de los fondos buitre. Han votado en contra del decreto que pretendía proteger a las inquilinas e impedir más desahucios, más precariedad y que empeorasen aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora. 2,6 millones de personas van a verse afectadas, 2,6 millones de personas pueden quedarse en la calle por no poder hacer frente a su alquiler. La derecha española lleva años confundiendo vivienda con mercancía, para ellos cualquier derecho básico es un bien de mercado. Para el PP y Vox, el problema nunca parece ser que un fondo buitre compre bloques enteros, que se multipliquen el precio de los alquileres, que los barrios sean vaciados para ser convertidos en atracciones turísticas. Esa es su libertad, que el propietario más fuerte imponga sus condiciones y asfixie a la mayoría social. Junts, por su parte, debería explicar por qué una fuerza que dice defender a Cataluña se suma también a una votación que afecta a Barcelona y a tantos municipios expulsados por la gentrificación. El alquiler turístico está expulsándonos de nuestras casas, de nuestros barrios, está expulsándonos de las ciudades para convertirlas en lugares hostiles en las que solo el negocio está en el centro.
Los datos nos explican por qué era tan importante aprobar ese dique de contención: el precio de compra subió un 12,9% interanual en el último trimestre de 2025, según el INE, y el alquiler alcanzó en marzo los 15 euros por metro cuadrado, siendo este dato un máximo histórico. Además, en nuestro país, el número de propietarios, de personas que se pueden permitir comprar una casa, ha descendido un 22%, mientras el 61 % del mercado del alquiler está en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas. Los grandes tenedores cuadriplican su patrimonio inmobiliario y aumentan los desahucios.
Defender este decreto era defender darle una salida real y efectiva en este momento a la problemática de la vivienda porque no puede existir ciudadanía plena si el lugar donde se vive depende del mercado, del negocio de unos pocos y de su rentabilidad.
Intervenir para garantizar que la vivienda sea un derecho
La Ley de Vivienda abrió la puerta a declarar zonas de mercado residencial tensionado, que son imprescindibles para poder limitar los precios del alquiler allí donde la situación es insostenible, pero en la práctica muchas veces las comunidades autónomas se niegan a utilizar las herramientas disponibles. Por eso hace falta ir más allá y dar un papel real a los ayuntamientos. Son los municipios quienes conocen de primera mano qué barrios están siendo expulsados por los precios, dónde se dispara el alquiler turístico, qué zonas pierden vecinos y dónde la clase trabajadora ya no puede vivir. Si un ayuntamiento puede regular licencias turísticas o intervenir en la ordenación urbana, también debe poder impulsar la declaración de zonas tensionadas. El municipalismo es democracia concreta, barrio a barrio, frente a quienes quieren que la vivienda siga siendo un negocio sin control.
Frente a especuladores, fondos buitre y rentistas, el Estado debe intervenir para que la vivienda sea un derecho garantizado
El 28 de abril el Congreso votó algo más importante que una simple regulación temporal. Se vio de qué lado está la derecha en el Congreso, y en España: el lado de quien asfixia a la mayoría trabajadora para enriquecerse a aquellos que solo piden vivir con dignidad, con derecho a techo. Frente a especuladores, fondos buitre y rentistas, el Estado debe intervenir para que la vivienda sea un derecho garantizado.
Toca ahora estar atentos a los efectos jurídicos que va a tener la no convalidación, ya que no existe un precedente exactamente similar sobre el alcance de una prórroga dictada en un Decreto Ley que no es convalidado por el Congreso, abriéndose seguro una fase de litigiosidad en los tribunales, como ya han avanzado diferentes voces del rentismo organizado. Vamos a seguir dando esa lucha, con o sin el apoyo de la derecha. Porque para eso estamos en las instituciones, para hacer frente a quienes pretenden especular con los derechos de la clase trabajadora.
