El primer debate electoral de las elecciones andaluzas del 17 de mayo situó a Antonio Maíllo como una de las figuras más destacadas de la noche. En un encuentro marcado por los cruces de acusaciones, el candidato de Por Andalucía logró articular un discurso centrado en políticas sociales y en la crítica a la gestión del Gobierno autonómico. El debate, emitido por RTVE y con una duración de 90 minutos, reunió a Juan Manuel Moreno Bonilla, María Jesús Montero, Manuel Gavira y José Ignacio García.
Uno de los momentos más comentados del debate fue su respuesta a Moreno Bonilla, en la que reivindicó su trayectoria profesional fuera de la política. El intercambio evidenció su intención de contraponer su perfil ligado a la enseñanza pública con el del presidente andaluz (sin vida laboral aparente), en un tono firme que marcó parte del desarrollo del cara a cara.
En el bloque económico, Maíllo definió la situación de la vivienda como una “emergencia” y defendió medidas de intervención para garantizar el acceso, situando este asunto como una de sus prioridades. Además, cuestionó la gestión de los recursos públicos, señalando la falta de ejecución de partidas destinadas al empleo.
En materia de políticas sociales, insistió en la necesidad de reforzar la sanidad pública, denunciando las listas de espera y la gestión de los cribados de cáncer de mama. Sus intervenciones en este bloque estuvieron centradas en subrayar el impacto de estas cuestiones en la ciudadanía y en reclamar mayor transparencia.
Durante el minuto de oro, Maíllo llamó a “plantar cara” a la resignación y defendió un cambio político orientado a reducir la “angustia” social, cerrando su intervención con un mensaje dirigido a movilizar al electorado de izquierdas.
Por su parte, María Jesús Montero centró buena parte de sus intervenciones en la defensa de los servicios públicos y en la crítica a la gestión sanitaria del Gobierno andaluz. La candidata socialista insistió en que la sanidad atraviesa un momento de deterioro, al tiempo que reivindicó su etapa al frente de la Consejería, asegurando que el sistema funcionaba “correctamente”. También defendió el modelo de financiación impulsado desde el Ejecutivo central y planteó las elecciones como una disyuntiva entre reforzar derechos o avanzar hacia fórmulas de privatización.
En paralelo, José Ignacio García trató de diferenciarse dentro del espacio progresista con un discurso centrado en la necesidad de una “izquierda fresca”. Su intervención puso el foco en cuestiones sociales, especialmente en la vivienda y en la crisis de los cribados de cáncer de mama, que utilizó como símbolo de las carencias del sistema sanitario andaluz. García combinó las críticas al Ejecutivo autonómico con apelaciones a la movilización del electorado, subrayando las dificultades de su candidatura frente a fuerzas con mayor peso, pero reivindicando su papel como alternativa.
