Memoria democrática

Indignación de las víctimas de torturas por la suspensión judicial como Lugar de Memoria Democrática del edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

En una carta abierta, rechazan el auto del tribunal que respalda la posición de la Comunidad de Madrid: «lo hace cómplice de los intentos de blanqueo del franquismo».
Sede de la actual Presidencia de la Comunidad de Madrid, antigua Dirección General de Seguridad durante el franquismo donde tuvieron lugar torturas y malos tratos | Fuente: Dimo Dimov / CC BY 2.0
Sede de la actual Presidencia de la Comunidad de Madrid, antigua Dirección General de Seguridad durante el franquismo donde tuvieron lugar torturas y malos tratos | Fuente: Dimo Dimov / CC BY 2.0

Las víctimas de torturas y malos tratos de la policía franquista en el edificio que albergó la Dirección de Seguridad (DGS) durante el franquismo y que en la actualidad es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, han mostrado su estupor e indignación ante el auto de la Audiencia Nacional, que ha estimado el recurso de la Comunidad de Madrid, de suspender de manera cautelar la declaración del edificio como Lugar de Memoria Democrática.

Los firmantes de la carta, que encabeza la rúbrica del exdirigente y exdiputado de Izquierda Unida Willy Meyer, quien ha solicitado a su vez al Tribunal Constitucional (TC) que pare la suspensión cautelar que acordó la Audiencia Nacional (AN), tildan el recurso de la Comunidad de Madrid contra la la declaración de Lugar de Memoria Democrática del edificio de la antigua DGS, de reacción antidemocrática y negacionista, ocultando la historia y despreciando a las víctimas del franquismo. Que un tribunal respalde la posición de la Comunidad de Madrid lo hace cómplice —argumentan los firmantes de la carta— de los intentos de blanqueo del franquismo y de ir contra la legislación española en materia de memoria democrática y contra el derecho internacional en materia de derechos humanos, «una auto de este tribunal que daña la imagen de la justicia».

Las víctimas rechazan el argumento de que la declaración como Lugar de Memoria Democrática de lo que fue Dirección General de Seguridad (DGS), antigua Real Casa de Correos y actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, daña la imagen institucional de la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. «Muy al contrario —señalan— el reconocimiento de los crímenes políticos del pasado prestigiaría a esa institución en tanto que defensora de los derechos humanos y de la reparación de las víctimas del fascismo». «El recuerdo de las torturas padecidas —añaden— es inseparable del de nuestra lucha por la libertad y contra el fascismo, un recuerdo que no daña, sino que honra a nuestra sociedad y nuestra historia».

TEXTO DE LA CARTA CON LAS FIRMAS

Carta abierta de las personas torturadas en la antigua Dirección General de Seguridad a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

Las personas firmantes de esta carta, víctimas todas de torturas y malos tratos de la policía franquista en el edificio que fue Dirección General de Seguridad (DGS), antigua Real Casa de Correos y actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, ante el auto de esa Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 18 de mayo de 2026, suspendiendo de forma cautelar su declaración como Lugar de Memoria Democrática, estimando así el recurso de la Comunidad de Madrid, queremos manifestar nuestro estupor e indignación por esa decisión.

El recurso de la Comunidad de Madrid contra la declaración de Lugar de Memoria Democrática del edificio de la antigua DGS no fue sino una burda reacción negacionista y antidemocrática más en su línea permanente de ocultación de la historia de este país y región en el siglo XX, así como de desprecio hacia las víctimas del fascismo.

El respaldo de ese tribunal a esta posición le hace cómplice de su intento de blanqueo del franquismo aun a costa de convertir a todo un tribunal de justicia en propagador de tesis tan irracionales y absurdas como contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, además de contra nuestra propia legislación en materia de memoria democrática. Y viene a confirmar la idea de que hay un grave déficit de cultura democrática en el seno de la judicatura de este país. Además, el Tribunal convierte así a la antigua DGS en una excepción europea con relación a los edificios destinados a la persecución, torturas y asesinatos a la Resistencia por parte del nazi fascismo en los entonces países ocupados y en Alemania e Italia. Esos edificios se significaron y significan como lugares de memoria.

La memoria del franquismo y de la lucha por las libertades en la segunda mitad del pasado siglo no puede bajo ningún criterio mínimamente solvente dañar la imagen institucional de la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, puesto que, de entrada, el edificio en cuestión dejó de estar ocupado por la Dirección General de Seguridad a finales de los años 70, es decir, hace más de 45 años, cuando no solo no era propiedad de la Comunidad de Madrid, sino que ni siquiera se había creado esa institución. Muy al contrario, el reconocimiento de los crímenes políticos del pasado prestigiaría a esa institución en tanto que defensora de los derechos humanos y de la reparación de las víctimas del fascismo, mejorando, en suma, la imagen en esta materia de una Comunidad de Madrid necesitada sin duda de mucha mejora.

En particular, como víctimas directas de los abusos de la policía franquista durante más de 30 años en el interior de ese inmueble, debemos subrayar que la consideración de que nuestra memoria pueda dañar una imagen institucional constituye una ofensa colectiva gratuita e intolerable. El recuerdo de las torturas padecidas es inseparable del de nuestra lucha por la libertad y contra el fascismo, un recuerdo que no daña, sino que honra a nuestra sociedad y nuestra historia.

Con este auto ese Tribunal está sí dañando la imagen de una justicia capaz de un ejercicio tan indigno de irracionalidad y falta de sensibilidad democrática, además de un insulto directo a nosotros y nosotras como víctimas.

Willy Meyer Pleite, detenido y torturado en la DGS en enero de 1972

Luis Suárez-Carreño Lueje, detenido y torturado en la DGS en junio de 1970 y julio de 1973

Víctor Díaz Cardiel, detenido en 1956, 1965, 13 años de cárcel

Gorgonio Ferrero Montero, detenido en abril de 1972

Petra Fernández Ruíz, detenida en marzo de 1972

José Benito Batres, detenido en 1969 con 17 años, torturado, cuatro años de prisión en 1972

Begoña San José, detenida en 1973 y 1974

Nati Camacho García-Moreno, detenida en siete ocasiones

Enrique Arias Romera, detenido en 1969

María Dolores Moreno Camacho

Ulpiano Rodríguez Calvo, detenido en 1968, 1970, 1972 y 1975

José Francisco Serrano Caballero

Pedro Crisostomo Sebastián

Mariano Ortiz Batres

Pedro Oya Aguilar

Andrés Linares Capel

Estefanía Sánchez Diaz, detenida marzo 1969, torturada

Dulcenombre Caballero González

Ernesto Alajarin Fernández

Ángel Díaz-Cardiel González

Carmen Navarro Barcena

Estefanía Sánchez Díaz

Pedro Oya, detenido en 1969

Fernando Navarra Bárcena

Abel Roldán López, detenido en 1975

Manuel López Rubio

Victoriano Andrés Poveda, detenido en 1969

Jesús Rodríguez Barrio (marzo 1972, enero 1974, abril 1975)

Rosa Mª García Alcón (agosto 1975)

Julio Pacheco Yepes (agosto 1975)

Francisco Javier Maestro Bäcksbacka (1972, 1974 y 1978)

Carlos Serrano Suárez (dos veces en 1975)

Sacramento García-Rayo Moreno

Natividad García Álvarez

Jesús Marchante Collado

Inmaculada Pardo Acosta (1978 y 1980)

Rosa Pardo Acosta

Ángela Gutiérrez Suárez (1973, 1976)

Ana García Merino

Arturo Villar Villar (diciembre 1973)

Pablo Mayoral Rueda (julio 1975, noviembre 1978)

Mari Nieves Moral Montero (1973, julio 1975)

María Pilar Nogueras Fernández

Luis Felipe García-Calvo Rodríguez (detenido dos veces)

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