Hay momentos en los que las palabras dejan de servir si no van acompañadas de decisiones. La Unión Europea y sus Estados miembros conocen perfectamente esta realidad. Año tras año, los países europeos votan en Naciones Unidas contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Lo rechazan formalmente, cuestionan su aplicación extraterritorial y reconocen sus efectos sobre la vida del pueblo cubano. Pero después, cuando llega la hora de proteger de verdad a sus propias empresas, bancos, navieras o aseguradoras frente al chantaje estadounidense, demasiadas veces miran hacia otro lado.
La nueva ofensiva de la Administración Trump contra Cuba vuelve a colocar a Europa ante esa contradicción. Las órdenes ejecutivas del 29 de enero y del 1 de mayo no son un simple endurecimiento administrativo del bloqueo. Son un salto cualitativo en la guerra económica contra la isla. La primera apunta directamente al cerco energético, amenazando a terceros países y operadores que suministren petróleo a Cuba. La segunda amplía el régimen sancionador contra sectores esenciales de la economía cubana y contra entidades extranjeras que mantengan relaciones legítimas con el país.
El bloqueo a Cuba es genocida. Es castigo colectivo. Es asfixia planificada. Utiliza el hambre, la escasez y el apagón como instrumentos de dominación política.
Conviene decirlo con claridad: atacar el acceso de Cuba a la energía es parte de un bloqueo genocida. El combustible sostiene hospitales, transporte público, producción de alimentos, sistemas de agua, servicios básicos, refrigeración de medicamentos y actividad económica. Cortar o dificultar ese suministro significa golpear las condiciones materiales de vida de millones de personas. Es castigo colectivo. Es asfixia planificada. Es la utilización del hambre, la escasez y el apagón como instrumentos de dominación política.
El bloqueo contra Cuba busca quebrar la soberanía de un país. Durante más de seis décadas, Estados Unidos ha intentado imponer por la vía económica la subordinación de Cuba a sus intereses estratégicos. Y para ello no solo castiga a la isla, sino que pretende disciplinar al resto del mundo. Bancos europeos que bloquean operaciones, empresas que renuncian a contratos, navieras que evitan puertos, aseguradoras que se retiran preventivamente: esa es la extraterritorialidad real del bloqueo.
La pregunta, por tanto, no afecta solo a Cuba. Afecta también a Europa. ¿Puede aceptar la Unión Europea que Washington decida con quién comercian sus empresas? ¿Puede permitir que una legislación estadounidense determine qué relaciones económicas son posibles dentro del espacio europeo? ¿Puede hablar de autonomía estratégica mientras sus operadores actúan bajo miedo a represalias de una potencia extranjera?
El Reglamento de Bloqueo
La Unión Europea dispone de un instrumento jurídico específico para responder: el Reglamento de Bloqueo, el Reglamento 2271/96. Fue creado precisamente para proteger a los operadores europeos frente a los efectos extraterritoriales de sanciones adoptadas por terceros países. Pero un instrumento que no se aplica con firmeza se convierte en papel mojado. No basta con invocarlo. Hay que activarlo, actualizarlo si es necesario, proteger jurídicamente a quienes comercian legítimamente con Cuba e impedir que empresas europeas se sometan de forma preventiva al chantaje estadounidense.
No basta con que los Estados miembros de la Unión Europea voten año tras año en Naciones Unidas contra el bloqueo si, al mismo tiempo, la Unión tolera que sus efectos se desplieguen dentro de su propio espacio económico. Esa pasividad no es neutralidad. Es consentimiento práctico. Es aceptar que la soberanía jurídica europea quede subordinada a las decisiones unilaterales de Estados Unidos.
Cuba tiene derecho a comerciar, a recibir suministros energéticos, a acceder a financiación internacional y a desarrollar sus relaciones económicas sin coerción externa. Y Europa tiene la obligación de defender su propio ordenamiento jurídico frente a la extraterritorialidad estadounidense. Si no lo hace, no solo abandona a Cuba ante una agresión criminal: renuncia también a su propia soberanía.
El bloqueo es criminal por sus efectos, ilegítimo por sus objetivos y extraterritorial por sus mecanismos. Castiga a un pueblo entero para intentar doblegarlo. Frente a ello, las declaraciones ya no bastan. La solidaridad con Cuba y la defensa del derecho internacional exigen medidas concretas. Y esta vez Europa debe elegir entre actuar o seguir siendo cómplice por omisión.
