El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha marcado la estrategia política de la organización para el próximo ciclo político con una apuesta por la defensa de la democracia, la ampliación de los derechos sociales y el fortalecimiento de los frentes amplios de izquierdas frente al avance de la derecha y la extrema derecha. Durante la presentación de su Informe Político ante la Coordinadora Federal de IU, el dirigente advirtió de la existencia de una «amenaza autoritaria» representada por el Partido Popular y Vox, a quienes acusó de actuar como un bloque político indistinguible.
Maíllo sostuvo que la prioridad de IU pasa por profundizar en la democratización del Estado, consolidar las conquistas sociales alcanzadas durante la legislatura y reforzar la presencia de la organización en los conflictos sociales y laborales. En ese sentido, defendió adaptar tanto la estructura organizativa como la comunicación política de IU para afrontar un contexto marcado por el auge de la derecha reaccionaria.
El dirigente federal alertó de que la estrategia conjunta del PP y Vox ya se está materializando en distintos gobiernos autonómicos. Citó los casos de Aragón, Extremadura, Castilla y León y, especialmente, Andalucía, donde Juan Manuel Moreno Bonilla revalidó la Presidencia de la Junta gracias a un acuerdo con Vox.
Maíllo calificó la investidura del presidente andaluz de «impostura», al considerar que las medidas pactadas entre ambas formaciones ya estaban cerradas antes del debate parlamentario. Desde su punto de vista, el acuerdo evidencia la plena integración de la extrema derecha en los gobiernos del Partido Popular y supone una derrota política para Moreno Bonilla, al que definió como «un peón más» de la estrategia diseñada por la dirección nacional del PP.
Frente a este escenario, el coordinador federal anunció que IU impulsará una etapa de mayor movilización social y política. «Vamos a la movilización», afirmó, defendiendo la creación de amplios frentes sociales para frenar los recortes de derechos y evitar retrocesos en las comunidades gobernadas por la derecha y la extrema derecha.
Durante su intervención insistió en que el momento político trasciende la confrontación entre proyectos ideológicos tradicionales. A su juicio, España afronta una ofensiva que pretende importar las políticas de la extrema derecha internacional, por lo que apeló a construir una respuesta democrática basada en la defensa de las libertades públicas y de los derechos civiles.
Como ejemplo de esa deriva, Maíllo denunció las campañas impulsadas por la derecha sobre supuestos fraudes electorales vinculados a la regularización extraordinaria de personas migrantes y a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Acusó al Partido Popular de asumir el marco discursivo de la extrema derecha, pese a que anteriormente había respaldado iniciativas destinadas a recuperar la nacionalidad de descendientes del exilio provocado por el franquismo.
El dirigente de IU contrapuso esa estrategia con los avances impulsados durante la legislatura desde el Gobierno de coalición, entre ellos la eliminación de delitos que restringían la libertad de expresión, el desbloqueo de la ley de nacionalidad para la población saharaui y la regulación de los entornos digitales. No obstante, subrayó que siguen existiendo compromisos pendientes, especialmente la derogación de los aspectos más restrictivos de la denominada «ley mordaza» aprobada por el PP.
Maíllo defendió que la recuperación plena del derecho a la protesta y a la manifestación debe convertirse en una prioridad antes del final de la legislatura. Según afirmó, en las próximas elecciones generales estarán en juego no solo políticas sociales, sino también derechos civiles y democráticos fundamentales.
En materia de corrupción, el coordinador federal reivindicó la trayectoria de IU en la denuncia de cualquier práctica corrupta, independientemente de su origen político. Al mismo tiempo, diferenció entre los casos de corrupción acreditados judicialmente y lo que considera campañas de desgaste contra instituciones del Estado y responsables públicos.
Respecto a la reciente sentencia del denominado ‘caso Mascarillas’, criticó que la resolución condene a los exdirigentes socialistas José Luis Ábalos y Koldo García, pero deje sin responsabilidad penal efectiva al empresario Víctor de Aldama, al que acusó de beneficiarse económicamente de la trama sin afrontar consecuencias proporcionales.
Pese a ello, Maíllo reclamó también mayores explicaciones al PSOE por los casos de corrupción que afectan a antiguos cargos socialistas. Consideró «absolutamente decepcionante» la última comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, al entender que careció de autocrítica y no concretó la aplicación de las medidas anticorrupción comprometidas.
El líder de IU concluyó defendiendo que la única salida política pasa por combinar una actuación firme contra corruptos y corruptores con el cumplimiento íntegro del programa de gobierno y la continuidad de las reformas sociales, con el objetivo de proteger las condiciones de vida de la mayoría social frente al avance de la derecha y la extrema derecha.
