La reciente y desproporcionada actuación de la Ertzaintza en el Aeropuerto de Bilbao en un operativo sin sentido alguno con motivo de la llegada de varios activistas de la Global Sumud Flotilla que regresaban a casa tras su encomiable participación en unos actos de solidaridad con el pueblo Palestino ante el genocidio que está cometiendo Israel, ha generado un gran impacto mediático en Euskadi, más allá de Euskadi e incluso en el ámbito internacional.
Impacto mediático e indignación social por dos razones. Primero por la evidencia de la desproporción y abuso policial a través de las imágenes y grabaciones difundidas: ver agentes aporreando a personas inmovilizadas en el suelo es una imagen que no deja lugar a dudas. Y segundo, porque nadie entiende la necesidad de garantizar una seguridad —ni personal ni de bienes públicos o privados— que no estaba ni estuvo nunca en cuestión. Ni tan siquiera estamos ante un dispositivo con motivo de una manifestación o de otro tipo de evento del que las autoridades pudieran deducir la posibilidad de cierto riesgo para la gente, o para la infraestructura pública que es el aeropuerto. Se trataba de un recibimiento de un reducido número de personas —no más de treinta— a unos activistas que van a bajar de un avión.
Las imágenes que todos pudimos ver, y los testimonios de quienes allí estaban, han puesto en cuestión la actuación de la Ertzaintza y, con ella, la credibilidad del propio Gobierno Vasco en materia de derechos humanos. Sobre todo después de las explicaciones dadas por el propio consejero de Seguridad, del PNV. Pedimos su comparecencia en el Parlamento Vasco ese mismo fin de semana y, a pesar de reconocer lo indeseable de lo sucedido, se esmeró en justificarlo en función de un supuesto contexto de clima antipolicial.
Desgraciadamente esa imagen se repite más veces de lo deseable desde luego, pero también de lo aceptable. En los últimos años hemos visto repetidas actuaciones policiales en distintas protestas que han generado la sensación de un patrón de intervención desproporcionada y que indican que lo sucedido en el aeropuerto de Loiu durante la recepción a la Global Sumud Flotilla no es un hecho aislado. Cuando un episodio se presenta como una excepción, puede parecer un error puntual. Pero cuando los hechos se repiten en distintos contextos y momentos, ya no hablamos de errores: hablamos de un modelo de actuación.
Un modelo policial que, en los últimos años, se percibe cada vez más como reactivo, sobredimensionado y basado en el control más que en la gestión democrática de los conflictos sociales. No es casualidad: refleja un patrón estructural que prioriza la fuerza sobre la prevención y la protección de derechos, normaliza el uso preventivo de la fuerza y limita la transparencia y el control democrático de las intervenciones.
Lo hemos visto en julio de 2025, cuando la Ertzaintza intervino de madrugada en un recinto festivo abarrotado en Azpeitia por una pintada con bolígrafo, provocando altercados graves. Ese mismo mes, en Vitoria-Gasteiz, se cargó contra una acampada pacífica en la Plaza de la Virgen Blanca, afectando a personas de todas las edades. En cuanto a intervenciones con consecuencias físicas graves, en abril de 2025 un joven sufrió la amputación de un testículo durante un operativo controvertido. En marzo de 2024, en Anoeta, una aficionada de la Real Sociedad fue agredida tras recibir un proyectil de foam. Y durante los carnavales de Tolosa en febrero de 2024, un joven sufrió graves lesiones en un ojo por material antidisturbios.
El patrón es claro: despliegues intensos en protestas pacíficas, uso preventivo de la fuerza, identificaciones masivas y casi ninguna evaluación pública de lo que pasa después
Y estos hechos se suman a otras protestas pacíficas: movilizaciones estudiantiles por la educación pública, manifestaciones feministas en Bilbao y Donostia, protestas ecologistas y por la vivienda, y concentraciones de apoyo a personas migrantes, donde hubo identificaciones masivas y despliegues desproporcionados. También los episodios de octubre de 2025 con la Falange, donde acabó cargándose contra personas que protestaban pacíficamente contra el fascismo, y los recientes incidentes en torno a aficionados del Alavés en Mendizorroza, ampliamente cuestionados por su proporcionalidad.
El patrón es claro: despliegues intensos en protestas pacíficas, uso preventivo de la fuerza, identificaciones masivas y casi ninguna evaluación pública de lo que pasa después. Y aunque no debemos hacer demagogia ni utilizar hipérboles innecesarias, sobre todo quienes militamos en un Partido cuyos militantes más veteranos han sufrido en sus carnes lo que es una política y fuerzas de “seguridad” brutalmente represivas y antidemocráticas, como la policía franquista, sí debemos denunciar la normalización de las actuaciones policiales desproporcionadas y discrecionales que se repiten con demasiada frecuencia, y que lo hacen además en ámbitos siempre similares; no hemos visto nunca actuaciones de este tipo cuando se manifiesta la derecha, que lo hace.
Pero lo sustancial está en los responsables políticos, puesto que este tipo de actuaciones no se podrían llevar a cabo de manera reiterada si los responsables políticos no las permitiesen, amparasen o justificasen. Cuando el consejero vasco de Seguridad comparece en el Parlamento y dedica el grueso de su intervención básicamente a intentar responsabilizar a un supuesto clima antipolicial en las redes sociales, o incluso a recuperar el comodín de ETA —organización afortunadamente desaparecida hace más de una década—, está amparando la actuación y lanzando un mensaje de impunidad a aquellos agentes y mandos policiales que luego ejecutan los dispositivos.
Cuando pedimos la dimisión del consejero, no lo hacemos tanto por la actuación policial de aquel día en sí, sino por la justificación que de esa actuación hace él como responsable político eludiendo admitir responsabilidades, redirigiéndolas a otros y, sobre todo, lanzando un mensaje claro de que “aquí no pasa nada”.
