Aunque la corrupción nunca ha salido de la agenda política de nuestro país, los últimos casos denunciados y las decisiones judiciales más recientes han vuelto a poner en el centro de la opinión pública un problema en el que cada vez es más difícil identificar diferencias entre corruptos, corruptores, colaboradores, cabezas de turco o víctimas de acoso judicial.
Partimos de la base de que la corrupción no es una sucesión de manzanas podridas, sino que es una práctica estructural al capitalismo, que daña la confianza democrática y desmoviliza sobre todo a una base social progresista que espera más contundencia y altura moral de sus representantes. No hay excusa para no combatir las prácticas corruptas y corruptoras, vengan de donde vengan, y asumir las responsabilidades con transparencia y medidas estructurales.
La corrupción no se explica solo por la conducta de quien se corrompe. También por quien corrompe, por los intereses que compran influencia, por las empresas que buscan regulación a medida, por las redes que conectan adjudicaciones, puertas giratorias, financiación, favores y silencios. Durante demasiado tiempo se ha mostrado una sola cara de la moneda, la del cargo que acepta una comisión o usa su posición en beneficio propio. La otra cara, la de los corruptores, suele quedar en un segundo plano. No es aceptable que se tenga puño de hierro con los corruptos y guante de seda con los corruptores. Este mensaje hipócrita, en términos democráticos, resulta inaceptable.
Sería ingenuo no ver que paralelamente existe una operación permanente de poderes económicos, mediáticos y judiciales reaccionarios para convertir cada caso en una palanca de restauración conservadora. El bloque reaccionario, con engrasadas conexiones internacionales, pretende utilizar la corrupción como coartada para tumbar gobiernos progresistas mientras defiende políticas de desregulación que debilitan los controles públicos y abren más espacios a la impunidad de los corruptos y los corruptores.
La izquierda no puede caer en la trampa de elegir entre mirar hacia otro lado o entregar el marco político a sus adversarios. Su respuesta no puede ser defensiva. La lucha contra la corrupción forma parte de la lucha por los derechos sociales. Allí donde se privatiza y se debilitan los servicios públicos, crecen las zonas grises del negocio privado. Una política democrática contra la corrupción no puede limitarse a proclamar códigos éticos, sino que necesita instrumentos efectivos para impedir que el poder económico capture las instituciones. Instrumentos que garanticen transparencia a la hora de regular los grupos de interés o conocer qué reuniones se producen, qué documentos se entregan y qué intereses intervienen en cada proceso legislativo. Que la ciudadanía sepa quién intenta influir en las decisiones que afectan a sus salarios, sus viviendas, sus servicios públicos o sus derechos es parte del ejercicio de la soberanía popular.
La misma lógica debe aplicarse a las puertas giratorias y al control de los ex altos cargos. No se trata de negar el conocimiento técnico ni de criminalizar toda relación entre sociedad civil e instituciones. Se trata de impedir que quien ayer regulaba un sector, mañana ponga ese conocimiento público al servicio del beneficio privado, así como de evitar que grandes empresas, consultoras o despachos especializados tengan una capacidad de incidencia que las organizaciones populares, sindicales y vecinales nunca podrían igualar. Pero nada de esto exime a los partidos de sus responsabilidades. Si en una organización política existen prácticas de financiación irregular, enriquecimiento personal, bloqueo de investigaciones o utilización privada del poder público, la respuesta no puede ser esperar a que hablen solo los tribunales. La justicia debe hacer su trabajo, con todas las garantías, pero la política tiene la obligación de investigar y poner los hechos en conocimiento de la justicia cuando corresponda.
En este empeño, la izquierda transformadora debe ser especialmente exigente, porque entiende las instituciones como un frente de lucha para mejorar la vida de la clase trabajadora, frenar a la extrema derecha y ampliar derechos. Estar en las instituciones no significa acomodarse a sus inercias, sino someterlas a control democrático.
