Desde poco después de su fundación, Izquierda Unida se ha caracterizado por ser una organización involucrada en el ámbito de la justicia y en el impulso de acciones judiciales que, tanto en el ámbito de los derechos humanos como de la corrupción, han supuesto éxitos notables con incidencia real en la vida política del país, incluso más allá de nuestras fronteras.
Así como la participación activa de IU en procesos como los iniciados contra las dictaduras chilena y argentina fue fundamental en la persecución de crímenes de lesa humanidad y la protección penal de los derechos humanos, la intervención judicial de IU en la lucha contra la corrupción en el ámbito estatal y los territoriales ha sido fundamental en diversos procesos, y cuya mayor concreción ha sido la Querella Bárcenas.
La Querella Bárcenas fue un ejemplo de trabajo colectivo en la persecución de la corrupción y los corruptores, llegando a sentar en el banquillo de los imputados a decenas de empresarios de este país bajo la acusación de haber financiado al PP a cambio del reparto del pastel de la obra pública. Aunque la justicia impidió que estos empresarios fueran condenados, sobre todo alegando cuestiones relativas a la prescripción de los delitos, no se debe olvidar que M. Rajoy tuvo que sufrir en junio de 2018 la primera moción de censura que ha salido adelante en la historia democrática de nuestro país, moción de censura que tuvo su causa en la sentencia de la Audiencia Nacional en la pieza Época I de Gürtel, luego confirmada por el Tribunal Supremo, y en la que se daba plena credibilidad a la contabilidad B elaborada por Luis Bárcenas y que de forma tangencial afectaba al tentáculo corrupto de Gürtel. Un mensaje claro enviado desde el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular: la corrupción no puede salir gratis, menos aún si es sistémica, mensaje que también debe recordar el PSOE dadas las causas de corrupción que le atenazan.
IU también ejerció la acusación en el caso “ordenadores de Bárcenas”, primer caso en España en el que un partido político fue imputado y llevado a juicio como persona jurídica gracias al trabajo de las acusaciones y la oposición de la fiscalía. Pese a no obtener una sentencia condenatoria, debido a las dificultades de probar la acusación tras los martillazos sobre el disco duro, el caso sirvió para poner de relieve la obligación de los partidos políticos de respetar el ordenamiento penal. Y como corolario de este trabajo en los tribunales vinculado a los papeles de Bárcenas, actualmente IU se encuentra personado en el caso Montoro, trama corrupta comandada por el ex ministro de Hacienda, que se dedicaba a cambiar leyes al dictado de las empresas o a arreglar informes tributarios para tratar de favorecer al PP en las causas que se investigan contra ese partido.
Desde luego, no podemos dejar de mencionar las acciones judiciales llevadas a cabo por IU y PCE para denunciar las corruptelas del anterior Jefe del Estado, Juan Carlos I de Borbón, sobre el que pesaban sólidas pruebas e indicios de perpetración de delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros delitos fiscales que le situaban como claro comisionista internacional, y de los que solo la alegada interpretación del concepto constitucional de inviolabilidad le salvó de una verdadera investigación y más que presumible condena. Resulta grotesco que, por contra, el antiguo alcalde de IU de Puerto Real, Juan Antonio Barroso, por llamar corrupto y crápula al monarca, fuese condenado por un delito de injurias a la corona, que esperamos en breve sea derogado.
IU cuanta igualmente con amplia experiencia ejerciendo la acusación en el ámbito autonómico en casos como Taula, Enredadera, Malaya, Calatrava, Umbra, Pokemon y decenas de procesos y denuncias en municipios como el de Seseña contra el Pocero. o ejerciendo igualmente la acusación popular en la Audiencia Nacional en los casos Lezo, y Púnica, tramas corruptas vinculadas al PP-
Estas causas son muestra del trabajo que ha venido realizando IU en los tribunales, con gran reconocimiento social y que, por otra parte, se ha extendido al asesoramiento y apoyo en las acciones contra la corrupción que se han dado en nuestro país y en la elaboración legislativa de medidas contra la corrupción. En el momento presente, no cabe duda de que los juristas de izquierdas debemos centrar también nuestro trabajo en combatir la corrupción, lacra que genera un inmenso daño al erario público y a los intereses generales.
