La corrupción es ante todo un problema ético y de convivencia. Quebranta las bases morales y normativas de la sociedad y lo hace desde las instancias que lideran y deberían dar ejemplo al resto de la ciudadanía.
Pero se suele olvidar algo fundamental y no es casual. No es una lacra social. Eso supondría catalogar la corrupción como un vicio, un mal funcionamiento de la sociedad. Hay que ir más allá en el análisis.
Aunque no se trata de algo exclusivo del capitalismo, es consustancial al sistema en el que vivimos. Es decir, estamos ante situaciones que son propias, inherentes e inseparables de la naturaleza del sistema capitalista. No se entiende el capitalismo sin corrupción.
Detengámonos sobre este punto porque, aunque continuamente escuchemos en los medios de comunicación de masas que la corrupción y la baja calidad institucional desincentivan el emprendimiento, la innovación, la competencia y el esfuerzo y que el impacto sobre estos factores se traduce en menor productividad, mayor desempleo y remuneraciones inferiores a los que serían posibles con la tecnología y el capital disponibles, hay algo que no cuadra. Y es que, si hay algo que aborrece el empresariado es precisamente que exista esa competencia. Quieren ganar, no competir. Es la propia esencia del capitalismo la que estimula la concertación, el acuerdo “bajo cuerda”, la regulación favorable a una de las partes o la concesión o asignación graciosa a favor de quien tiene más poder o más dinero para influir en la decisión de una licitación de un contrato público.
Precisamente por eso, cuando se habla de la corrupción solo se nos muestra una de las caras de la moneda, la de quienes favorecen la concesión de una obra o un servicio a cambio de mordidas para enriquecerse. Y queda convenientemente oculta la otra, la de los corruptores que alimentan las cuentas corrientes de esos que se corrompen y que lo hacen para acumular ganancias estratosféricas muy superiores al dinero que reciben los primeros.
Por eso hay que señalar a los corruptores, a “los grandes olvidados”.
Juan Miguel Villar Mir, Rafael Del Pino, José Manuel Entrecanales, Florentino Pérez, Luis del Rivero, Esther Koplowitz, Alfonso García Pozuelo, José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras o Francisco González ocupan lugares de privilegio en nuestro escalafón social al mismo tiempo que son esenciales a la hora de lubricar los engranajes de las tramas corruptas desde Gurtel a Púnica, pasando por Lezo, Montoro, 3% en Catalunya, Aquamed, Brugal, Imelsa o el caso de las eólicas por solo poner algunos ejemplos.
Ninguno de ellos ha pisado la cárcel, la inmensa mayoría ni siquiera han sido imputados en las causas judiciales y tampoco sus empresas han visto limitada o prohibida su capacidad de contratar con las administraciones públicas. Y así nos va.
Son todos los que están, pero no están todos los que son. Porque en cada uno de los escándalos que normalmente son conocidos por el nombre de las personas “que se han corrompido” hay corruptores que pasan desapercibidos y pasan inmaculados al otro lado de la charca.
Os invitamos a mirar la otra cara de la moneda.
- Juan Manuel Villar Mir (OHL). Según el informe de la UDEF, fue Obrascon Huarte Laín (OHL), quien más se benefició de las adjudicaciones vinculadas a la caja B del PP que controlaba Bárcenas. Se adjudicó entre 2002 y 2009 un total de 619 obras públicas por valor de 7.758 millones de euros, de los cuales 4.653 millones (un total de 215 contratos) fueron adjudicados por administraciones del PP. Así, la constructora obtuvo el 34,73% de sus contratos y el 60% de su volumen de negocio. Por azar del destino, el informe señala como su presidente, Juan Miguel Villar Mir, era también de los que más donaciones realizaba al partido.
- Rafael del Pino (Ferrovial). Ferrovial pagó más de 10 millones de comisiones a cambio de obra pública en Cataluña. Los tribunales absolvieron a los dos directivos del grupo que preside Rafael del Pino, aunque en la sentencia aclaraba que se debía a la prescripción de los hechos. En la obra de Madrid Calle 30, Ferrovial y Acciona contrataron la fabricación de la tuneladora que construyó la infraestructura dos meses antes de que resultaran adjudicatarias y se benefició junto con ACS de un modelo de gestión a través de una empresa mixta totalmente lesivo que ha supuesto para la ciudad 1.380 millones de euros de sobrecoste hasta el final del contrato.
- Florentino Pérez (ACS). Compañía también investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dentro del análisis de grandes firmas por posibles irregularidades en licitaciones y adjudicaciones regionales. El sumario del caso Lezo expone cómo estas constructoras y otras empresas de servicios influyeron presuntamente en los procesos de concesión de infraestructura. También en el sumario del caso 3% revela que ACS utilizó su Fundación sin ánimo de lucro para pagar sobornos. Entregó 60.000€ al tesorero de CDC para llevarse un contrato para la recogida de basuras en Olot. Las obras de la red ferroviaria promovidas por Adif encuentran varios casos con sobrecostes ligados a la corrupción y el pago de comisiones. El más destacado es el de La Sagrera, en Cataluña. En este proceso hay al menos ocho constructoras implicadas: ACS, Acciona, Comsa, Rubau, Copisa, FCC y Ferrovial. También Isolux figura en otra causa abierta por las obras del nudo de la Trinidad y la futura estación de La Sagrera. Otro caso destacado es el del fraude por las obras de la línea de alta velocidad entre Crevillente y Murcia y por el que han sido procesadas, por varios delitos, Sacyr, Acciona, ACS, Grupo Sanjose, Villegas y Hormigones Martínez. ACS también está implicada hasta arriba en el saqueo de Madrid Calle 30.
- Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso). Sacyr Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos públicos por 4.786,84 millones de euros de los cuales 117, por un importe de 1.064,70 millones, correspondían a administraciones del partido de Mariano Rajoy, lo que representa el 31,03% de sus contratos y el 22,2% de su volumen de negocio. Su presidente, Luis del Rivero es otro donante habitual de Génova.
- José Manuel Entrecanales (Acciona). Ferrovial y Acciona contrataron la fabricación de la tuneladora de M30 dos meses antes de que resultaran adjudicatarias. En el caso Plaza Acciona, admite el delito. La compañía que preside José Manuel Entrecanales, dentro de una UTE (unión temporal de empresas), admitió el pago de 60 millones de euros por el saqueo a la empresa pública aragonesa Plaza, el desfalco se cuantificó en 147 millones. El proceso judicial fue aplazado a la espera de acuerdos.
- Esther Alcocer Koplowitz (FCC). Las administraciones del PP le adjudicaron entre 2002 y 2012 un total de 587 obras por un importe de 4.133 millones de euros. Su máximo ejecutivo, José Mayor Oreja era otro de los que llevaba dinero al despacho del tesorero del PP.
- Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica). Su empresa recibió entre 2001 y 2011 un total de 1.126 millones de euros en contratos públicos, de los cuales 525 millones de euros fueron adjudicados por cargos del PP. Casualmente era donante de la caja B del PP que gestionaba Bárcenas. No se ha establecido relación entre una cosa y otra. Mala suerte.
- José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando). El Grupo Empresarial Sando, por su parte, recibió entre 2002 y 2012 un total de 222 contratos públicos por 1.940,39 millones de euros, de los que 51 fueron adjudicados por gobiernos del PP, con un montante de 264,82 millones de euros. Su máximo responsable, José Luis Sánchez, habría aportado 1,25 millones de euros en donaciones.
- Manuel Contreras Caro (Azvi). Azvi, por su parte, recibió entre 2002 y 2011 un total de 802 contratos con un volumen de adjudicación de 2.193,66 millones de euros, de los cuales 21 por un montante de 343 millones de euros correspondían a gobiernos del PP. Sus responsables, los hermanos Manuel y Guillermo Contreras Ramos, eran también muy generosos con la caja B del PP.
- Francisco González (BBVA). Se le acusa de un delito continuado de cohecho activo y 48 delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Autorizó los pagos ilegales realizados por el banco a las empresas del excomisario José Manuel Villarejo (grupo Cenyt) entre los años 2004 y 2016 con espionaje masivo e ilegal que incluyeron el rastreo de llamadas telefónicas, seguimientos, y la averiguación de patrimonio de empresarios, periodistas y políticos, así como de directivos de la propia entidad.
