La batalla política por el decreto de vivienda entra en su fase decisiva con una parte importante de las reivindicaciones del movimiento de inquilinas incorporadas al texto aprobado por el Gobierno, pero con una de las principales demandas fuera del acuerdo que previsiblemente podrá reunir una mayoría parlamentaria. El PNV ha anunciado este jueves que apoyará el real decreto que contiene la mayor parte de las medidas de vivienda, aunque votará en contra del segundo texto, el que incorpora la renovación automática de los contratos de alquiler.
La decisión de los nacionalistas vascos deja en una situación especialmente delicada una de las principales reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas: que una persona que cumple con sus obligaciones pueda continuar en su vivienda una vez terminado el contrato sin quedar sometida a la decisión unilateral del propietario.
El Gobierno aprobó el martes dos reales decretos separados después de una intensa negociación entre el PSOE y Sumar y tras varios días de movilizaciones en Madrid y otras ciudades. El primero, ya publicado en el BOE, incorpora medidas de protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, limitaciones extraordinarias a las subidas de renta y otras actuaciones destinadas a ampliar la vivienda asequible.
El segundo modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos para establecer un sistema de renovación automática de los contratos de vivienda habitual en determinados supuestos. Es precisamente este texto el que el PNV ha decidido rechazar.
El movimiento que puso el decreto sobre la mesa
La separación de las medidas en dos decretos es el resultado de una semana de presión política y social en torno al caso de Maricarmen. El desahucio de la mujer de 87 años desencadenó una movilización que desembocó en la acampada de la Puerta del Sol, con cientos de personas permaneciendo durante varios días en la plaza, y en concentraciones convocadas en diferentes ciudades.
El Sindicato de Inquilinas convirtió desde el primer momento el caso en una reivindicación de alcance general: «que no haya ni una Maricarmen más». Su propuesta de ‘decreto Maricarmen’ establecía cuatro ejes: renovación automática de los contratos, reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para combatir los abusos, congelación de las rentas durante la vigencia del contrato y medidas efectivas para impedir desahucios sin alternativa habitacional.
La organización ha insistido durante toda la negociación en que no bastaba con una respuesta puntual al caso de Maricarmen. El objetivo era aprovechar la crisis política y social generada por el desahucio para introducir cambios estructurales en la relación entre propietarios e inquilinos.
La presión encontró además un respaldo explícito dentro del propio Gobierno. Sumar llegó a advertir que no aceptaría un decreto «descafeinado» y que se plantaría si el texto no incorporaba las principales reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas.
El acuerdo alcanzado con el PSOE permitió finalmente llevar al Consejo de Ministros dos textos diferenciados. Pero la división también ha hecho posible que los grupos parlamentarios se pronuncien por separado sobre las distintas medidas.
Lo que sí entra en el primer decreto
El real decreto que el PNV ha anunciado que apoyará contiene una parte sustancial de las medidas reclamadas por el movimiento de vivienda, aunque con un alcance más limitado que el planteado inicialmente por el Sindicato de Inquilinas.
Entre ellas figura una ampliación de las medidas de protección frente a los desahucios para determinados hogares vulnerables. También se regulan los alquileres de temporada y por habitaciones, una de las vías que las organizaciones de inquilinos llevan tiempo denunciando por su utilización para sortear las garantías del alquiler habitual.
El texto establece que un alquiler temporal tendrá que responder a una causa expresa y acreditada de temporalidad. Cuando no exista esa causa, el contrato podrá ser considerado de vivienda habitual. También limita el precio conjunto de los alquileres por habitaciones para impedir que la suma de las rentas supere la correspondiente al alquiler de la vivienda completa.
La norma incluye asimismo una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos que finalicen antes de diciembre de 2028, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Y establece una limitación extraordinaria de las actualizaciones de renta hasta finales de 2027: cuando el alquiler supere el límite máximo del índice de referencia no podrá aplicarse incremento y, en otros casos, la subida quedará limitada al 2 % en ausencia de un nuevo pacto entre las partes.
Son medidas que el Gobierno presenta como una respuesta inmediata a la emergencia habitacional, pero que no equivalen a la reivindicación central de los contratos indefinidos que defendía el Sindicato.
El punto que separa al PNV
El PNV ha hecho explícita este jueves esa diferencia. La formación vasca dará un «apoyo crítico» al primer decreto porque considera que protege a personas vulnerables y contiene mejoras para los pequeños propietarios, pero rechaza el segundo por entender que la renovación automática perjudicaría precisamente a estos últimos.
Los nacionalistas vascos califican el conjunto de la reforma de «parche puntual con muchas carencias» y cuestionan que el Gobierno pretenda resolver mediante legislación urgente un problema que consideran estructural. Al mismo tiempo, sostienen que una renovación automática de los contratos supondría un «ataque» al pequeño propietario y podría retraer la oferta de alquiler.
Su posición parte además de una consideración específica sobre el mercado vasco: el PNV afirma que más del 90 % del alquiler en Euskadi está en manos de pequeños propietarios y defiende que la responsabilidad de garantizar una alternativa habitacional a las personas vulnerables debe corresponder a las administraciones públicas y no recaer sobre particulares.
Con este rechazo, la convalidación del segundo decreto queda especialmente comprometida. El texto de la renovación automática, que afecta directamente a una de las principales exigencias del Sindicato de Inquilinas, necesita ahora encontrar apoyos adicionales para superar el trámite parlamentario.
El Gobierno, entre las exigencias de la calle y la aritmética parlamentaria
La situación resume el problema al que se ha enfrentado el Ejecutivo durante toda la negociación. Por un lado, la presión del movimiento de vivienda y de Sumar ha empujado hacia una reforma más ambiciosa. Por otro, el Gobierno necesita construir una mayoría parlamentaria suficiente para mantener en vigor los reales decretos.
El Sindicato de Inquilinas ha defendido durante estos días que el PSOE debía elegir entre asumir sus reivindicaciones o aprobar una norma insuficiente. La acampada de Sol y las movilizaciones en distintas ciudades han funcionado como mecanismo de presión para intentar ampliar el contenido del decreto.
Sumar llegó a plantear públicamente que no apoyaría un texto que no incluyera íntegramente las medidas que venía reclamando el movimiento de inquilinas.
El resultado final incorpora parte de esas demandas, pero la cuestión de los contratos renovables queda ahora separada del resto y sometida a una votación en la que el PNV ya ha anunciado su negativa.
Esto convierte al decreto de vivienda en dos batallas parlamentarias distintas. La primera, con medidas de protección frente a los desahucios, regulación de modalidades de alquiler y limitación de determinadas subidas de renta, cuenta con el respaldo anunciado del PNV. La segunda, centrada en la renovación automática de los contratos, afronta una mayoría mucho más incierta.
De la acampada al Congreso
La evolución de los últimos días muestra así cómo una movilización nacida alrededor de un caso concreto ha terminado condicionando la agenda legislativa del Gobierno. Las acampadas de Sol y otras ciudades continúa como expresión más visible de esa presión, mientras el Sindicato de Inquilinas mantiene su exigencia de que la respuesta política vaya más allá de medidas temporales.
La organización había situado los contratos indefinidos como una de sus líneas rojas: que al finalizar los cinco o siete años de contrato este pudiera renovarse automáticamente, salvo causa justificada del propietario, y que incluso en determinados supuestos de recuperación de la vivienda existiera una compensación para el inquilino.
El texto aprobado por el Gobierno no llega a establecer ese régimen general. En su lugar, el primer decreto contempla prórrogas extraordinarias y temporales para determinados contratos y el segundo introduce la renovación automática en los términos específicos recogidos en la norma.
Ahí se encuentra ahora la principal tensión. La movilización ha conseguido colocar la vivienda y el caso Maricarmen en el centro del debate y arrancar al Gobierno medidas que hace apenas una semana no estaban aprobadas, pero la mayoría parlamentaria que se perfila puede dejar fuera precisamente una de las reformas estructurales que reclamaba el movimiento de inquilinas.
El PNV ya ha fijado su posición. El primer decreto tendrá su apoyo «crítico»; el segundo, no. La pelota pasa ahora al resto de grupos y, sobre todo, a la capacidad del Gobierno para mantener un equilibrio entre las exigencias de sus socios de izquierda, la presión de las organizaciones de vivienda y una mayoría parlamentaria que permita que las medidas aprobadas esta semana no decaigan en el Congreso.
