La huelga indefinida de la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid ha cumplido un mes sin que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya abierto una negociación efectiva con el comité que representa a los docentes movilizados.
Los sindicatos y colectivos educativos mantienen los paros iniciados el pasado 14 de octubre y han anunciado nuevas concentraciones y manifestaciones para la próxima semana, mientras denuncian que la Consejería de Educación está respondiendo a sus reivindicaciones con un endurecimiento de los servicios mínimos y medidas que, a su juicio, buscan limitar la protesta.
La movilización está impulsada por un comité unitario integrado por CCOO, UGT, CGT, CNT, STEM y Solidaridad Obrera, junto a plataformas como Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna. Su tabla reivindicativa recoge demandas que van más allá de las condiciones laborales del profesorado: los convocantes defienden que reducir la carga lectiva, reforzar las plantillas y disminuir el número de alumnos por aula son medidas imprescindibles para garantizar una enseñanza pública de calidad y atender adecuadamente al conjunto del alumnado.
Menos alumnos por aula y más recursos para enseñar
Entre las principales exigencias figura la reducción de los periodos lectivos semanales a 17 en Secundaria y Formación Profesional y a 22 en Primaria. Los docentes reclaman también una bajada de las ratios, con máximos de 20 estudiantes por aula en Secundaria, 15 en Primaria y FP y 13 en Infantil. La propuesta incluye computar de manera específica al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y reforzar los equipos de orientación.
En el terreno salarial, el profesorado reclama un incremento de 600 euros mensuales en el complemento específico autonómico, además de la equiparación retributiva entre distintos cuerpos docentes. Los sindicatos sostienen que las condiciones económicas y laborales de la enseñanza pública madrileña se han deteriorado y que la falta de reconocimiento profesional dificulta mantener unas plantillas estables.
La tabla incluye otras medidas que afectan directamente al funcionamiento cotidiano de los centros: incorporar al menos un auxiliar administrativo a jornada completa en cada uno, reducir la burocracia que asume el profesorado, recuperar recursos para la Formación Profesional y reforzar la atención a la diversidad. También plantea recuperar las aulas de enlace, revisar el actual modelo bilingüe y adoptar medidas contra la segregación escolar.
A estas demandas se suman reivindicaciones sobre las infraestructuras: un plan de climatización, la retirada del amianto y el fin de la construcción de centros educativos por fases. Los convocantes defienden que la calidad de la enseñanza no puede depender de la capacidad de cada centro para compensar con el esfuerzo de sus trabajadores la falta de recursos materiales y humanos.
Un mes de conflicto y una negociación todavía bloqueada
El principal motivo de continuidad de la huelga es la ausencia de una mesa de negociación con el comité convocante. Los representantes docentes recuerdan que entregaron su tabla reivindicativa a la Consejería antes del inicio de los paros y que el 26 de octubre registraron un requerimiento formal para reclamar una negociación «real y efectiva». La Administración, por su parte, sostiene que mantiene abiertos los cauces de diálogo a través de la Mesa Sectorial, pero los sindicatos consideran que ese espacio no sustituye la negociación específica con el comité de huelga.
El primer encuentro entre ambas partes llegó el pasado viernes 13 de noviembre, aunque estuvo centrado exclusivamente en la modificación de los servicios mínimos. Los sindicatos valoraron la participación de altos cargos de la Consejería como una señal de que la movilización está teniendo efecto, pero lamentaron que la reunión no sirviera para obtener respuestas a las reivindicaciones ni a sus objeciones sobre las condiciones impuestas para garantizar la actividad lectiva.
La Consejería ha anunciado un refuerzo de los servicios mínimos, especialmente en los cursos finales y en 2º de Bachillerato, para asegurar la preparación de la Prueba de Acceso a la Universidad. La nueva regulación contempla que se cubra al menos la mitad de las horas de las materias vinculadas a la PAU, porcentaje que aumentará hasta el 90% conforme se acerque la prueba. El comité considera que estas medidas pueden vaciar de contenido el derecho de huelga y ha anunciado que recurrirá la orden ante los tribunales cuando se publique.
La disputa no se limita a los servicios mínimos. CCOO, UGT, CGT y CNT han acudido a la Justicia por una comunicación enviada por la consejera Mercedes Zarzalejo al profesorado, que consideran una vulneración de la libertad sindical y del derecho de huelga. Los sindicatos denuncian también instrucciones para retirar carteles y pancartas de apoyo a la movilización en los centros educativos.
La presidenta regional ha calificado la huelga de «política» y ha acusado a los sindicatos de actuar de manera «mafiosa». La consejera, por su parte, ha defendido que una parte importante del profesorado no ha secundado los paros. Frente a estas declaraciones, el comité insiste en que el conflicto debe resolverse atendiendo a las demandas planteadas y no deslegitimando a quienes participan en la movilización.
Las familias reclaman una salida al conflicto
La prolongación de la huelga ha llevado también a organizaciones de familias a intervenir. La Koordinadora de Familias por la Educación Pública ha solicitado una reunión con la consejera y ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo para que valore la situación y contribuya a impulsar una solución dialogada. Además, ha llamado a las asociaciones de madres y padres a presentar reclamaciones formales ante la Consejería.
Las familias reclaman que, una vez finalice el conflicto, se ponga en marcha un plan de recuperación curricular, con especial atención al alumnado que necesita apoyos específicos. Su posición sitúa el foco en la responsabilidad de la Administración: la prolongación de los paros tiene consecuencias sobre el alumnado, pero la solución no pasa por enfrentar a estudiantes y docentes, sino por abordar las causas que han llevado a la huelga.
El calendario de movilizaciones continuará esta semana. El comité ha convocado una concentración el lunes ante la Consejería de Educación y otra el martes frente a la Asamblea de Madrid. El miércoles se celebrarán asambleas en los centros y por zonas, mientras que el viernes está prevista una nueva asamblea unitaria seguida de una manifestación desde la Consejería hasta la plaza de España. También se ha aprobado una herramienta digital para consultar al conjunto del profesorado y someter a votación las posibles propuestas que puedan surgir en una negociación.
Un mes después del inicio de la huelga, el conflicto sigue abierto. Los docentes mantienen que no desconvocarán los paros sin avances concretos y la Administración continúa sin sentarse a negociar el conjunto de las reivindicaciones. La disputa refleja un problema de fondo sobre el modelo educativo madrileño: si la enseñanza pública contará con los recursos y las condiciones necesarias para garantizar una educación de calidad o si seguirá dependiendo del esfuerzo de unas plantillas que denuncian llevar años sosteniendo los centros en condiciones cada vez más difíciles.
