Las protestas estudiantiles que comenzaron en la periferia de París se han extendido por Francia y han puesto en el centro del debate las condiciones de la educación pública. El movimiento, iniciado principalmente en institutos, denuncia la falta de profesores, las aulas masificadas, el deterioro de los edificios y unas condiciones de estudio que los estudiantes consideran incompatibles con una enseñanza de calidad. Las movilizaciones se han extendido a ciudades como París, Lyon, Marsella, Lille, Burdeos o Estrasburgo y han alcanzado también a las universidades.
La dimensión alcanzada por las protestas ha obligado al Ejecutivo de Emmanuel Macron a reaccionar. Desde el pasado lunes se han producido alrededor de 5.000 arrestos, el 85% de ellos correspondientes a menores, según los datos recogidos por EFE. El jueves concentró el mayor nivel de tensión, con cerca de 2.000 detenciones en una sola jornada. Para el viernes, 735 centros educativos seguían afectados por las movilizaciones, aunque la cifra había descendido desde los más de mil establecimientos perturbados el día anterior.
Falta de profesores, aulas saturadas y centros deteriorados
El origen de las movilizaciones se encuentra en problemas cotidianos de los estudiantes. Las organizaciones denuncian la falta de sustitución de docentes, clases con un número elevado de alumnos y edificios que presentan graves deficiencias de mantenimiento. En algunos centros de las periferias parisinas, los estudiantes aseguran haber tenido que afrontar incluso exámenes sin haber contado previamente con profesores de determinadas asignaturas.
La protesta también incorpora una dimensión social. Los centros situados en barrios populares, especialmente en Seine-Saint-Denis, aparecen entre los principales focos de movilización y los estudiantes denuncian que las desigualdades territoriales se reflejan también en las condiciones educativas. La situación ha puesto sobre la mesa la diferencia entre el acceso formal a la educación pública y las condiciones materiales reales en las que se desarrolla.
A estas reivindicaciones se suman críticas al sistema de acceso a la universidad y, en particular, a Parcoursup, el procedimiento de admisión a la enseñanza superior, al que organizaciones estudiantiles atribuyen un efecto de selección social. También preocupa el futuro laboral y económico de una generación marcada por el aumento de la precariedad.
Un presupuesto que no convence y una respuesta insuficiente
La movilización coincide además con la presentación del proyecto de presupuestos para 2027. El Gobierno prevé elevar hasta 65.530 millones de euros el presupuesto de Educación Nacional, un incremento del 1,7% que queda por debajo de la inflación. Al mismo tiempo, el gasto destinado al servicio de la deuda alcanzaría los 74.500 millones, superando por primera vez al educativo como principal partida presupuestaria.
El Ejecutivo ha intentado contener el conflicto mediante negociaciones con estudiantes, docentes y familias. El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha planteado acelerar la sustitución de profesores ausentes y abrir una revisión de los horarios escolares, pero las organizaciones estudiantiles consideran que las propuestas no responden al conjunto de sus reivindicaciones.
La movilización cuenta además con el respaldo de organizaciones sindicales. La CGT y Solidaires, junto a sindicatos de la enseñanza, han anunciado su participación en la nueva jornada convocada para el martes, bautizada por los estudiantes como el «Acto III» de las protestas. La CGT ha vinculado las reivindicaciones estudiantiles con problemas como las clases masificadas, la falta de personal, los centros deteriorados y la precariedad que afecta a una parte creciente de los jóvenes.
El conflicto político crece alrededor de las protestas
La expansión de las movilizaciones también ha abierto una disputa sobre su origen y su dimensión política. El Gobierno, la derecha y la extrema derecha han acusado a La Francia Insumisa (LFI) y a sectores de la izquierda radical de impulsar o instrumentalizar las protestas. LFI rechaza estas acusaciones, mientras las organizaciones estudiantiles defienden el carácter propio del movimiento y consideran que atribuir sus movilizaciones a partidos políticos desatiende las condiciones que las han provocado.
Una nota de los servicios de inteligencia de la Prefectura de Policía de París ha sido utilizada por el Gobierno para sostener la tesis de una intervención de organizaciones de izquierda. Sin embargo, el documento se refiere específicamente a Seine-Saint-Denis y el análisis publicado por Le Monde señala que sus propios elementos describen un movimiento particularmente fragmentado y espontáneo, más que una movilización controlada desde una única estructura.
La escalada también ha puesto sobre la mesa la actuación policial. Las autoridades contabilizaron 284 policías y gendarmes heridos y 170 estudiantes lesionados durante la jornada más conflictiva, mientras organizaciones de derechos humanos han denunciado el uso de gases, porras y proyectiles antidisturbios contra manifestantes, muchos de ellos menores. Algunas de estas actuaciones están siendo investigadas. Tras más de una semana de movilizaciones, el conflicto permanece abierto. Los estudiantes han convocado nuevas protestas desde el martes y los sindicatos docentes preparan su incorporación, mientras el Gobierno trata de recuperar el control de una situación que ya ha dejado de ser exclusivamente estudiantil y ha colocado las condiciones de la educación pública en el centro de la agenda política francesa.
