La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio el pasado 23 de septiembre desencadenó una ola de movilizaciones por la vivienda, ha provocado una nueva oleada de indignación y ha intensificado las protestas que ya recorrían distintas ciudades españolas. El fallecimiento, producido este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón, llega cuando el conflicto por el acceso a la vivienda había dejado de ser una sucesión de protestas aisladas para convertirse en un movimiento organizado con acampadas, movilizaciones y una huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.
La reacción fue inmediata. Al conocerse la noticia, cientos de personas se concentraron en la Puerta del Sol, donde permanece la acampada por el derecho a la vivienda, y emprendieron una marcha hacia el Congreso de los Diputados. El minuto de silencio por Maricarmen terminó dando paso a consignas como «Maricarmen se va, pero la lucha sigue» y «En nuestra lucha, Maricarmen vive».
La movilización se trasladó también frente a la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda en la que Maricarmen había vivido durante más de siete décadas. Decenas de personas acudieron con velas para rendirle homenaje, mientras en Sol y frente al Congreso se sucedían las concentraciones. Para el Sindicato de Inquilinas, la respuesta al fallecimiento debe ser continuar la movilización por el derecho a la vivienda.
Una muerte que llega en pleno conflicto por la vivienda
El fallecimiento se produce apenas dos semanas después del desahucio y después de que el caso de Maricarmen se convirtiera en el principal catalizador de las protestas por la vivienda. Su expulsión desencadenó concentraciones en Madrid y otras ciudades, y posteriormente una acampada permanente en la Puerta del Sol que ha mantenido la presión sobre las instituciones.
En estas dos semanas, la movilización ha tenido además consecuencias políticas. El Gobierno aprobó dos decretos de vivienda que incluían medidas como la moratoria de desahucios, límites al alquiler y la prórroga de determinados contratos, pero ambos fueron rechazados en el Congreso el 1 de octubre. El fracaso parlamentario contribuyó al cierre de la legislatura y al posterior adelanto de las elecciones generales.
Lejos de desactivarse, las organizaciones que participan en las movilizaciones anunciaron entonces nuevas formas de presión. El Sindicato de Inquilinas reclamó una huelga general y CCOO y UGT anunciaron posteriormente su incorporación a la convocatoria, fijada para el 11 de noviembre.
La muerte de Maricarmen llega, por tanto, cuando el movimiento ya había superado ampliamente el caso particular que lo desencadenó. Su figura se había convertido en un símbolo de una crisis que afecta a quienes no pueden asumir el precio de los alquileres, afrontan amenazas de desahucio o encuentran cada vez más dificultades para permanecer en sus barrios.
“Su legado nos hace luchar con más fuerza”
El Sindicato de Inquilinas ha vinculado directamente el fallecimiento con las condiciones en las que se produjo el conflicto. Su portavoz, Alicia del Río, afirmó que «su legado nos hace luchar con más fuerza» y reclamó respeto para sus allegados. En la misma comparecencia, la organización volvió a defender la huelga general del 11 de noviembre.
La organización sostiene además que el deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda tiene consecuencias que van mucho más allá de la pérdida de un domicilio. Del Río señaló que las subidas de alquiler, los procedimientos de desahucio y la presión económica afectan también a la salud y a las condiciones de vida de quienes los sufren.
La respuesta social tras la muerte de Maricarmen muestra que el caso no ha cerrado con su fallecimiento. Al contrario, la noticia ha provocado nuevas concentraciones y ha reforzado el carácter colectivo de unas movilizaciones que ya cuentan con una estructura organizada y una convocatoria estatal de huelga.
Para las organizaciones movilizadas, el mensaje que queda tras estas semanas es que el problema no termina en un desahucio concreto. El conflicto se ha convertido en una disputa más amplia sobre el acceso a la vivienda y sobre las condiciones que permiten a las personas permanecer en sus hogares. Y la muerte de Maricarmen, lejos de poner fin a esa movilización, ha vuelto a llevar miles de personas a las calles.
