Un año después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, la promesa de paz sigue sin traducirse en seguridad para la población palestina. Los ataques israelíes han continuado, las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria persisten y la reconstrucción de la Franja permanece prácticamente paralizada. El aniversario del acuerdo, alcanzado el 10 de octubre de 2025, llega así con una realidad muy alejada de la normalización que se anunció entonces.
Según los datos del Ministerio de Sanidad de Gaza recogidos por organizaciones internacionales, al menos 1.400 palestinos han muerto por ataques israelíes desde el inicio de la tregua. Human Rights Watch (HRW) cifra en más de 74.000 las personas fallecidas desde el comienzo de la ofensiva en octubre de 2023. La organización denuncia que las fuerzas israelíes siguen matando y hiriendo a civiles y que la población no recibe alimentos, agua y asistencia en cantidades suficientes.
La situación humanitaria continúa siendo crítica. Cerca de dos millones de personas necesitan refugio, mientras 1,4 millones afrontan niveles de hambre propios de una situación de crisis. Ningún hospital de Gaza funciona plenamente y las limitaciones a la entrada de suministros médicos, materiales de construcción y ayuda impiden recuperar los servicios esenciales.
Una tregua sin reconstrucción
El acuerdo debía abrir una nueva etapa para Gaza, con una reducción de la violencia, la entrada de ayuda, la retirada progresiva de las tropas israelíes y el inicio de la reconstrucción. Sin embargo, los principales compromisos siguen bloqueados. Las tropas israelíes mantienen el control de amplias zonas de la Franja y la reconstrucción no ha arrancado a la escala necesaria para responder a la devastación.
Las organizaciones humanitarias advierten de que el alto el fuego no puede medirse únicamente por la reducción de las operaciones militares a gran escala. La persistencia de ataques, las dificultades para acceder a alimentos y servicios básicos y la imposibilidad de reconstruir viviendas mantienen a la población en una situación de emergencia. Más de un centenar de organizaciones humanitarias y de derechos humanos han denunciado que la tregua existe sobre el papel, pero no garantiza una protección efectiva para los palestinos.
La llegada del invierno agrava los riesgos para las familias desplazadas, muchas de ellas alojadas en tiendas de campaña o en edificios dañados. La falta de refugios adecuados, agua potable y atención sanitaria amenaza especialmente a la infancia, las personas mayores y quienes necesitan tratamientos médicos continuados.
La paz necesita garantías y responsabilidades
El aniversario vuelve a poner sobre la mesa la distancia entre los anuncios diplomáticos y las condiciones de vida de la población. Sin protección efectiva para los civiles, acceso humanitario suficiente y garantías para reconstruir, el alto el fuego no puede resolver por sí solo una crisis que ha destruido buena parte de las infraestructuras de Gaza y ha desplazado repetidamente a sus habitantes.
Human Rights Watch reclama medidas internacionales para proteger a la población y asegurar que la reconstrucción se base en los derechos de los palestinos. La organización también sostiene que deben exigirse responsabilidades por los crímenes cometidos. La situación de Gaza demuestra que el fin formal de una guerra no equivale necesariamente al fin de la violencia ni garantiza que sus víctimas puedan recuperar sus hogares y sus vidas.
