La huelga general por la vivienda y el coste de la vida del próximo 11 de noviembre suma una nueva forma de protesta: dejar de comprar en las grandes cadenas de supermercados. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, FACUA y Justicia Alimentaria, junto a REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, han lanzado una convocatoria para no consumir en grandes superficies los miércoles previos a la huelga, empezando este 28 de octubre y continuando el 4 de noviembre.
La iniciativa pretende llevar la movilización más allá de los centros de trabajo y sumar a quienes tienen más dificultades para secundar un paro laboral, como las personas desempleadas, pensionistas, estudiantes, autónomas, cuidadoras y trabajadoras en condiciones precarias. Las organizaciones llaman a trasladar las compras al comercio de barrio, los mercados municipales, las cooperativas y la compra directa a productores.
El llamamiento parte de una realidad cada vez más difícil de sostener para millones de hogares: trabajar no garantiza llegar a fin de mes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística recogidos por las organizaciones, la cesta de la compra cuesta más de un 40% más que en 2019, mientras que el salario medio ha aumentado un 21,9% en el mismo periodo. La vivienda, la alimentación y otros gastos básicos absorben una parte creciente de los ingresos.
Del alquiler al supermercado: disputar el coste de la vida
Las entidades convocantes denuncian que el encarecimiento de los bienes esenciales convive con los beneficios de grandes empresas que controlan sectores fundamentales para la vida cotidiana. La protesta busca señalar a las grandes cadenas de distribución y cuestionar que las familias tengan que asumir el grueso de las subidas mientras las empresas mantienen o amplían sus márgenes comerciales.
La campaña no pretende enfrentar a consumidores y trabajadores de los supermercados, ni perjudicar al pequeño comercio. Al contrario, propone desplazar el consumo hacia negocios de proximidad y cooperativas, al tiempo que anima a las plantillas del sector a sumarse a la huelga general del 11N.
Las reivindicaciones van más allá de la jornada de protesta. Las organizaciones defienden una reducción del 50% de los alquileres vinculada a los ingresos y controles sobre los precios de la cesta de la compra, la energía y el transporte. FACUA reclama limitar los márgenes de beneficio de las grandes cadenas y establecer un sistema de doble etiquetado que permita conocer la diferencia entre el precio pagado al productor y el que abona el consumidor final.
Por su parte, Justicia Alimentaria plantea garantizar una cesta de alimentos básicos a precios justos. La organización insiste en que cualquier rebaja debe recaer sobre los beneficios de la gran distribución y no sobre los ingresos de quienes producen los alimentos.
Una huelga que quiere llegar a todos los ámbitos
La huelga de consumo forma parte de la preparación de la convocatoria general del 11 de noviembre, impulsada por los sindicatos de inquilinas junto a organizaciones sindicales como CGT, CNT, CCOO, UGT, ELA, LAB y CIG, entre otras.
El objetivo es extender la protesta a distintos espacios de la vida cotidiana: el trabajo, los barrios, los centros de estudio y también las decisiones de consumo. La convocatoria del 11N llama a paralizar las compras tanto en establecimientos físicos como por internet, mientras que los miércoles previos funcionan como una primera llamada a la movilización.
Con esta iniciativa, las organizaciones buscan convertir el malestar por el encarecimiento de la vida en una acción colectiva y señalar que el problema no se limita a la capacidad individual de ahorrar o elegir dónde comprar. La vivienda y la alimentación son necesidades básicas, sostienen, y su acceso no debería depender de la rentabilidad que puedan extraer de ellas grandes propietarios y empresas.
