La política de seguridad del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se ha convertido en un modelo de referencia para varios gobiernos latinoamericanos. La imagen de miles de presos hacinados, rapados y sometidos a un régimen de máxima vigilancia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) se ha transformado en uno de los principales símbolos de su estrategia contra las pandillas. Desde 2023, al menos siete países de la región han anunciado o comenzado proyectos de megacárceles inspirados en esta fórmula.
Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Guatemala figuran entre los países que han impulsado iniciativas de este tipo. Paraguay también ha puesto en funcionamiento un centro penitenciario de alta seguridad, mientras que Argentina construye una instalación destinada a internos considerados de alto perfil.
La expansión de este modelo se produce en un contexto de preocupación social por el avance del crimen organizado, la violencia y la inseguridad. Sin embargo, la promesa de resultados rápidos mediante el endurecimiento de las penas y el encarcelamiento masivo deja en segundo plano una cuestión fundamental: la seguridad no puede construirse a costa de los derechos humanos ni limitarse a encerrar a quienes cometen delitos sin intervenir sobre las causas estructurales de la criminalidad.
La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, advierte de que la estrategia de Bukele se ha extendido gracias a una potente operación propagandística que exhibe las instalaciones penitenciarias y deshumaniza a las personas detenidas, mientras oculta los abusos cometidos. A su juicio, muchos gobiernos están reproduciendo la estética y el discurso de la mano dura sin tener en cuenta las diferencias entre las estructuras criminales de cada país.
Una receta que no resuelve las causas de la violencia
Uno de los principales problemas de trasladar esta estrategia a otros países es que las organizaciones criminales latinoamericanas no responden a un único patrón. Mientras que El Salvador se enfrentaba principalmente a pandillas con fuerte implantación territorial, países como Ecuador y Colombia tienen estructuras vinculadas al narcotráfico internacional, al control de puertos y rutas comerciales y a redes de corrupción institucional.
Goebertus advierte de que estas diferencias hacen especialmente difícil reproducir el modelo salvadoreño. En Ecuador, por ejemplo, la construcción de nuevas cárceles se ha combinado con la militarización de la seguridad y la declaración de estados de excepción, sin que estas medidas hayan conseguido frenar de manera sostenida la violencia.
Además, existe una contradicción de fondo: las prisiones latinoamericanas han funcionado históricamente como espacios de expansión del crimen organizado. Organizaciones como el Primer Comando Capital de Brasil, el Tren de Aragua venezolano o Los Choneros de Ecuador surgieron o se fortalecieron dentro de los propios centros penitenciarios.
Las cárceles pueden convertirse así en centros de reclutamiento, coordinación y consolidación de las estructuras criminales, especialmente cuando existe hacinamiento y corrupción entre los funcionarios encargados de su vigilancia. El encarcelamiento masivo, sin una clasificación adecuada de los internos ni mecanismos eficaces de control, puede terminar ampliando las redes que pretende combatir.
Más de 500 muertes bajo custodia y miles de detenciones arbitrarias
Las consecuencias sobre los derechos humanos constituyen otra de las principales objeciones al modelo. El Salvador permanece bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, prorrogado de manera continuada por el Gobierno de Bukele. Este marco ha permitido suspender garantías procesales y ampliar las facultades policiales para detener a personas sospechosas de pertenecer a pandillas.
Desde su implantación, las autoridades han detenido a más de 90.000 personas, entre ellas más de 3.000 menores. Human Rights Watch ha documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y graves vulneraciones del derecho a la defensa. También ha denunciado la celebración de juicios colectivos en los que cientos de personas son procesadas simultáneamente, con pruebas débiles y sin garantías suficientes para preparar su defensa.
Las cifras de fallecimientos bajo custodia también son alarmantes. Según los registros de organizaciones de derechos humanos, más de 500 personas han muerto en las cárceles salvadoreñas durante el régimen de excepción. Detrás de estos datos hay denuncias de torturas, violencia y falta de atención médica.
La propia magnitud de las detenciones ha obligado al Gobierno a revisar parcialmente su política. Bukele ha reconocido la liberación de unas 8.000 personas capturadas durante el régimen de excepción y ha planteado posibles medidas de libertad condicional para una parte de los más de 90.000 detenidos.
Para Goebertus, el problema de fondo es que la exportación de este modelo implica asumir que los derechos fundamentales pueden convertirse en obstáculos para la seguridad. Una lógica que, advierte, deja a cualquier ciudadano expuesto a detenciones sin pruebas suficientes y a procesos judiciales sin garantías.
Seguridad sin derechos ni políticas sociales
La expansión de las megacárceles refleja también una concepción profundamente limitada de las políticas de seguridad. La construcción de grandes instalaciones penitenciarias puede ofrecer una imagen de autoridad y firmeza, pero no sustituye la necesidad de investigar las estructuras financieras del crimen organizado, combatir la corrupción, mejorar los sistemas judiciales y desarrollar políticas de prevención.
Los especialistas consultados por Deutsche Welle advierten, además, de que los centros de máxima seguridad requieren enormes inversiones en infraestructuras, tecnología, personal especializado y mecanismos de supervisión. Concentrar a personas con perfiles delictivos muy diferentes en un mismo espacio puede generar nuevos problemas de convivencia y facilitar el aprendizaje y la reproducción de conductas criminales.
Frente a esta lógica, las alternativas pasan por desarrollar sistemas penitenciarios que garanticen condiciones dignas, una clasificación adecuada de los internos y programas efectivos de educación, formación profesional y reinserción social. Las Reglas Mandela de Naciones Unidas establecen precisamente que el respeto a la dignidad humana y la preparación para la vida en libertad deben formar parte de cualquier sistema penitenciario.
Pero el enfoque integral debe comenzar mucho antes de que una persona entre en prisión. La desigualdad, la exclusión social, la falta de oportunidades laborales y educativas y la ausencia de servicios públicos generan condiciones que pueden favorecer el reclutamiento por parte de las organizaciones criminales. Abordar estos factores exige políticas públicas sostenidas, no respuestas exclusivamente policiales.







