Una investigación de Amnistía Internacional llega a la conclusión de que “los gobiernos de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat de Catalunya no garantizaron durante la pandemia la atención adecuada en las residencias de mayores” y pide al gobierno central “una ley que establezca un modelo estatal de residencia que proteja los derechos de los alojados en todas las de España”.
Advierte la organización humanitaria que “aunque la mayoría son privadas o concertadas, el Estado tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos humanos de los residentes frente a los abusos de las empresas”.
Según Amnistía Internacional, “los protocolos de Madrid y Catalunya para no trasladar a los mayores contagiados a los hospitales son discriminatorios y aún no han sido modificados”. “Madrid y Catalunya -advierte AI– deben adoptar medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respeta los derechos a la vida, la salud y la no discriminación de los mayores que viven en residencias”. Y concluye que “las decisiones de las comunidades autónomas sobre la atención médica en las residencias deben basarse en evaluaciones individualizadas y no en protocolos de cribas colectivas discriminatorias”.
