La llamada “conferencia de paz” celebrada en Sharm el-Sheikh el 13 de octubre de 2025 fue presentada como un momento histórico: la firma de un alto el fuego entre el régimen genocida israelí y Palestina, impulsado por Donald Trump y avalado por varios gobiernos árabes y occidentales. En apariencia, se trataba de un paso hacia la estabilidad; en realidad, de un ejercicio de legitimación del agresor, de exclusión de las víctimas y de coronación simbólica del poder imperial estadounidense. En este análisis abordamos tres ejes centrales: la impunidad histórica del régimen israelí, el papel parcial de Estados Unidos y la complicidad internacional que consagra un protectorado en lugar de una paz justa.
El debate en la Knesset sobre la anexión de Cisjordania o las incursiones recientes en el sur del Líbano y Siria confirman que la agresión continúa
Desde su fundación, el régimen israelí ha violado sistemáticamente todas las resoluciones de la ONU, los acuerdos de alto el fuego y los tratados internacionales. Ninguna tregua, compromiso o negociación ha modificado su lógica colonial: expansión de asentamientos, ocupación militar y limpieza étnica. Su historial de incumplimientos convierte cualquier promesa actual en una farsa. El debate en la Knesset sobre la anexión de Cisjordania o las incursiones recientes en el sur del Líbano y Siria confirman que la agresión continúa. El llamado “alto el fuego” no es más que una reducción temporal de la intensidad del exterminio. Ninguna paz puede edificarse mientras el ocupante conserva el control territorial, el poder militar y la impunidad.
No se trató de una mediación sino de una imposición. El pueblo palestino, principal afectado, no fue consultado ni estuvo representado: se le notificó el acuerdo y se le exigió acatarlo
El papel de Estados Unidos, y en particular de Trump, profundiza esta distorsión. Washington no actúa como mediador, sino como parte interesada que tutela y financia al régimen israelí. El propio texto del acuerdo, avalado en Egipto, elogia los “sinceros esfuerzos del presidente Trump”, lo que muestra que no se trató de una mediación sino de una imposición. El pueblo palestino, principal afectado, no fue consultado ni estuvo representado: se le notificó el acuerdo y se le exigió acatarlo. De este modo, el supuesto proceso de paz nace viciado por su origen unilateral y por la exclusión de quienes sufren el genocidio.
La cumbre de Sharm el-Sheikh fue, además, un escaparate de complicidades. Más de veinte jefes de Estado asistieron a un evento que, bajo la retórica de la reconciliación, trataba de consagrar la impunidad. Los países presentes se limitaron a celebrar la iniciativa estadounidense, sin cuestionar los crímenes de guerra israelíes ni exigir la aplicación de las resoluciones de la ONU. La comunidad internacional, al aceptar este modelo de “paz sin justicia”, se convierte en cómplice del colonialismo. Exige a las víctimas el desarme y la resignación, mientras concede al agresor la continuidad de su poder. Esa es la esencia de la llamada “paz neoliberal”: administrar la ocupación bajo el disfraz de reconstrucción y desarrollo.
Impone el desarme palestino y condiciona la reconstrucción a la supervisión extranjera. No reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo palestino ni la creación de un Estado propio
El contenido del acuerdo revela esa misma lógica tutelar. Permite al régimen israelí mantener “fuerzas profundas” en Gaza, impone el desarme palestino y condiciona la reconstrucción a la supervisión extranjera. No reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo palestino ni la creación de un Estado propio. Se plantea una “gobernanza de transición” que, en los hechos, equivale a un protectorado dirigido por Estados Unidos, con figuras tan desacreditadas como Tony Blair postuladas para supervisar el proceso. Lejos de restituir derechos, el plan impone un modelo de gestión colonial en el que los palestinos serían administrados, no liberados.
Este falso acuerdo tiene profundas implicaciones. Refuerza la dependencia de Gaza, perpetúa la condición de enclave sitiado y otorga a Israel la posibilidad de seguir expandiendo sus asentamientos y ocupaciones. Debilita los fundamentos del derecho internacional y de la autodeterminación palestina, normaliza la ocupación y banaliza el genocidio. Presentado como “paz”, funciona como una pausa estratégica para reordenar la dominación.
En conclusión, el llamado acuerdo de paz impulsado por Trump no representa un avance hacia la justicia, sino la consolidación de un protectorado bajo tutela imperial. El régimen genocida israelí obtiene una nueva legitimación; Estados Unidos, un nuevo papel de árbitro que en realidad perpetúa la opresión; y la comunidad internacional, una coartada moral para su inacción. Gaza no necesita tutores ni gestores: necesita libertad, soberanía y reparación. Mientras la ocupación continúe y los crímenes permanezcan impunes, cualquier acuerdo será solo una tregua más en el largo camino del pueblo palestino hacia su liberación.
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Los colonos y el Ejercito israelí aprovechan la guerra en Gaza para acelerar la expulsión de palestinos en Cisjordania
Gema Delgado /
“Después del 7 de octubre de 2023, miles de colonos han sido reclutados por el ejército israelí. Hay soldados durante el día y colonos por la noche. Estamos en un punto en el que se está volviendo extremadamente difícil separar la violencia del Estado de la de los colonos” explicaba Ajith Sunghay, quien dirige la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para el Territorio Palestino Ocupado.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lleva meses alertando de la actuación coordinada de los colonos y ejercito israelí para provocar desplazamientos forzosos y confiscaciones de tierras a los palestinos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, algo que es considerado crimen de guerra.
Los desalojos, que se han intensificado desde el 7 de octubre de 2023, forman parte de una campaña concertada del Estado de Israel y las organizaciones de colonos, que atacan barrios palestinos para confiscar viviendas palestinas y expandir los asentamientos judíos, según argumentó. Sunghay aseguró que en los últimos meses, Israel no sólo ha incrementado drásticamente las demoliciones de viviendas, también ha acentuado las detenciones arbitrarias y los malos tratos a palestinos y defensores de los derechos humanos.
Los ataques de los colonos armados contra hombres, mujeres, niños y activistas solidarios extranjeros palestinos se han recrudecido aún más desde el inicio de la cosecha de los olivos. Sólo en el primer semestre de 2025, se han producido 757 ataques de colonos que provocaron víctimas o daños materiales. También se ha incrementado la destrucción directa de tierras: queman arboledas, talan olivos con motosierras y destruyen viviendas e infraestructura agrícola. Otro dato: entre el 7 de octubre de 2023 y el 31 de mayo de este año, 6463 palestinos han sido desplazados por la fuerza tras la demolición de sus hogares por parte de Israel. Atacan niños, ancianos, mujeres, hombres. Apalean, disparan, hieren, matan y destruyen. Expanden el terror.
«El camino legal a seguir es inequívoco: la Corte Internacional de Justicia concluyó que la ocupación debe terminar e Israel debe retirarse de todo el Territorio Palestino Ocupado, tanto Cisjordania como Gaza. Esto incluye el desmantelamiento inmediato de todos los asentamientos y la evacuación de todos los colonos», ha defendido el responsable de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En este punto ha instado a los Estados miembros de Naciones Unidas a «ejercer la máxima presión para proteger a los civiles, detener y revertir las políticas de anexión en rápida expansión y garantizar la rendición de cuentas por décadas de violaciones de los derechos de los palestinos».
