Álvaro Uribe, el ex presidente de Colombia que tiene pendientes una decena de procesamientos que van desde la corrupción y el homicidio hasta la complicidad con los paramilitares, convocó a la represión salvaje contra la movilización popular que rechazaba una reforma fiscal concebida para beneficiar a la oligarquía: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y a las personas y a los bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.
Iván Duque, colocado en la presidencia por Uribe, primero lanzó a los policías contra las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, como si fueran a la guerra y después militarizó la represión. Con un saldo de cuarenta muertos y quinientos desaparecidos, el gobierno colombiano tuvo que cancelar la reforma fiscal pero la protesta social continuaba. No era solo por los impuestos. Es la reclamación de la democracia y la justicia social.
La oligarquía dispara contra la población indefensa que rechaza a la despiadada clase política tradicional, instalada desde hace cien años en la apropiación del país mediante la violencia y la impunidad. El uribismo se desmorona pero está dispuesto a impedir a balazos que la izquierda tenga por fin su oportunidad en las próximas elecciones presidenciales. Uribe, que fue el senador más votado, tiene ahora un rechazo del 75% en las encuestas. La gestión de Duque, su delegado presidencial, provoca una consideración negativa del 70%. Con la pandemia desbocada, el gobierno uribista ha violado el Plan de Paz negociado con la guerrilla de las FARC, aplica una depredadora política económica neoliberal contra la mayoría social, consiente la matanza sistemática de los insurgentes desmovilizados y de los dirigentes de las organizaciones populares, dispara contra la movilización de la rabia que ha provocado, mantiene su complicidad con la proliferación del narcotráfico y somete la soberanía nacional bajo la intervención política, diplomática, económica y militar de Estados Unidos.
Hasta la Unión Europea, que siempre mira para otro lado, no ha tenido más remedio que encender su relativa alarma mientras comprobaba la barbaridad que supuso el viaje a Colombia de la ministra española de Asuntos Exteriores como si fuera de visita a una democracia ejemplar.
¿Será posible una alternativa de la izquierda colombiana como la que parece que avanza en Perú?
La hija del dictador contra el maestro de escuela
En Lima, la derecha, la extrema derecha, los empresarios, el Opus y los grandes medios de comunicación, con el apoyo internacional de Mario Vargas Llosa desde El País, han organizado una cacería contra el maestro de escuela Pedro Castillo, el candidato de la izquierda que encabeza las encuestas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. Los sondeos le dan una ventaja de diez puntos sobre Keiko Fujimori, la hija del dictador que impuso el neoliberalismo criminal y los escuadrones de la muerte, con la que se enfrentará en las urnas el 6 de junio. La heredera del caudillo encarcelado por terrorismo de Estado mantiene su candidatura a pesar de estar procesada bajo la acusación de utilizar una organización criminal para pagar sus campañas electorales de 2011 y 2016 con la financiación ilegal procedente de la multinacional brasileña Odebrecht y del principal grupo bancario peruano.
La rancia oligarquía limeña, la más racista de América Latina, se atraganta con su insulto favorito, cholo de mierda, ante el respaldo que está acumulando un candidato inesperado que sintoniza con la rebeldía de los eternamente marginados del Perú andino, protagonistas de las formidables novelas de Manuel Scorza.
El eslogan de la campaña electoral de Keiko Fujimori es el mismo que el de Isabel Díaz Ayuso: libertad o comunismo. No es una casualidad. La sintonía de Ayuso con los fascistas es muy parecida a la derecha feroz de América Latina, la de Fujimori en Perú y la de Uribe en Colombia, que considera comunistas a todos los que defienden la democracia y denuncian el autoritarismo, la corrupción y las desigualdades.
Los amigos uribistas de Isabel y Keiko utilizan en Bogotá el mismo lenguaje para añadir la acusación de terrorista a la de comunista contra la movilización popular que exige la democratización política y económica. Colombia se estremece frente al autoritarismo y la violencia de una oligarquía devoradora que provoca el empobrecimiento de las grandes mayorías con su política económica neoliberal en beneficio solo de los empresarios más poderosos y sus aliados de las multinacionales.
La defensa de los negocios en vez del combate a la pandemia, la guarida fiscal, la privatización de la sanidad, la educación y las pensiones, la complicidad con los privilegiados, el autoritarismo, la desinformación y el neoliberalismo depredador caracterizan a la derecha feroz en Lima, Madrid y Bogotá. Son los mismos. Hasta la BBC denuncia que los huéspedes preferidos del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid son los millonarios latinoamericanos que con sus capitales evadidos compran residencias de un millón de euros en el barrio de Salamanca.
Ilustración: Juan Kalvellido
