Creo innecesario desgranar aquí las múltiples sospechas de ilegalidad y presuntas prácticas delictivas que las actividades económicas de Juan Carlos de Borbón y Borbón, llamado Rey Emérito, han provocado en los últimos tiempos; sospechas que los medios de comunicación más prestigiosos del mundo llevan denunciando hace mucho tiempo y que han obligado a que la prensa más servil con la Monarquía Borbónica, casi toda si exceptuamos a la que no se expresa en papel, no haya tenido más remedio que, a regañadientes, hacerse eco de lo que la prensa internacional estaba ya difundiendo: que el ex rey Juan Carlos I de España, era un posible delincuente, un perceptor de comisiones ilegales a expensas de la construcción del AVE a La Meca por parte de un consorcio español, un poseedor de millonarias propiedades en paraísos fiscales nunca declaradas, un compulsivo comprador con tarjetas de crédito vinculadas a fondos de un multimillonario mexicano y un presunto y contumaz evasor fiscal.
Entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, el Rey Emérito llevo a cabo dos regularizaciones fiscales. Una por valor de 678.393 euros y otra por valor de 4.395.901. Ambas tuvieron lugar sin que se hubiera abierto, a pesar de lo que ya corría sin freno por todas los medios de comunicación, ningún proceso de inspección tributaria o de investigación penal sobre el ex monarca y sobre sus presuntas irregularidades fiscales. Parece pues evidente que podría afirmarse que existían fundadas sospechas para pensar que tanto la Fiscalía General del Estado, como la Dirección General de la Agencia Tributaria, le habían otorgado a Juan Carlos de Borbón y Borbón el privilegio de que regularizase las cantidades defraudadas para evitar así cualquier posibilidad de sanción penal o administrativa. Algo que sería impensable para cualquier otro ciudadano. Y es que, efectivamente, parece que las dos instituciones que tienen mayor capacidad de intervención en la vida de los ciudadanos, la Agencia Tributaria, para igualar a tod@s en el pago de impuestos, y la Fiscalía General del Estado, para establecer la libertad de movimientos de las personas o su privación, han mirado para otro lado por tratarse de quien, durante 39 años, ha ejercido la Jefatura del Estado a título de Rey.
Y tan evidentes son esas sospechas de posible trato de favor por parte de altos cargos de la Agencia Tributaria, quienes, supuestamente, le habrían filtrado información confidencial sobre su situación fiscal tanto al ex monarca como a sus asesores legales, que incluso el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) las cree plausibles y las respalda. Así lo ha manifestado a Voz Populi, medio digital especialista en información económica, José María Mollinedo, Secretario General de dicho sindicato, quien ha declarado que “la Agencia Tributaria tenía el deber inexcusable de haber abierto una investigación tributaria a Juan Carlos I desde hace años, como la habría abierto a cualquier otro contribuyente con menores importes e indicios”. Tal supuesto trato de privilegio, representaría además la conculcación flagrante del artículo 14 de la Constitución que consagra el principio de igualdad ante la ley.
Toda asociación de estirpe republicana, nacida sobre la base de la defensa de la forma republicana de ejercicio del poder como la que mejor ejemplifica el principio de soberanía popular y el concepto de democracia, debe tener como una de sus funciones esenciales la de vigilar, controlar y, sobre todo, denunciar cualquier situación o trato de privilegio del que pueda beneficiarse la casa reinante que ocupa, por designio directo del dictador Francisco Franco, la Jefatura del Estado.
Y es precisamente por esta labor de fiscalización y control de la Corona y por las sospechas fundadas de que dos de las más altas instituciones del Estado democrático hayan podido dar un trato de favor y privilegio al llamado Rey Emérito, lo que ha llevado a la Asemblea Republicana de Vigo, asociación con más de treinta años de existencia, a interponer una querella ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado García y contra el Director General de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón Catalán, por delito de prevaricación administrativa y omisión de persecución de los delitos contra las personas.
