El Tratado de la Unión Europea establece con claridad que la acción exterior de la Unión debe basarse en la defensa del derecho internacional, el multilateralismo y el sistema internacional basado en reglas. El artículo 21 del tratado señala que la UE «se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional […] Propiciará soluciones multilaterales a los problemas comunes, en particular en el marco de las Naciones Unidas»[1]. Esos principios no son decorativos: son la base moral y jurídica sobre la que la Unión Europea pretendió construir su legitimidad global desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, von der Leyen afirmó ante los embajadores europeos el 9 de marzo que «Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá […] ya no puede confiar en ese sistema como la única forma de defender sus intereses, ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos». Esas afirmaciones atacan directamente al corazón de la política fundacional de la UE, y siguen la estela de la doctrina y la acción del presidente Donald Trump basada en el desprecio a la Carta de las Naciones Unidas, al derecho internacional y a las instituciones multilaterales.
Desde el punto de vista democrático, si la presidenta von der Leyen desea que la UE redefina su papel en el mundo, la vía coherente no debería ser su reinterpretación política de los tratados, sino un debate democrático y una eventual reforma formal de los mismos. De lo contrario, el riesgo es que la UE termine cuestionando los principios que durante décadas han sido su principal fuente de legitimidad y de influencia internacional, legitimidad erosionada por su inhibición ante el genocidio del pueblo palestino y la condescendencia, o en su caso, apoyo a la agresión de los EE. UU. e Israel a Irán.
Esas declaraciones convergen con el trumpismo geopolítico, abiertamente hostil al multilateralismo y al respeto del derecho internacional. Durante su mandato, Trump ordenó la retirada de los EE. UU. del Consejo de los Derechos Humanos de las NN.UU., de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de la Organización Mundial de la Salud, del Acuerdo de París. Además, su política de aranceles debilitó a la Organización del Comercio. Su ruptura con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) de Irán, por el que se pactaba en 2015 un acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní con los países miembros del Consejo de Seguridad, Alemania y la UE, impidió el uso normalizado de la energía nuclear de Irán para fines civiles, impidiendo su uso para armas nucleares.
La sumisión de la presidenta de la UE a Donald Trump evidencia el fracaso de la UE como proyecto regional autónomo. La creciente militarización de la política europea, su alineamiento estratégico con la OTAN y la subordinación de su política exterior a los intereses globales de Estados Unidos han erosionado la idea original de la Unión Europea como espacio autónomo de cooperación, diálogo y seguridad compartida. Ante esta situación, se vuelve cada vez más necesario plantear una pregunta inevitable: ¿sigue siendo viable el proyecto europeo en su forma actual, o es necesario imaginar una nueva arquitectura política para el continente?
La respuesta se encuentra en el redescubrimiento de dos documentos históricos fundamentales que marcaron el momento de mayor esperanza en la construcción de una seguridad europea inclusiva: el Acta Final de Helsinki de 1975 y la Carta de París para una Nueva Europa de 1990.
Europa es la parte occidental de una vasta masa continental: Eurasia. Reconocer esta realidad geográfica implica aceptar que la estabilidad del continente debe implicar un sistema de cooperación más amplio que incluya a todas las potencias euroasiáticas. Un proyecto europeo verdaderamente estable debería aspirar a revitalizar los mecanismos multilaterales de la OSCE, reconstruir la confianza entre los países del continente, sustituir la lógica de bloques por un sistema de seguridad compartida y reforzar los compromisos con el derecho internacional y los derechos humanos.
El Acta de Helsinki y la Carta de París ofrecen precisamente ese marco conceptual: una visión de Europa como comunidad de seguridad basada en la cooperación, la soberanía y el respeto mutuo. Recuperar ese espíritu no sería un ejercicio de nostalgia histórica, sino un paso necesario para evitar que el continente vuelva a quedar atrapado en la lógica de confrontación que marcó gran parte del siglo XX.
La Unión Europa se encuentra ante una encrucijada histórica. Puede continuar profundizando en un modelo geopolítico basado en alianzas militares y rivalidades estratégicas, o puede recuperar la ambición de construir un espacio común de seguridad y cooperación. El Acta de Helsinki y la Carta de París recuerdan que otra Europa fue imaginada —una Europa sin bloques, abierta a la cooperación euroasiática y basada en principios compartidos de seguridad y derechos humanos. En un momento de creciente inestabilidad internacional, retomar ese proyecto podría no ser solo una opción política. Podría ser una necesidad histórica.
Nota:
