La nueva orden ejecutiva de Trump para endurecer el bloqueo contra Cuba no es retórica: es otra vuelta de tuerca en una estrategia de asfixia que dura más de seis décadas.
Hace meses, en un encuentro con mujeres cubanas, dentro de la Brigada Pasionaria, impulsada por el Movimiento Democrático de Mujeres, escuchando a investigadoras, médicas, abogadas… tuve la oportunidad de nuevo de conversar con la Dra. Belinda Sánchez, científica implicada en el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. Belinda no hablaba desde la épica, sino desde la responsabilidad colectiva. Contaba cómo, en plena pandemia y bajo bloqueo recrudecido, Cuba apostó por su propia ciencia, por no esperar a que el mercado resolviera lo que nunca garantiza: el derecho a la salud.
Mientras el mundo competía por acaparar dosis y convertir la vacuna en arma geopolítica, Cuba desarrolló sus propios candidatos vacunales. Con limitaciones materiales brutales, con dificultades para importar insumos básicos, con el cerco financiero asfixiando cada intento. Esa decisión no fue solo técnica: fue profundamente política. Fue soberanía en acción.
El bloqueo es coerción económica con efectos extraterritoriales que amenaza y sanciona a terceros países y empresas por comerciar con la isla. Vulnera la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia, el derecho a la libre determinación. La Asamblea General de la ONU lo condena año tras año por abrumadora mayoría, pero esa condena formal coexiste con la pasividad ante las sanciones secundarias. Esa inacción convierte a buena parte de la comunidad internacional en cómplice.
Porque cuando se dificulta o impide la adquisición de medicamentos, cuando se bloquea el acceso a financiación o tecnología, no se presiona a un gobierno abstracto: se castiga a millones de personas. Cuando una política busca generar escasez para forzar un cambio político, estamos ante castigo colectivo. Y el castigo colectivo es incompatible con los derechos humanos.
Ante esta nueva embestida del imperialismo, la solidaridad internacionalista no es nostalgia: es obligación ética y política
Cuba, su pueblo, su Gobierno Revolucionario no son amenaza militar ni actores agresivos. Cuba es un país que ha enviado brigadas médicas a decenas de naciones, que ha formado profesionales para el Sur Global, que durante la pandemia ofreció cooperación donde otros levantaban muros. Su verdadera «amenaza» parece ser haber demostrado que la solidaridad puede organizarse como política de Estado.
Escuchar de nuevo a Belinda me dejó una certeza: la resistencia cubana no es retórica, es cotidiana. Es la científica que no abandona su investigación pese a las carencias. Es la médica que reorganiza recursos para atender a su comunidad. Es la convicción colectiva de no renunciar.
Hoy, ante esta nueva embestida del imperialismo, la solidaridad internacionalista no es nostalgia: es obligación ética y política.
Defender a Cuba es defender el principio de que ningún pueblo debe ser castigado por elegir su camino. Es afirmar que el derecho internacional no puede ser letra muerta cuando conviene a EE.UU. Es entender que cada acto de resistencia en la isla nos interpela directamente.
Porque si permitimos que se estrangule a un gobierno y a un pueblo por no someterse, estamos aceptando que la soberanía es un privilegio de los poderosos, no un derecho universal. Y frente a esa lógica brutal, la dignidad no es solo la respuesta: es el arma que nunca podrán bloquearnos.
