Los países iberoamericanos, junto a la Secretaría General Iberoamericana, han acordado ayer la creación de un Observatorio Iberoamericano sobre el bienestar integral de la infancia, la adolescencia y la juventud, orientado a promocionar estándares comunes y cooperar frente a “los riesgos y oportunidades del entorno digital”. Así lo recoge la declaración firmada por los países participantes en la XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, que ha tenido lugar ayer en Zamora.
A este respecto, la declaración, que será elevada a las Jefas y Jefes de Estado de la XXX Cumbre Iberoamericana, recoge el acuerdo de “elaborar e impulsar las debidas políticas y herramientas para favorecer el acceso seguro, inclusivo y equitativo de niños, niñas y adolescentes a los medios de comunicación y los entornos digitales a través de programas de alfabetización digital”. Entre estas políticas, se incluyen obligaciones a las plataformas digitales, que deberán implementar “mecanismos eficaces de verificación de edad, canales de denuncia accesibles y medidas de diseño seguro, protección de datos, accesibilidad y mitigación de riesgos”.
La declaración destaca también la necesidad de “regular los patrones de uso intensivo como la reproducción automática, el desplazamiento infinito y las notificaciones persistentes para garantizar su derecho a la información veraz, la libertad de expresión y la protección frente a fenómenos como la violencia digital, el abuso o la explotación sexual en línea”.
Asimismo, en el documento, los países iberoamericanos consideran “imprescindible profundizar los avances alcanzados y afrontar con determinación los desafíos persistentes y emergentes” que afectan a la infancia y la adolescencia, con el compromiso de “asegurar una Iberoamérica en la que todos los niños, niñas y adolescentes dispongan de entornos más seguros, inclusivos y propicios para su pleno desarrollo, en condiciones de dignidad, igualdad y bienestar”. Así se recoge, también, en la Carta Digital Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales.
De este modo, los países participantes han acordado “ratificar el papel del Estado en el desarrollo y la implementación de las políticas públicas con perspectiva de infancia destinadas a mejorar la calidad de vida” de la infancia y la adolescencia, “su protección integral y el disfrute pleno de sus derechos, así como la participación de las familias y la sociedad civil en dicho desarrollo”.
Entre los acuerdos destaca también la elaboración y el desarrollo de una Estrategia Integral a Favor de la Primera Infancia, que promoverá acciones de “prevención, atención y apoyo psicosocial” para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de las infancias.
El documento recoge también la promoción del derecho de niñas, niños y adolescentes a la participación efectiva, consciente e informada en los espacios de reflexión y desarrollo de políticas públicas, subrayando su reconocimiento como “sujetos de derecho”. Para ello, los países han encargado a la Organización de Estado Iberoamericanos (OEI) el desarrollo de una guía de buenas prácticas y metodologías que puedan ser negociadas intergubernamentalmente e implementadas en la región.
Asimismo, los países de la región se comprometen a desarrollar y reforzar sus ordenamientos jurídicos e institucionales para poner en el centro la prevención, detección y atención integral de todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, se considera prioritario “el ámbito educativo, mediante el fortalecimiento de la convivencia escolar, la implementación de protocolos de actuación, mecanismos y de reporte y seguimiento de casos”.
La declaración recoge también el desarrollo de políticas en favor de la niñez y de la adolescencia a través de una “inversión social pública más equitativa, eficaz y eficiente, que tienda a la cobertura universal de los servicios sociales básicos fundamentalmente relacionados con la nutrición, la salud, la educación y la vivienda digna”. En la misma línea, se apunta a la implementación y el fortalecimiento de sistemas de protección y promoción social.
