Los derechos laborales atraviesan un retroceso global que afecta incluso a países considerados democracias consolidadas. Así lo recoge el Índice Global de los Derechos 2026 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), que documenta un aumento de la represión contra quienes se organizan en defensa de sus condiciones de trabajo y una reducción de las garantías para ejercer la libertad sindical.
El informe, publicado en junio, señala que las autoridades de 75 países —la mitad de los analizados— arrestaron o detuvieron a trabajadores durante el último año por actividades relacionadas con el ejercicio de sus derechos. En 2025, esta situación se había registrado en 71 países. La CSI también constata un aumento de las agresiones violentas contra trabajadores y representantes sindicales.
Otro indicador refleja la extensión del problema: en el 50% de los países se registraron vulneraciones de la libertad de expresión y de reunión, frente al 45% del año anterior. Además, el 72% de los países analizados niega a los trabajadores el acceso a la justicia, una cifra récord para el índice. Tres de cada cuatro países restringen el derecho a establecer sindicatos o a organizarse libremente.
La represión sindical también avanza en democracias consolidadas
La CSI advierte de que el deterioro no se limita a regímenes autoritarios. El índice sitúa a Estados Unidos en su lista de vigilancia por las restricciones a la negociación colectiva y las actuaciones contra trabajadores. Francia ha empeorado su clasificación hasta el nivel 3, su peor resultado histórico, mientras Argentina y Panamá entran por primera vez en la lista de los diez países con peores condiciones para las personas trabajadoras.
Europa y América registran, además, sus peores promedios desde que el índice comenzó a publicarse en 2014. La organización sindical vincula este deterioro con las limitaciones al derecho de huelga, la persecución de representantes sindicales, los obstáculos a la negociación colectiva y la reducción de los espacios de diálogo social.
El informe también documenta un incremento de la violencia contra quienes defienden derechos laborales: los ataques violentos aumentaron un 6% y se registraron agresiones contra trabajadores en 48 países. En algunos casos, la represión incluye detenciones arbitrarias, ataques a sedes sindicales y persecución de dirigentes por reclamar salarios pendientes o mejores condiciones de empleo.
Menos libertades para organizarse y reclamar derechos
La CSI identifica varias tendencias que agravan el escenario. Entre ellas figuran la persecución de dirigentes sindicales, el uso de herramientas digitales de vigilancia para controlar y silenciar la organización de los trabajadores y la exclusión de los sindicatos de los procesos de elaboración de reformas laborales.
La organización considera que estas prácticas debilitan la capacidad de los trabajadores para negociar colectivamente y defender sus condiciones de vida. Cuando las personas que reclaman salarios, seguridad laboral o derechos de representación se enfrentan a detenciones, violencia o represalias, la libertad sindical queda reducida a una garantía formal.El índice de 2026 ofrece así una radiografía de un problema que va más allá de los centros de trabajo: la posibilidad de organizarse, protestar y reclamar derechos constituye también una condición básica para la participación democrática. La CSI alerta de que el deterioro de esas libertades amenaza tanto la capacidad de los sindicatos para representar a la clase trabajadora como los mecanismos colectivos para limitar los abusos de poder de empresas y gobiernos.
