Madrid ha vivido este sábado una imponente manifestación en defensa del sistema público de pensiones. Decenas de miles de personas llegadas de distintos puntos del país han recorrido el centro de la capital para reclamar pensiones dignas, rechazar su privatización y exigir garantías frente a cualquier intento de recortar derechos conquistados durante décadas de lucha.
La movilización, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), ha reunido a 25.000 personas según la Delegación del Gobierno y a 50.000 según la organización convocante. Las calles se han llenado de pancartas en defensa de las pensiones públicas y de consignas que reclaman salarios y prestaciones ajustados al coste real de la vida.
Entre las principales reivindicaciones figura una subida del 6% de las pensiones en 2027, además de su revalorización conforme al IPC real. Los convocantes también han exigido una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social y medidas que garanticen prestaciones suficientes para todas las personas jubiladas.
La portavoz nacional de COESPE, Francisca López, ha encabezado la marcha defendiendo la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los pensionistas. El movimiento denuncia que las prestaciones actuales resultan insuficientes para afrontar el encarecimiento de los productos básicos, los suministros y la vivienda. Para miles de personas, llegar a fin de mes sigue siendo una dificultad cotidiana después de toda una vida de trabajo y cotizaciones.
Pensiones, salarios y vivienda: una misma lucha
La protesta también ha servido para reivindicar que las condiciones de vida de las personas mayores no pueden separarse de las del conjunto de la clase trabajadora. El Sindicato de Inquilinas se ha sumado a la movilización para denunciar cómo el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida golpea también a quienes viven de una pensión.
La organización ha advertido de que la crisis habitacional no enfrenta a jóvenes y mayores: ambas generaciones sufren las consecuencias de un modelo que dificulta el acceso a una vivienda digna y absorbe una parte creciente de los ingresos familiares. Frente a ese escenario, ha defendido la necesidad de unir las reivindicaciones por salarios suficientes, pensiones dignas y vivienda asequible.
La relación entre salarios y pensiones ha ocupado igualmente un lugar central en la convocatoria. Las cotizaciones que sostienen el sistema público dependen de las condiciones laborales y de los salarios de quienes trabajan. Por ello, la defensa de las pensiones está ligada a la lucha contra la precariedad y por un reparto más justo de la riqueza.
Ninguna pensión por debajo del salario mínimo
Entre las reivindicaciones planteadas durante la jornada también ha destacado la equiparación de las pensiones mínimas con el salario mínimo interprofesional (SMI). Ada Colau, candidata de Frente Amplio a las próximas elecciones generales, ha defendido que ninguna pensión quede por debajo de ese umbral y ha cuestionado que millones de personas jubiladas tengan que afrontar sus gastos con prestaciones insuficientes.
Colau también ha planteado que la edad máxima de jubilación no supere los 65 años. La candidata ha advertido de que las próximas elecciones generales del 29 de noviembre serán importantes para el futuro de las pensiones y ha asegurado que su formación defenderá su ampliación y protección.
La manifestación llega en plena precampaña electoral, con el sistema público de pensiones en el centro del debate político. Los convocantes han querido trasladar un mensaje al conjunto de las fuerzas políticas: las pensiones son un derecho que debe garantizarse y no un espacio para abrir nuevas oportunidades de negocio privado. La multitudinaria respuesta en las calles de Madrid ha vuelto a demostrar la capacidad de movilización del movimiento pensionista, que reclama mantener y ampliar los derechos sociales frente a las amenazas de recortes y privatización. Su reivindicación va más allá de las prestaciones actuales: defender las pensiones públicas significa proteger las condiciones de vida de quienes hoy están jubilados y garantizar que las próximas generaciones también puedan hacerlo con dignidad.
