Europa vive una oleada de movilizaciones que recorre el continente de norte a sur. El 17 de octubre salieron a la calle en Francia entre 550.000 personas, según las autoridades, y 800.000, según la CGT, y el 24 volvieron a hacerlo, con 410.000 según Interior y 800.000 según la CGT. Hay otra jornada el 31 de octubre y huelga general convocada para el 5 de noviembre. En Italia marchó la CGIL junto a más de cien asociaciones y ha convocado huelga general el 20 de noviembre. Bélgica paró el 9 de octubre. En España, CC.OO. y UGT convocan huelga general el 11 de noviembre, la primera en catorce años.
Las razones inmediatas varían. En Francia, el movimiento nació en los liceos el 17 de septiembre y llegó a tener afectados 589 de los 3.700 centros, contra un presupuesto de ajuste de 54.000 millones que suprime 1.588 puestos docentes, según la CGT, y congela los salarios públicos. En Italia se exigen salarios, servicios públicos, justicia fiscal y menos gasto militar. En Alemania, miles de estudiantes se manifiestan contra el nuevo servicio militar. En Portugal, las protestas de Lisboa y Oporto giran en torno a la vivienda, y en Grecia los estudiantes se concentraron en la plaza Síntagma por el coste de la vida y del alojamiento. En Albania, entre el 13 y el 20 de octubre, los estudiantes y la oposición protestaron contra el Gobierno de Rama por las matrículas y la corrupción.
Las movilizaciones españolas tienen una naturaleza particular. Se dirigen contra el bloqueo del poder legislativo a las iniciativas del Gobierno. El 29 de septiembre el Ejecutivo aprobó dos decretos de vivienda que prohibían los desahucios de familias vulnerables, prorrogaban los alquileres, fijaban topes y limitaban la compra especulativa, y el 2 de octubre el Congreso los derogó con los votos de PP, Vox, UPN y Junts, a los que se sumaron PNV y Coalición Canaria en el segundo, mientras el precio de la vivienda suma 49 trimestres de subidas y un 12,2 % en el último. Estas protestas respaldan el impulso de un Gobierno de coalición en el que Izquierda Unida y su grupo parlamentario de la izquierda plural, SUMAR, han empujado al PSOE a aprobar lo que por sí solo no habría aprobado, y que ha convertido al gobierno de coalición progresista en un referente internacional de resistencia frente al trumpismo y al sionismo, aún con medidas que deberían ser más valientes y avanzadas. A ellas se suman las movilizaciones contra las políticas de derecha de comunidades autónomas, como la huelga indefinida de la enseñanza pública madrileña desde el 14 de octubre, con el respaldo de organizaciones de estudiantes, o las huelgas educativas en Aragón, gobernado por PP y Vox. Y de cara a las elecciones del 29 de noviembre aparecen las movilizaciones en defensa de las pensiones ya que Vox propone capitalización, el PP habla de reformas valientes y sacrificios sin concretar, su portavoz en el Congreso dijo que el sistema «va a petar» y fue un Gobierno del PP el que en 2013 limitó la revalorización al 0,25 %.
Hay que denunciar los actos violentos y los saqueos del sábado 24 de octubre en Barcelona, protagonizados por unos 600 jóvenes encapuchados, en su mayoría vestidos de negro, convocados de forma anónima en redes sociales bajo el nombre de «Blocus Barcelona», ajenos a cualquier organización sindical o social y sin reivindicación alguna. Saquearon 23 comercios, levantaron barricadas, quemaron mobiliario urbano y se enfrentaron a los Mossos (policía autonómica catalana), que detuvieron a más de un centenar de personas, una cuarta parte menores. La organización sionista ACOM, que días antes había advertido de que la complacencia del Gobierno con la intifada palestina llevaría el conflicto a las calles de Barcelona. El Gobierno ha señalado que quien sale ganando con el caos y el odio es la extrema derecha, y los Mossos investigan quién convocó. Estas movilizaciones son cívicas y pacíficas, y advierten de los intentos de desvirtuarlas. Se infiltran elementos ajenos, desde grupos fascistas y violentos de todo signo hasta agentes provocadores, como ha ocurrido en otras ocasiones, para generar disturbios, romper escaparates, saquear comercios y molestar al vecindario, con el fin de desprestigiar las protestas y justificar su criminalización. El 17 de octubre, en Francia, hubo al menos 1.800 detenidos tras enfrentamientos y saqueos, y las autoridades los atribuyeron a grupos radicales. El 24 las marchas fueron mayoritariamente pacíficas, con incidentes al anochecer. Los movimientos sociales se desmarcan de estos actos, los denuncian y dejan claro que quienes los cometen no forman parte de la movilización y trabajan contra ella.
Cada protesta puede parecer un asunto distinto, pero todas comparten un telón de fondo: la economía de guerra. Los Estados europeos han pasado de 262.000 millones de gasto en defensa en 2022 a 454.000 estimados en 2026, y en La Haya aceptaron, todos los miembros de la OTAN salvo el gobierno español, bajo la presión de Trump, llegar al 5 % del PIB en 2035. Europa y sus Estados miembros han aportado unos 97.300 millones en apoyo militar a Ucrania, a lo que se suma un préstamo de 90.000 millones para 2026 y 2027, con 45.000 millones previstos este año, mientras Zelenski sigue pidiendo más y más dinero, convirtiendo a Ucrania en una vía abierta por la que Europa se va desangrando económicamente, y Washington y Moscú negocian sin que Europa este invitada a la convocatoria ya que su papel en política exterior es irrelevante. Las reglas fiscales de la UE admiten una excepción para el armamento y ninguna para hospitales o escuelas. En Francia, el presupuesto de 2027 sube 6.400 millones a las Fuerzas Armadas mientras congela todo lo demás y reduce impuestos a las grandes empresas.
A ello se añaden las guerras de Asia occidental. La guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán empezó el 28 de febrero y el Brent ha multiplicado su precio que ahora ronda los 110 dólares, la inflación de la eurozona subió del 1,9 % de febrero al 3,8 % de septiembre, con el precio de la energía disparándose sin límite, y en Yemen, los hutíes han abierto un segundo foco en el mar Rojo. Recuperar la normalidad de rutas y precios llevaría años incluso con un alto el fuego. Y no hay garantías de que llegue: el 22 de septiembre Trump amenazó ante la Asamblea General de la ONU con «aniquilar» la República Islámica de Irán y vinculó un acuerdo a las elecciones de Medio Término del próximo 3 de noviembre. El riesgo de escalada, incluso nuclear, es real también en Europa, donde la confrontación de la OTAN y la UE con Rusia en Ucrania y el refuerzo militar del flanco oriental multiplican las ocasiones de un incidente que active el artículo 5 de la OTAN y arrastre a todo el continente a una guerra entre potencias nucleares.
La salida pasa por el desarme y no por el rearme: parar la carrera armamentística, exigir el fin de las guerras en Ucrania y en Asia occidental, controlar los arsenales y recuperar la diplomacia. Los recursos que hoy se destinan a las armas deben ir a políticas sociales para que, junto a una reforma fiscal justa que haga pagar más a quien más tiene, sostengan la sanidad, la educación, las pensiones y la vivienda. El dinero del pueblo no puede financiar armas para matar a otros pueblos. Para lograrlo hay que vincular cada movilización social con la exigencia de paz, creando un movimiento europeo por la paz o articulando los existentes, con consignas que unan ambos mundos: «Ni un euro para la guerra, todo para la vida», «OTAN no, no a la guerra», «Desarme y servicios públicos».
