Nos encontramos ante el mayor problema de la sociedad española en décadas. Un problema que, aunque ha saltado ahora a los titulares, no es nuevo. Lleva años latente, arrastrándose, incluso, desde antes de la famosa crisis de 2008, el año del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Es incomprensible que haya una gran parte de la población que no tenga la opción de desarrollar su propia vida por no ver garantizado el derecho a un sitio en el que vivir dignamente; un derecho que, además, está recogido en la propia Constitución Española. No estamos hablando solo de los jóvenes, como hemos visto estos días: es un problema de toda la sociedad. La vivienda debe ser un derecho inalienable que no dependa de la edad de la persona.
Tras la dictadura fascista, una gran mayoría social y política apostó por garantizar para todos los españoles derechos como la vivienda, la sanidad, la educación o el trabajo. Poco duró esa ilusión. La minoría especuladora y neo liberal no estuvo por la labor de cambiar de régimen, manteniéndose en el poder real, dominando los medios de producción y los altavoces comunicativos mientras seguían arrebatando derechos a las familias trabajadoras.
De esos barros, estos lodos: hoy en día el acceso a una vivienda es prohibitivo para la mayoría social, agravándose aún más la situación para las amplias capas precarizadas por el sistema capitalista. Un salario ya no garantiza el acceso a un hogar: el precio de compra es muy superior a lo que puede afrontar un sueldo medio y los alquileres alcanzan cifras que superan por completo a los trabajadores, convirtiendo la vivienda en un logro prácticamente imposible de alcanzar para las familias españolas.
Nos encontramos ante una terrible tesitura por la que muchos trabajadores ven truncado un proyecto de vida digna. Arrojados del mercado inmobiliario, se ven obligados a alternativas impensables hace décadas, como el tener que vivir familias enteras en un sola habitación de un piso compartido.
Esta situación no hace más que alimentar la indignación de una parte de la sociedad que ve que su realidad es insostenible y cuyo único recurso es seguir viviendo a costa de sus progenitores.
Como hemos dicho, la crisis estructural impulsada por el capitalismo que vive la vivienda que no es nueva, lleva más de 30 años creciendo, pero es ahora cuando los grandes empresarios han decidido quitarse las caretas y multiplicar sus beneficios a costa de inquilinos y del dinero público que, pagado en su inmensa mayoría por las contribuciones de las familias trabajadoras, había sido invertido en vivienda en las últimas décadas.
Nos referimos a la venta de vivienda social a los llamados fondos ‘buitre’, los cuales se valen de la complicidad de ciertos partidos políticos para lucrarse a costa de las personas a las que éstos deberías proteger. El último ejemplo lo acabamos de ver con el recurso impuesto por el PP a la ley de vivienda que, impulsada por el Gobierno de Navarra, trata de poner freno a esta sinrazón.
La vivienda ya no es un derecho social, es un lujo al alcance de las elites económicas que, incluso, creen que es una inversión para sus negocios y privilegios, al margen del resto de la sociedad.
Ahora, después de un desahucio indigno, la sociedad ha dicho basta. Y con razón. Este clamor popular obligó a la presentación de dos decretos gubernamentales de mínimos, decretos que, vergonzosamente, no fueron aprobados en el Congreso de los Diputados, aumentando aún más la indignación popular. Y es dentro de ese clamor donde empiezan a coger forma las llamadas a una huelga general, que finalmente han convocado los sindicatos de clase para el 11 de noviembre.
Es necesario que esta movilización dé paso a un frente amplio que, desde las calles y las instituciones, garantice unas condiciones de vida dignas para la mayoría social trabajadora.
El Gobierno español ha hecho varios intentos de legislar, a través de los decretos de urgencia de diciembre de 2025, de febrero y marzo de 2026. Iniciativas a las que se unieron las lanzadas por otros grupos parlamentarios de izquierda. Sin embargo, la aritmética parlamentaria, con una mayoría de extrema derecha compuesta por PP-Vox-Junts principalmente, ha impedido su aprobación.
Históricamente, ha sido en la calle, por medio de movilizaciones, donde la clase trabajadora ha conseguido todas sus conquistas. El 11 de noviembre volveremos a vivir un nuevo capítulo de esta larga lucha, por lo que es urgente y necesario hacer un llamamiento al conjunto de esa clase a secundar la huelga general, parar Navarra y llenar las calles de dignidad.
Es necesario que esta movilización dé paso a un frente amplio que, desde las calles y las instituciones, garantice unas condiciones de vida dignas para la mayoría social trabajadora. Es necesario que en ese frente amplio estén los movimientos sociales, las diferentes plataformas de vivienda, organizaciones sindicales y políticas, así como trabajadoras no organizadas.
Se puede debatir si el Gobierno y los sindicatos han llegado a esta situación tarde, si durante los años anteriores se ha hecho poco sobre un problema ya latente, pero lo que está claro es que es hora de reaccionar. Independientemente de las elecciones, de las filias partidistas o sindicales, es el momento de decir bien alto que la vivienda es un derecho, que no se puede especular con ella.
El Sindicato de Inquilinas se ha rebelado y ha dicho basta, y los sindicatos de trabajadores han estado a la altura al sumarse a este clamor. Hay que dejarle claro a este Gobierno, y al que venga, que estamos hartos y que la situación es insostenible: o toman medidas urgentes o la calle estallará.
Nos dicen que esta huelga es ilegal por ser política; pero eso no es más que un intento de la patronal para intimidar a la población e imponer sus propios intereses. Todas las huelgas tienen un trasfondo político, pero ésta es, paradójicamente, la más social y laboral de todas, ya que impacta directamente en las rentas y los salarios de la clase trabajadora.
El 11 de noviembre nos vemos en las calles en una jornada contra la especulación, por el alquiler indefinido, por un parque público de vivienda… pero también para reducir la jornada labora y para demandar una subida salarial ante la carestía de la vida. Una huelga general que señale a los culpables y abra las puertas a las soluciones. Que las hay.
