El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, hizo las siguientes declaraciones a un periódico de ámbito andaluz: “Vox tiene un discurso muy firme y tranquilizador con respecto a las televisiones autonómicas. Queremos cerrar Canal Sur y destinar los 150 millones de euros que nos cuesta cada año a mejorar los servicios públicos y bajar los impuestos”. Sin embargo, detrás de este discurso la postura del partido de extrema derecha, que apoya con su grupo parlamentario al gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía, es ambigua según el momento. De hecho, en 2019 el juez Francisco Serrano se unió al pacto para renovar el Consejo de Administración de la RTVA y colocó a uno de los suyos. Y no dudan, por supuesto, en asistir frecuentemente a entrevistas y tertulias en televisión y radio. Obviamente y a pesar de lo que digan Smith o Abascal, a Vox le interesa mucho más salir en la tele que cerrarla.
La mano del partido en el medio público es larga y viene de lejos. El anterior director de Informativos, Álvaro Zancajo, fue una imposición que vino de Madrid y que tenía vínculos reconocidos con ese partido. La actual directora, Carmen Torres, levantó polémica en redes sociales hace unos meses cuando retuiteó el anuncio de un acto de campaña de Vox en Madrid. Y Canal Sur ha sido siempre un condicionante esencial en los pactos de apoyo al gobierno, una especie de obsesión para Vox y sus representantes, hasta el punto de querer incluso cambiarle el nombre.
Dentro de la tele y de la radio ha habido amenazas, presión para colocar a determinados simpatizantes en los puestos de responsabilidad y utilización del medio público de manera populista y soez. Javier Cortés, Vicesecretario de Organización de Vox en Sevilla, exigió en una entrevista en directo en televisión que no volvieran a calificar a su partido como “de extrema derecha, homófobo y machista”. Alejandro Hernández, portavoz parlamentario, no dudó en rueda de prensa en lanzar una advertencia sobre las medidas que podían tomar para frenar las “actuaciones sectarias y tendenciosas por parte de los redactores”. Posteriormente, llamó además “perrillos” a los periodistas de Canal Sur.
Las trabajadoras y trabajadores sufren las consecuencias. Desde la prohibición expresa de referirse al partido como “extrema derecha” hasta la vigilancia para que al veto parental que quería implantar en las escuelas se le llame exclusivamente “pin parental”. O las órdenes para dejar caer bloques enteros de información política porque el representante de Vox no ha llegado a tiempo para la emisión. Y la ocultación de hechos como el vergonzoso «a la porra, coño, a tomar por culo, hombre» que gritó Hernández en el Parlamento y que el informativo de Canal Sur TV censuró en primera instancia a pesar de tenerlo grabado limpio y claro.
Durante meses, las entrevistas y apariciones de representantes de Vox se han multiplicado en los telediarios y en programas informativos, mucho más allá de lo que sería razonablemente proporcional a la representación que ostenta en el Parlamento. Cierto es que desde este verano su presencia va a menos, quizás debido a la caída del partido en las encuestas y a un posible cambio de estrategia del PP de cara a las próximas elecciones.
¿CORDÓN SANITARIO?
Sin embargo, como sucede en otros medios de comunicación, la influencia de la ultraderecha va más allá de episodios puntuales y ha logrado encharcar con sus discursos toda la programación del ente público, con la aquiescencia del Partido Popular y también de Ciudadanos. Sobre todo a través de colaboradores que participan en tertulias, entrevistados como expertos, y que van ocupando espacio en los informativos. Una especie de redacción paralela que se ha colado por la puerta de atrás. También a través del seguidismo de jefes y editores. Se ha hablado del supuesto rechazo de colectivos vecinales a los pisos de menores inmigrantes no acompañados, del también supuesto miedo generalizado de la población a la ocupación de viviendas, no se han condenado agresiones y amenazas a políticos (de izquierda, claro) e incluso se ha negado la violencia machista. Un colaborador de la tertulia de la radio de la mañana negó y relativizó la violencia de género en el caso de una agresión con ácido de un hombre a dos mujeres en Málaga a principios de año. Tras una denuncia de Periodistas de CCOO en Andalucía, la dirección retiró al colaborador. Sin embargo, tras el verano le ha dado un programa en la radio. Y ha fichado como colaborador en una tertulia televisiva de la mañana a Javier Negre, condenado por difundir bulos y expulsado de otros medios de comunicación.
En el ámbito económico, Vox ofrece una excusa perfecta al PP para mantener Canal Sur en una insoportable asfixia de recursos, medios y personal. El medio público fue una pieza esencial para que los ultras apoyaran los últimos presupuestos del gobierno andaluz. En concreto, el Partido Popular se comprometió a cerrar un canal de televisión, recortar catorce millones del presupuesto del ente y a la definitiva eliminación de la tasa de reposición de personal. En estudio quedaría también la absurda obsesión de la ultraderecha con el cambio de nombre. La movilización de las trabajadoras y trabajadores y el rechazo social han frenado hasta el momento la entrada en vigor total de esas medidas. Sin embargo, escritas están y penden peligrosamente sobre el futuro de la radiotelevisión que tiene la encomienda del servicio público y está blindada en el Estatuto de Autonomía.
Vox es un partido de extrema derecha que defiende en su ideario y en sus programas valores antidemocráticos y que atentan contra los derechos humanos y la convivencia, como el racismo, el machismo, la homofobia y la exaltación de la violencia. Es urgente y necesaria la construcción de un cordón sanitario para evitar que los medios, y en especial los públicos, se conviertan en altavoces de esos valores antidemocráticos, como ya se hace en Francia o Alemania con sus partidos ultraderechistas. Aquí en Andalucía deberíamos abrir ese debate y que las ciudadanas y los ciudadanos decidan si la ultraderecha debe tener no solo presencia en la radio y la televisión pública de las andaluzas y los andaluces sino una influencia muy superior a otros partidos y mucho mayor de lo que sería proporcional en cuanto a su representación parlamentaria. Una influencia que se convierte en injerencia sobre los contenidos, sobre el organigrama, sobre la línea editorial y en una presión permanente sobre sus trabajadoras y trabajadores.
