Una vuelta al aguirrismo puro y duro. Esa podría ser la respuesta que condensaría todo lo que hay detrás del interés demostrado por el PP de volver a tomar las riendas de una radiotelevisión pública madrileña que había recuperado una forma de trabajar responsable, profesional y que comenzaba a restablecer la credibilidad y a mejorar los datos de audiencia.
La ciudadanía madrileña había ido recuperando la confianza en su televisión tras una gestión desastrosa que llevó a la cadena a índices de audiencia prácticamente insignificantes por una manipulación informativa descarada. Una gestión que también desembocó en un ERE que dejó en la estacada a casi mil personas y cuyas consecuencias aún perduran.
Lo que está pasando en Telemadrid solo puede entenderse desde esa óptica. Un intento de tomar posesión de nuevo de la televisión pública madrileña y utilizarla para sus intereses particulares. Para ello no han tenido ningún pudor en contradecir su propia opinión con respecto a la ley que ahora se han cargado con carácter de urgencia. De hecho, la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, era la encargada de defender por parte del PP la ley que se votó mayoritariamente por la Asamblea de Madrid en 2015. Con esta actitud han demostrado ser un partido muy poco fiable, capaz de decir una cosa y la contraria en un corto espacio de tiempo.
La reforma exprés de la ley que regulaba la radiotelevisión pública madrileña se ha hecho para poder destituir a su director general y a su equipo directivo, que tenían un mandato de seis años, y de este modo hacerse con el control de la línea editorial de la cadena. La dirección nombrada por consenso en la legislatura anterior fue destituida pocas semanas después de las elecciones del 4 de mayo para nombrar a personas afines al Partido Popular y alejar de la toma de decisiones a los grupos parlamentarios de la oposición y a las organizaciones sociales y profesionales.
Estos cambios han permitido designar a un nuevo administrador que, en función de las modificaciones introducidas en la ley, podríamos denominar como provisionalmente permanente, ya que no hay en el texto de la reforma ningún plazo definido de manera expresa para la elección y nombramiento de un nuevo director general que cumpla su función por el tiempo establecido. Es decir, que la nueva persona designada por el gobierno de Ayuso, con el concurso de la ultraderecha, podrá alargar su ‘provisionalidad’ lo que el PP necesite para hacer y deshacer al frente de la cadena.
TELEAYUSO CONTRA EL GOBIERNO CENTRAL
Las consecuencias de esta reforma ya se están empezando a notar. En primer lugar con la reducción de la información sobre Madrid y las noticias de proximidad frente a otras de carácter nacional. La razón es sencilla: la nueva Telemadrid debe servir de ariete en contra del gobierno central. Además se ha incrementado la presencia de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid o de la ultraderecha en entrevistas y otros formatos informativos, por no hablar del seguimiento continuo de los pasos de la presidenta. Hemos pasado de TeleAguirre a TeleAyuso. Los resultados de estos cambios ya han empezado a percibirse con la bajada de los niveles de audiencia y un desprestigio del que siempre es muy difícil recuperarse.
Ante esta situación, desde el Comité de Empresa hemos manifestado nuestra preocupación por cómo podrían afectar estos cambios al futuro de la casa. Los intentos de Vox para acabar con un medio de comunicación público han provocado una reducción del 10% del presupuesto absolutamente injustificada ya que, según el mismo gobierno regional, es la radiotelevisión autonómica con menor coste por ciudadano.
Estamos ante un presupuesto de por sí ya muy ajustado, cuya reducción pone en peligro la viabilidad de nuestra empresa y compromete el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, plural, independiente y de calidad. Desde el Comité de Empresa nuestra prioridad es la estabilidad de la plantilla y sus derechos laborales, el respeto a su profesionalidad y la defensa, tal y como expresa la ley, de un servicio público esencial.
Contamos con el apoyo del conjunto de los grupos de la oposición, que han presentado iniciativas en contra de esta reforma, además de las principales organizaciones sindicales, sociales y profesionales, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que también han mostrado públicamente su rechazo a estos cambios. Todo ello refuerza nuestra convicción para seguir en la defensa de Telemadrid y de sus profesionales.
