El mercado de la vivienda en España atraviesa lo que desde el Partido Comunista de España (PCE) calificamos como la segunda crisis habitacional del siglo XXI. A diferencia del colapso de 2008, provocado por la burbuja hipotecaria que arruinó a familias y por el rescate bancario, la emergencia actual se manifiesta en la carestía del alquiler y la dificultad para acceder a un hogar. El crecimiento desmedido de los precios desborda la evolución salarial de la clase trabajadora, convirtiendo el acceso a la vivienda en un vector de empobrecimiento y transferencia de riqueza hacia sectores rentistas y fondos especulativos.
En medio de esta asfixiante emergencia, existe una sangrante paradoja en el parque inmobiliario español: la coexistencia del hacinamiento con más de 2,3 millones de viviendas vacías en España (según el INE), acaparadas por entidades financieras y grupos especuladores. Resulta inaceptable que, mientras la población trabajadora es expulsada por rentas inasumibles, los monopolios financieros mantengan bajo llave un volumen colosal de inmuebles para condicionar la oferta, inflar precios y maximizar sus beneficios a costa del sufrimiento social.
Para entender esta saturación es clave analizar la dinámica demográfica y socioeconómica reciente. En la última década, la población ha pasado de 46,4 millones en 2015 a rozar los 49 millones a inicios de 2025, debido a la llegada de población trabajadora extranjera empleada en el turismo y la hostelería, concentrada en regiones turísticas. Paralelamente, la creación de hogares se ha acelerado, sumando 2,2 millones en catorce años y llegando hasta los 19,3 millones, mientras disminuye el tamaño medio del hogar a menos de 2,5 personas y crecen los hogares unipersonales, que superan los 5 millones.
Frente a este aumento de la demanda residencial, el parque inmobiliario apenas ha crecido en medio millón de unidades desde el fin de la anterior crisis. La brecha entre la creación neta de hogares y la escasa edificación protegida (VPO) provoca una distorsión que alimenta dinámicas de hacinamiento y superpoblación, la infravivienda y el alquiler abusivo. Mientras tanto, más del 59 % de las viviendas en propiedad presentan paradojas de infraocupación, reflejando una distribución ineficiente del parque existente.
Esta situación acelera la erosión de la «España de propietarios» configurada bajo el lema de «hacer de España un país de propietarios y no de proletarios». Si en 1999 el 86 % de los hogares vivía en propiedad, hoy esa cifra ha caído al 75-76 %. El desplome es devastador: en 2011, casi el 70 % de hogares jóvenes poseía vivienda; en 2022 apenas alcanzaba el 30 %. En cambio, los hogares en alquiler han aumentado del 13,5 % al 15,9 %, afectando al 56 % de los hogares formados por población extranjera.
La vivienda ha dejado de ser un valor de uso para convertirse en capital comercial orientado a la extracción de plusvalía
El espacio dejado por las familias trabajadoras ha sido ocupado por la financiarización inmobiliaria. La vivienda ha dejado de ser un valor de uso para convertirse en capital comercial orientado a la extracción de plusvalía. Grandes tenedores y fondos buitre acaparan más de un millón de inmuebles, controlando más de un tercio del mercado de alquiler. A esto se suma la expansión de las SOCIMI, la edificación para alquilar («Build to Rent») y las 400.000 Viviendas de Uso Turístico (VUT), que retiran oferta de los centros urbanos y disparan precios.
En este escenario se ha producido un hito político crucial en el Congreso de los Diputados: la caída de los decretos «Mari Carmen» sobre vivienda, acordados por el Gobierno ante la presión popular contra los desahucios. En las votaciones del 2 de octubre, el rechazo de la Cámara hizo decaer este paquete legislativo cuando la derecha nacionalista incumplió el acuerdo alcanzado y sumó sus votos al PP, Vox y UPN, asumiendo su papel como herramienta política de la oligarquía financiera, los rentistas y especuladores inmobiliarios. La derecha nacionalista ha antepuesto los intereses lucrativos del capital rentista a los derechos fundamentales de las familias trabajadoras, dejándolas desprotegidas frente a procesos de desahucio. Esta convergencia de la derecha estatal, la ultraderecha y la derecha nacionalista instaló al país en un escenario de bloqueo político y de imposible gobernabilidad.
Protección de los inquilinos y freno a los desalojos
Tras la disolución de las Cortes, el Consejo de Ministros aprobó los RDL 28/2026 y 29/2026 —pendientes de convalidación por la Diputación Permanente—, que recuperan las medidas decaídas e introducen reformas clave para reforzar la protección de los inquilinos y frenar los desalojos. En materia contractual, la norma regula los arrendamientos temporales y por habitaciones para evitar fraudes, exigiendo causa justificada y fijando un límite general de doce meses. Asimismo, se reconocen prórrogas extraordinarias de los arrendamientos de hasta un año por vulnerabilidad económica ante grandes tenedores y de hasta tres años en zonas de mercado residencial tensionado.
En el plano económico, se fijan topes a los precios mediante el índice de referencia (IRAV) y se prohíbe repercutir gastos de gestión inmobiliaria o tributos ajenos al arrendatario. En cuanto a habitabilidad, el inquilino puede acometer reparaciones necesarias y descontarlas de la renta si el arrendador no responde en quince días naturales, mientras que las garantías adicionales quedan limitadas a dos mensualidades.
Respecto a los lanzamientos, se articula un régimen de suspensión hasta el 31 de diciembre de 2030 para personas vulnerables sin alternativa habitacional ante ciertas entidades. En algunos supuestos, la suspensión de lanzamientos puede extenderse hasta tres años, con revisión anual. Además, se introduce la enervación extraordinaria por impago: si los servicios públicos no ofrecen realojo ni abonan la deuda en dos meses, la Administración se subroga en la deuda y el lanzamiento no procede. Esta tutela alcanza también a ejecuciones en curso sin practicar el lanzamiento.
Medidas necesarias pero no suficientes
Hemos logrado estos decretos, a los que se les conoce como «Mari Carmen», cuando la luchadora que les dio nombre ha muerto tras ser desahuciada, víctima de los especuladores y sus lacayos mediáticos y políticos. La causa de Maricarmen y de tantas familias trabajadoras en su misma situación nos obliga a redoblar nuestro trabajo e implicación para lograr el triunfo de la Huelga General convocada por los Sindicatos de Inquilinas/os y las organizaciones sindicales de clase para el 11 de noviembre. Porque las actuales medidas son necesarias, pero no suficientes.
A POR LA VIVIENDA COMO SERVICIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ASEQUIBLE
Frente a la encrucijada entre concebir la vivienda como un negocio privado o como una garantía de vida digna, la solución exige superar la concepción mercantil de la vivienda e implantarla como un servicio público e infraestructura social bajo control democrático, articulando un verdadero parque público de vivienda en alquiler social y asequible.
Y, en el plano de las medidas de urgencia, proponemos restablecer la estabilidad mediante el contrato de alquiler por tiempo indefinido, revirtiendo el «Decreto Boyer» de 1985.
Planteamos fijar topes al alquiler por debajo del IPC y condicionar fondos estatales al cumplimiento de la Ley de Vivienda en zonas tensionadas.
Para frenar la especulación, defendemos prohibir la compra de viviendas no destinadas a residencia habitual o alquiler asequible (cuya renta y suministros no superen el 30 % de los ingresos del hogar)
Demandamos la eliminación de beneficios fiscales al rentismo en el IRPF, Impuesto de Sociedades e ITP.
Se debe prohibir nuevas licencias VUT, aplicar el IVA general a las existentes para financiar el parque público y perseguir la oferta irregular.
Paralelamente, pedimos inspecciones públicas de vivienda y suspender desahucios a familias vulnerables.
Estructuralmente, nuestra estrategia para consolidar este parque público en alquiler social y asequible se basa en la socialización del patrimonio inmobiliario para multiplicar la oferta pública, que hoy representa un 2 %, otorgando preferencia a la adquisición de inmuebles en manos de la SAREB y de las entidades rescatadas, a la rehabilitación energética de edificios en barrios obreros y a la división de pisos sobredimensionados antes que a la edificación masiva.
Finalmente, desde el PCE sostenemos que la transformación radical del modelo habitacional solo surgirá de la edificación de un «Frente Único» que articule al tejido sindical de clase, las plataformas de vivienda, las asociaciones vecinales y el movimiento juvenil. En la línea del Frente Único, apostamos por el éxito de la Huelga General convocada por las organizaciones sindicales de clase, respondiendo a la patronal que la vivienda es un conflicto laboral pleno, pues su precio incide directamente en las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Solo la unidad de acción y la movilización popular conseguirán alterar la correlación de fuerzas para doblegar al capital financiero, desarmar la demagogia de la «okupación» y asentar para siempre que el techo es un derecho inalienable.
¡Vivienda por derecho, pública y social! No se especula con el hogar.
![Batjargal Baatarzorig (Mongolia), Nomads [Nómadas], 2014.](https://i0.wp.com/mundoobrero.es/wp-content/uploads/2026/11/nomadas_pintura.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)
