El futuro de Tubos Reunidos vuelve a estar en el aire. La apertura judicial de la fase de liquidación de las sociedades que gestionan sus tres plantas ha situado a cerca de 1.400 trabajadores de Amurrio, Nanclares y Trapagaran ante un nuevo escenario de incertidumbre. Mientras se buscan compradores para mantener la actividad, la plantilla sigue sin conocer las condiciones de las ofertas ni disponer de garantías suficientes sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo y el cobro de sus próximas nóminas.
Ante esta situación, Comisiones Obreras (CC.OO.) reclama una mayor implicación de las instituciones públicas para evitar que la crisis de la compañía termine desembocando en una nueva destrucción de empleo industrial. Mikel Paños, representante del sindicato en Tubos Reunidos, considera imprescindible que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) modifique su posición respecto a la deuda de la empresa y facilite una solución que permita la entrada de un comprador.
«Necesitamos implicación desde las instituciones para lograr un cambio de postura de la SEPI en cuanto a la deuda que acarrea la empresa porque, de no ser así, será difícil que se solucione y se mantengan los puestos de empleo», advierte Paños. El sindicato considera que las exigencias del organismo público respecto a la devolución del crédito pueden convertirse en un obstáculo para encontrar inversores y garantizar la continuidad de las instalaciones.
La SEPI concedió a Tubos Reunidos un préstamo de 112,8 millones de euros en 2021, cuyo vencimiento está previsto para 2028. La deuda total de la compañía ronda los 300 millones. La administración concursal considera que exigir al futuro comprador que asuma los aproximadamente 150 millones correspondientes a la deuda con la SEPI podría ahuyentar a los interesados. Por ello, la posibilidad de una quita parcial o total se encuentra también pendiente de decisiones en el ámbito europeo, al estar vinculada a fondos comunitarios.
Una solución industrial frente a los recortes
La situación actual llega después de casi un año de conflicto laboral. En febrero, la dirección presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) que inicialmente contemplaba 301 despidos, además del cierre progresivo de la acería de Amurrio y la externalización de diferentes departamentos y servicios. La representación sindical rechazó el planteamiento por considerar que no solo suponía una amenaza directa para los puestos de trabajo, sino que comprometía la propia capacidad productiva de la compañía.
CC.OO. advirtió entonces de las consecuencias que tendría desmantelar la acería, una instalación fundamental para mantener la autonomía industrial de Tubos Reunidos. «Que cierre la acería es muy mala noticia porque resulta casi imposible volver a abrirla», señalaba Paños durante el conflicto.
La negociación del ERE terminó sin acuerdo y dio paso a meses de movilizaciones, con paros parciales y una huelga indefinida que se prolongó durante 61 días. La plantilla defendió el mantenimiento de las instalaciones y exigió garantías de futuro frente a un plan empresarial que, a su juicio, pretendía resolver los problemas financieros reduciendo la estructura industrial y trasladando las consecuencias a los trabajadores.
La huelga se desconvocó a mediados de mayo, pero el conflicto no ha terminado. La entrada en concurso de acreedores abrió una nueva etapa en la que la prioridad sindical pasó a ser encontrar un proyecto industrial viable que garantizase la continuidad de las tres fábricas y sus empleos.
Catorce empresas interesadas, pero sin garantías de futuro
Actualmente, catorce empresas han mostrado interés por hacerse con Tubos Reunidos, aunque la administración concursal ha seleccionado cinco propuestas para avanzar en el proceso. La plantilla denuncia la falta de transparencia sobre las negociaciones y reclama conocer qué condiciones plantean los posibles compradores, qué instalaciones pretenden mantener y qué compromisos laborales están dispuestos a asumir.
Una de las principales preocupaciones se concentra en Nanclares, donde trabajan alrededor de 60 personas. La administración concursal ha planteado un ERE de extinción para toda la plantilla, frente al que los sindicatos han mostrado su rechazo. También se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un ERTE de dos meses.
La apertura de la fase de liquidación, acordada judicialmente el pasado 11 de noviembre, no implica el cierre automático de las fábricas, pero sí sitúa el proceso de venta bajo una mayor presión. La administración concursal ha asumido las funciones de gestión y deberá avanzar en la búsqueda de compradores para las unidades productivas.
En Amurrio, además, la actividad industrial continúa y han comenzado a recibirse nuevos pedidos, algunos destinados al mercado estadounidense. Este hecho cuestiona parte de los argumentos utilizados por la anterior dirección para justificar los recortes, que atribuía a los aranceles impuestos por Donald Trump las dificultades comerciales de la compañía.
La responsabilidad pública en el futuro industrial
Para CC.OO., el desenlace de Tubos Reunidos no puede abordarse exclusivamente como una operación financiera. Está en juego una actividad industrial estratégica y el empleo de una comarca que ya ha sufrido otros procesos de desindustrialización. La continuidad de las instalaciones resulta fundamental para mantener el tejido productivo de Aiaraldea y evitar que una nueva crisis empresarial termine trasladando sus costes a las familias trabajadoras.
El comité de empresa, integrado por CC.OO., ELA, LAB, UGT y ESK, ha reclamado reuniones urgentes con la SEPI y el Ministerio de Hacienda. La representación de los trabajadores denuncia que, pese a haber solicitado interlocución directa con ambas instituciones, todavía no ha recibido respuesta. También exige al Gobierno vasco una mayor implicación en la búsqueda de una solución.
La plantilla espera ahora una nueva reunión prevista para el 2 de diciembre, a la que llega sin conocer qué ofertas siguen adelante ni si estarán garantizadas las próximas nóminas. Después de meses de movilización y de un proceso concursal marcado por la incertidumbre, CC.OO. insiste en que la salida debe pasar por un proyecto industrial sólido, con garantías de empleo y mantenimiento de las capacidades productivas.
La crisis de Tubos Reunidos vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de proteger la industria y evitar que los problemas derivados de decisiones empresariales y financieras terminen resolviéndose mediante despidos y cierres. Para los sindicatos, no basta con encontrar un comprador: es imprescindible que exista un compromiso real con el futuro de las fábricas y de quienes trabajan en ellas.







