La isla de La Palma está sufriendo una de las mayores catástrofes naturales de la Europa política en las últimas décadas. Esta erupción ha provocado la evacuación de 7.000 personas y está afectando a entre el 8% y el 9% de la superficie total de la isla con un balance, hasta noviembre, de más de 1.400 infraestructuras dañadas, de las cuales 1.100 son de uso residencial según los datos del catastro.
Todo el terreno afectado está situado en la zona conocida como el Valle de Aridane, donde se encuentran los términos municipales de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte. La mayoría de los afectados están localizados en zonas de medianías, históricamente poco pobladas y de forma diseminada pero que han incrementado sus habitantes de forma exponencial en los últimos setenta años, primero con el desarrollo de la agricultura intensiva pero sobre todo debido al boom turístico a partir de los años 80 y las legislaciones adecuadas a vanagloriar al turismo. Es por ello que el 48,9% de las edificaciones destruidas tengan menos de treinta años y la lava haya sepultado 213 alojamientos con una capacidad superior a las 900 camas, casi una sexta parte de las disponibles en toda la isla (https://bit.ly/3nJ9pyb)
Los más afectados, cientos de familias que han perdido su única vivienda, aún esperan una solución para poder empezar a reconstruir sus vidas. Son más de 400 las familias albergadas en diferentes establecimientos hoteleros de la isla y no sabemos cuántas están viviendo con otros familiares, llegando a pasar de vivir tres o cuatro personas en una casa a hacerlo hasta 11 y 12 con familias enteras durmiendo en una misma habitación.
Nos estamos enfrentando a una situación desconocida para la mayoría. Los recuerdos de palmeros y canarios en general sobre erupciones volcánicas nos retrotraen a las del Teneguía (1971), San Juán (1949) o el Tagoro (2011), eventos casi inofensivos para la población de la época y ninguna institución pública se planteaba erróneamente la posibilidad de una erupción más dañina como la que estamos padeciendo. Estos dos meses de erupción se han caracterizado por la lentitud de las instituciones a la hora de gestionar la catástrofe, la falta manifiesta de medios y el situar el foco mediático en intentar reactivar el turismo y salvar los cultivos de plátanos en gran parte de la costa afectada.
Reconstrucción
Es nuestra labor tener los ojos bien abiertos durante todos los procesos de ayudas y reconstrucción. Todavía estamos a tiempo de desarrollar proyectos en los que la vuelta a una vida normal para las personas afectadas sea lo más productiva y veloz con el objetivo de hacer primordial la faceta psicológica como, por ejemplo, que se mantengan los lazos comunitarios y las características de su vida anterior. Esto puede ser posible gracias a las casas prefabricadas y las parcelas disponibles en los municipios afectados.
El trabajo de reconstrucción de las vidas de las personas que lo perdieron todo es solo una parte del escenario al que se va a enfrentar la isla en los próximos meses y años y la falta de trabajadores públicos es uno de los mayores hándicaps. Hay que recurrir a políticas de trabajo garantizado para combatir varios problemas del pasado, presente y futuro. Sería un espaldarazo económico para cientos de familias, muchas de ellas en situación de riesgo de pobreza, la única manera de tener los trabajadores suficientes para realizar un proceso de reconstrucción en el menor tiempo posible.
Hay que garantizar que los derechos y las necesidades de la clase obrera afectada tanto directa como indirectamente sean una prioridad para los gobiernos de turno y dar la cara cuando, una vez más se siga priorizando y sea la apuesta principal el actual modelo de turismo y también cuando quieran sacar tajada terratenientes o aguatenientes, perjudicando aún más a los pequeños agricultores y al futuro de la isla.
