Tras tres años de Conversaciones de Paz en La Habana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP) y la Delegación del Gobierno de Colombia han alcanzado acuerdos sobre tres de los seis puntos de la agenda de conversaciones, concretamente sobre reforma rural integral, participación política y garantías de la oposición política, y sustitución de cultivos de uso ilícito. En la actualidad se aborda el punto sobre víctimas, en el que se ha acordado poner en marcha un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, sistema nunca antes construido en ningún proceso de Paz, que tiene como finalidad salvaguardar y garantizar los derechos de las víctimas, repararlas y acabar con la impunidad estructural que existe en Colombia tras más de 50 años de guerra. Los grandes espacios de impunidad, al decir del Informe sobre Colombia de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de noviembre 2012, han beneficiado a los agentes del Estado y los grupos paramilitares, entendidos éstos en sentido amplio: no solo combatientes y altos mandos militares sino también organizadores, financiadores y políticos implicados en la llamada «parapolítica» o que han dirigido las actuaciones de las fuerzas militares desde cargos de gobierno u otras posiciones de poder. El informe de la Fiscalía de la CPI señala claramente que a lo largo del conflicto el Estado se ha aplicado contundentemente -por medios legales e ilegales- a combatir a las organizaciones guerrilleras, FARC-EP y ELN, concluyendo que éstas no han disfrutado nunca de la impunidad habitual en Colombia.
En el punto de víctimas se han alcanzado hasta ahora acuerdos para la creación de una «Comisión histórica del conflicto y sus víctimas», la creación de una «Comisión de esclarecimiento de la verdad y no repetición», la creación de una «Jurisdicción especial de paz», que tendrá competencias judiciales para conocer de los crímenes no amnistiables -crímenes internacionales: graves crímenes de guerra, crimen de lesa humanidad y genocidio- perpetrados durante el conflicto tanto por combatientes como por no combatientes y por personas que hayan tenido cualquier relación directa o indirecta con el conflicto. También se ha llegado a distintos acuerdos de desescalamiento de la guerra, en especial el Acuerdo de descontaminación de «Restos explosivos de guerra, municiones sin explotar y minas antipersona» y el reciente acuerdo parcial sobre búsqueda, ubicación y desaparición de personas desparecidas durante el conflicto.
Las FARC-EP han acordado 18 medidas unilaterales de desescalamiento, entre ellas cinco «cese el fuego provisionales» y el actual «cese el fuego indefinido» que viene manteniéndose desde julio de 2015. El gobierno únicamente ha aprobado una medida unilateral de desescalamiento: el cese de los bombardeos aéreos a los campamentos de las FARC-EP, que viene manteniéndose desde agosto de este año.
El acuerdo de Jurisdicción especial de Paz prevé una amnistía para los guerrilleros por delitos políticos y conexos, es decir, delitos imprescindibles para llevar adelante la rebelión.
Se contempla que la amnistía se extienda a aquellos líderes sociales, políticos, campesinos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, y en general personas condenadas o perseguidas por ejercer oposición al orden social y político vigente; también a personas condenadas por el ejercicio de la protesta social; así como se ha propuesto por las FARC-EP que alcance también a aquellos delitos originados en la pobreza o la exclusión social relacionados con el conflicto, tales como las condenas impuestas a campesinos pobres por trabajar en la recolección de hoja de coca.
El sistema de justicia se ha diseñado para conseguir que se ofrezca toda la verdad posible en forma voluntaria a cambio de la imposición de sanciones restaurativas, consistentes en la realización de actividades reparadoras para las víctimas del conflicto y la sociedad. Por el contrario, para aquellos que se nieguen a ofrecer verdad o lo hagan tardíamente o reconozcan verdad únicamente de forma parcial, se contemplan sanciones retributivas con sanciones de hasta 20 años de cárcel.
La Mesa de Conversaciones tiene pendiente cerrar el acuerdo sobre Reparación a las víctimas, que no ha podido ser acordado hasta ahora debido a distintas reticencias del Estado a asumir la reparación integral a las víctimas.
Queda pendiente de ser acordado el componente de No Repetición del Sistema integral. Por parte de la guerrilla, las garantías de no repetición que debe ofrecer son claras: la desaparición como organización armada y su transformación en una fuerza política. Más problemático está siendo acordar las garantías de no repetición que debe ofrecer el Estado, que han de consistir en la erradicación de la Doctrina de Seguridad Nacional o de guerra contrainsurgente en las estrategias y programas de las fuerzas militares y de policía, dedicar al Ejercito a cumplir exclusivamente sus funciones constitucionales -defensa de las fronteras y de la soberanía nacional- y dedicación únicamente de las fuerzas policiales a garantizar el orden público. Muy difícil está resultando alcanzar un acuerdo sobre el desmantelamiento efectivo del paramilitarismo, arguyendo el gobierno bien que esta realidad ya no existe -únicamente existirían «bandas criminales»- o bien su imposibilidad para acometer esta tarea. Conviene recordar lo ocurrido en Colombia tras la firma del acuerdo de paz con Uribe en la década de los años 80, cuando los grupos paramilitares en connivencia y colaboración con el Estado perpetraron el exterminio íntegro del partido político de izquierda “Unión Patriótica» (UP), asesinando a mas de 5.500 de sus militantes y cargos públicos, hecho que ha quedado en la absoluta impunidad hasta el día de hoy. No será posible alcanzar un Acuerdo Final de paz que ya está al alcance de la mano, si existe el mas mínimo riesgo de que estos hechos vuelvan a repetirse.
