El pasado 8 de febrero, la embajadora de Israel, Rodica Radian-Gordon, participaba en un acto en la facultad de Filología de la Universidad Complutense. Como es habitual en estos casos, grupos estudiantiles y activistas solidarios con la causa palestina se concentraron contra la representante de la Entidad sionista, protesta que fue disuelta por la Policía la cual intervino para dispersar a los manifestantes.
La situación que fue de lo más tensa, dejó una imagen dantesca: en un momento determinado, una persona sin identificar sacó una pistola y apuntó a la gente que estaba en la protesta. La escena quedó grabada en un video que empezó a circular por las redes sociales y que ha obligado al Ministerio del Interior a reconocer que se trataba de un agente israelí, miembro del servicio de seguridad de la Embajada de ese país en España.
Ante esta información, Unidas Podemos ha registrado una iniciativa en el Congreso para solicitar información específica y detallada al Gobierno sobre el “grave” incidente ocurrido en instalaciones académicas de la Universidad Complutense de Madrid. Durante el mismo, “un agente del servicio de seguridad de la Embajada israelí esgrimió una pistola” en el desarrollo de una protesta motivada por la prohibición de acceso a determinadas personas a la conferencia que ofrecía la embajadora de Israel en España, “excediendo en sus funciones y poniendo en riesgo la seguridad de los allí presentes”, según valora en el texto el grupo confederal.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz de Interior de Unidas Podemos, Enrique Santiago, y el diputado del mismo grupo Antón Gómez-Reino, firmantes de la iniciativa, piden al Ejecutivo, entre otras cuestiones, que se pronuncie sobre si “considera que la actuación del agente israelí identificado fue desproporcionada y excedió las funciones para las que estaba autorizado”.
La iniciativa de Unidas Podemos recoge diversas informaciones periodísticas contrastadas que señalan que “a pesar de tratarse de unas conferencias de carácter abierto organizadas por la propia universidad, el acceso al salón de actos les fue negado a ciertos estudiantes, mayoritariamente aquellos que poseían nombres o apellidos de procedencia árabe”.
“Además, hay testigos que narran que aquellas personas que hubieran participado en la defensa de los derechos de los palestinos en el pasado también fueron discriminados a la hora de entrar” y que “según los estudiantes asistentes a la conferencia, todo lo anterior conduce a pensar que hubo una investigación previa sobre los participantes, ya que estos mismos relatan haber visto nombres tachados en rojo en función de los criterios ya mencionados”, prosigue el texto registrado en el Congreso.
Todas estas circunstancias han sido recogidas en el atestado de la Brigada Provincial de Información de la Policía, según los medios, que incluye también la actuación pistola en mano del supuesto agente del servicio de seguridad de la Embajada israelí. Informaciones periodísticas exponen también que portavoces de la Embajada de Israel “han negado los hechos, a pesar de que la Policía ya ha identificado al agente israelí que, si bien tenía autorización para cumplir su función de protección de la embajadora de Israel, no la tenía para ejercer una intervención en una situación de orden público”.
Los diputados de Unidas Podemos completan su iniciativa planteando si “dada la gravedad de los hechos, ¿se ha retirado la autorización o acreditación a este agente para evitar que siga prestando sus servicios en España?” y de no ser así “¿cuáles son las razones para ello?”. En todo caso, buscan que los responsables de Interior en el Gobierno informen a nivel parlamentario sobre “qué medidas pretenden tomar con respecto al agente israelí identificado”.
