El Ministerio de Trabajo que ha dirigido Yolanda Díaz durante la legislatura que ahora concluye ha anunciado un acuerdo con los sindicatos CC.OO. y UGT para la creación del Estatuto del Becario, una norma propuesta en mayo de 2022 que ha pasado por numerosas reuniones y debates y que finalmente no contará con el apoyo de la patronal CEOE-Cepyme, que prefiere esperar a que pasen las elecciones para ver si de las urnas sale un gobierno más propicio para sus intereses.
Desde CC.OO. han asegurado que están «muy cerca de un acuerdo», pero que «quedan algunos pequeños flecos para poder cerrarlo». En declaraciones a los medios, el sindicato de clase ha asegurado que buscan un acuerdo que «sirva para que los becarios y la juventud no tenga una entrada en el mundo laboral por la vía de la explotación y por la vía de la precariedad, como sucede ahora mismo».
Según fuentes de Trabajo, el acuerdo que se está ultimando «responde a los objetivos planteados al inicio de la negociación en la Mesa de Diálogo Social que abordaba esta materia, como era la definición de los límites de las prácticas, sin equívoco para evitar nichos de fraude laboral«. Además, también se limitan «de forma severa las prácticas extracurriculares», y qué tipos de enseñanzas regladas podrán ofertar las prácticas laborales.
El documento también prevé establecer un régimen sancionador que garantizará el cumplimiento de la norma que protegerá «los derechos de las personas que realicen prácticas en empresas y evitará por fin que las becas puedan encubrir trabajo precario».
El texto lleva gestándose un año y regulará las condiciones laborales de los estudiantes en prácticas. Por primera vez, reconocerá a los becarios la compensación de gastos como la comida o el transporte y multas que podrían superar los 200.000 euros. El ejecutivo lo podría aprobar con un real decreto que tendrá que ser tramitado por la Diputación Permanente del Congreso.
