El pasado 8 de diciembre la costa gallega volvió a ser escenario de una enorme vertido. Como se viene repitiendo desde mediados del siglo XX, parte del material transportado por un carguero se derramó en las proximidades de las rías. Si hace poco más de veinte años el elemento contaminante era el combustible que transportaba el Prestige, ahora son millones de microplásticos los que amenazan la biodiversidad del mar y el sustento de cientos de familias trabajadoras.
La Xunta de Galicia repite su particular protocolo de hace 21 años: no hacer nada y quedarse esperando a que nadie se dé cuenta de lo ocurrido, para, después, soltar disparates en forma de declaraciones políticas, excusas y eximirse de la responsabilidad que les obliga como representantes políticos del pueblo gallego. A la tragedia ecológica y laboral que se puede desatar por el vertido del barco Toconao se suma la incompetencia política y de gestión del gobierno de Rueda. Resulta desalentador descubrir que, a pesar de los antecedentes, las evidencias demuestran que ni se han tomado medidas preventivas para frenar y reaccionar ante hechos de este tipo ni los responsables vuelven a estar a la altura de lo sucedido.
El único rayo de esperanza en esta sucesión de acontecimientos fatídicos reside, como casi siempre, en la reacción del pueblo trabajador organizado. Contrariamente a las autoridades, a las pocas horas de hacerse público el incidente, y con la aparición de los primeros perdigones al norte de la península del Barbanza, cientos de voluntarios se organizaron para turnarse y empezar a limpiar las playas afectadas. Entre estas tareas hay que destacar la labor de coordinación que lleva a cabo la asociación ecologista Noia Limpa. Una vez más el pueblo trabajador demostró mayor altura moral y eficacia ante sus gobernantes.
Hace unos días el Partido Comunista de Galicia hablaba con José Romarís, mariscador de la Ría da Noia y secretario de Plademar Muros-Noia (una plataforma creada por gente del mar para defender el medio ambiente y los intereses de la ría). José contó sus impresiones sobre la crisis ecológica provocada por el último vertido que amenaza las rías gallegas. Además, valoró la política pesquera desarrollada por el Partido Popular en las últimas décadas y denuncia el olvido que, antes Feijóo y ahora Rueda, condena a un sector esencial para la economía y la sociedad gallega.
Romarís critica la parálisis de la Xunta ante el vertido de perdigones, una parálisis a la que siguieron sorprendentes análisis por parte de los responsables de la Consellería do Mar, y finalmente por la manipulación de los medios de comunicación y la compra de voluntades para silenciar lo sucedido.
José Romarís destaca también la «debacle productiva» que supone el fuerte descenso de las capturas de berberecho y almeja en la Ría de Arousa, y que se ha traducido en una reducción del 80 % en los últimos 20 años. Una caída dramática de la producción que no mereció ninguna acción por parte del Departamento de Pesca. Lejos de invertir en investigación para fomentar la productividad de los bivalvos y frenar la mortalidad, el Gobierno favorece la minería predatoria y contaminante, y permite a las eléctricas una gestión anárquica del vaciado de los embalses, lo que perjudica enormemente al sector marisquero por la desulfuración descontrolada de las aguas.
