La migración es un fenómeno estructural sobre el que nuestro país debe tener un debate político real. Ocupamos un lugar geográfico que hace que la migración sea parte de nuestro día a día, teniendo en cuenta los diferentes conflictos armados que hay en nuestro entorno y la enorme desigualdad que existe a nivel global en cuando a la distribución de recursos, fruto de un modelo económico y comercial profundamente injusto. Por ello, desde una perspectiva de derechos humanos alineada con los tratados internacionales de los que somos firmantes, el debate debería orientarse a cómo adaptamos nuestros servicios públicos para garantizar los derechos de quienes llegan a nuestro país, y como establecemos sistemas que no obliguen a las personas a poner sus vidas en peligro por migrar. Sin embargo, el debate que se está produciendo durante este mes de agosto en España poco tiene que ver con esto.
Durante demasiados años nuestro país ha tratado la migración como algo coyuntural o extraordinario, lo que sumado a los mensajes de odio y bulos racistas que se difunden en medios de comunicación y redes sociales, genera una situación enormemente problemática. Una parte de la sociedad ha decidido actuar como si los derechos humanos estuvieran condicionados al color de piel y están tratando de imponer esta agenda. Da igual que los datos sobre seguridad o números de llegadas no suscriban su marco, su objetivo es generar una percepción de la migración como algo peligroso y amenazante.
En este contexto, el debate sobre un fenómeno relativamente reciente como es la infancia que migra sola, sin referentes familiares, es cada vez mayor, como es mayor el odio que se dirige a unas personas en una situación de enorme vulnerabilidad. Si en 2015 había en nuestro país en torno a 400 niños, niñas y adolescentes en esta situación, las últimas cifras hablan de unas 16.000. Un incremento que responde a la multiplicación de conflictos armados en el Sahel o al incremento de las desigualdades en el norte de África. Aún así una cifra anecdótica en un país de casi 48 millones de habitantes como el nuestro.
La protección de la infancia y las competencias autonómicas
En nuestro país, a pesar de la derecha, la consideración del interés superior de la infancia prima sobre cualquier otra. Es por eso que los niños, niñas y adolescentes que migran solos y solas están amparados por el mismo sistema de protección de la infancia que cualquier niño o niña español que no tenga referentes familiares o, por cualquier casuística, no puede vivir con ellos. Estos sistemas de protección de la infancia están transferidos desde hace años a unas comunidades autónomas que, de manera general, no los han adaptado a esta realidad. Las peticiones de ayuda de Canarias y Ceuta, los principales territorios de entrada, no se han atendido por el resto de comunidades autónomas en gran medida por la debilidad de sus propios sistemas de protección.
Desde el año 2022 la Conferencia Sectorial de Infancia —el organismo de la administración estatal que reúne a las administraciones responsables de los derechos de la infancia de cada comunidad autónoma— aprobó un modelo de gestión de contingencias migratorias para la infancia y la adolescencia no acompañada elaborada por la Dirección General de Infancia que pretendía, partiendo de las competencias en materia de protección de menores en situación de desamparo que ostentan las autonomías, realizar un acompañamiento y una financiación adecuada para que las niñas, niños y adolescentes migrantes sin referentes familiares pudieran desarrollarse en nuestro país acorde a sus derechos. Y lógicamente esto no puede ocurrir si se les mantiene en centros muy por encima de su capacidad en los territorios de primera entrada. Es por eso que desde que Izquierda Unida asumiera la responsabilidad de las políticas de infancia en el Gobierno de España se ha puesto un especial énfasis en la necesidad de una distribución equitativa entre todos los territorios de nuestro país.
Tal y como se establece en el citado modelo de gestión de contingencias migratorias, hubo en 2022 un acuerdo que contemplaba una serie de criterios para realizar la distribución necesaria que garantizase los derechos de los niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestro país. También se ha avanzado en políticas públicas para avanzar en modelos de acogida familiar o de recursos residenciales reducidos para todos los niños y niñas bajo tutela de la administración, independientemente de su origen. Hablamos por tanto de un modelo garantista principalmente para la infancia migrante, pero también para las propias administraciones autonómicos que han dispuesto de criterios y recursos que venían apoyando en sucesivas conferencias sectoriales. En los tres últimos ejercicios presupuestarios ha habido por tanto 35 millones de euros anuales para realizar estos traslados, lo cual podría haber permitido también una mayor planificación y refuerzo de los sistemas de protección por parte de las administraciones autonómicas, ya que una parte de estos recursos ha ido precisamente dedicada a la cofinanciación de los mismos.
Incumplimiento de los compromisos de acogida
Pese a las insuficiencias e incumplimientos por parte de algunas comunidades autónomas que no han cumplido con sus compromisos de acogida, este modelo que ha venido operando desde 2022 ha permitido dar respuesta a las necesidades derivadas de las llegadas de niños, niñas y adolescentes que migran sin referentes familiares. Este modelo sin embargo se ha visto cuestionado por el Partido Popular este año 2024, a pesar de haber sido finalmente aprobado, pese a la contradicción que genera el hecho de que tanto Ceuta (en solitario) como las Islas Canarias (en coalición) estén gobernadas por el Partido Popular y, al fin y al cabo, se trata de recursos estatales. Las continuas trabas al modelo que en los últimos meses han verbalizado las comunidades gobernadas por el Partido Popular y que se han incrementado con la cercanía del proceso electoral europeo y su acercamiento al discurso xenófobo de Vox obligaron a ir trabajando en modelos complementarios que, sin embargo, han seguido contando con un rechazo de la derecha cuya política migratoria se sitúa cada vez más fuera del marco de los derechos humanos.
El Ministerio de Juventud e Infancia intentó que la ley obligara a las comunidades a una acogida equitativa de menores no acompañados asegurando la financiación del Estado. Las derechas lo impidieron
Para generar un mecanismo más estructural y adaptado a las necesidades actuales se lanzó desde el Ministerio de Juventud e Infancia la propuesta de la modificación del artículo 35 que convertía en obligatoria la acogida por parte del conjunto de las comunidades autónomas, asegurando una financiación adecuada por parte del Estado. Esta propuesta se articulaba tomando como referencia los criterios del plan de contingencia vigente que había sido previamente aprobado desde las administraciones territoriales. Por desgracia esta propuesta fue rechazado en el Congreso de los Diputados por el voto negativo del Partido Popular, VOX y Junts.
La lucha del Partido Popular con Vox para hegemonizar el espacio de la derecha y la apuesta de los primeros por articular para ello un discurso indistinguible del de la extrema derecha es la única explicación para la negativa a una reforma que les pedían comunidades autónomas que ellos mismos gobiernan. La actitud de boicot sistemático a las diferentes propuestas que se han venido haciendo no es otra cosa que la instrumentalización de las personas migrantes para generar descontento con el Gobierno de España sin importar la violencia y el racismo que están generando.
Es imprescindible seguir poniendo en marcha políticas de Estado para acabar con un modelo que provoca el hacinamiento de menores en Canarias
Pero la realidad es tozuda y el Partido Popular gobierna una mayoría de las comunidades autónomas de un país descentralizado como es el nuestro. Por ello en estos momentos ya no valen medias tintas, y deben de asumir sus competencias no sólo con los niños, niñas y adolescentes españoles que necesitan de protección, sino también de las y los migrantes. Afortunadamente tenemos un marco que les obliga a ello. Para esto son necesarios servicios públicos fuertes y políticas articuladas desde un enfoque de derechos de la infancia. Los casos como los de los centros de acogida de la Comunidad de Madrid, máximo exponente de la externalización de servicios públicos en nuestro país, donde se han denunciado situaciones terribles, demuestra que la garantía de derechos siempre es más efectiva desde lo público.
Por otro lado es imprescindible seguir poniendo en marcha políticas de Estado para acabar con un modelo que provoca que hoy haya miles de niños, niñas y adolescentes hacinados en recursos de emergencia completamente inadecuados en Canarias. Podemos imaginar la repercusión en el desarrollo y la salud que puede suponer pasar meses encerrado en un lugar hostil a tan corta edad. Es por ello que la apuesta del Gobierno por el interés superior del menor y el cumplimiento de los tratados internacionales que hemos suscrito pasa por generar un marco de derechos, donde los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de sus derechos, con reconocimiento al impacto positivo que tienen sobre el conjunto de la sociedad, y sin discriminarlos por su origen o color de piel.
