Un grupo de activistas sociales de Navarra han lanzado estos días un manifiesto en defensa de una atención pública y de calidad a las personas mayores. El documento, firmado por diversas figuras del ámbito sindical, político y del movimiento de pensionistas navarro, solicita un sistema de cuidados en Navarra para las personas mayores en condición de fragilidad, dependencia o enfermedad crónica grave, que responda a las necesidades reales según las distintas circunstancias en que se hallen.
Así mismo, pide que el sistema de cuidados integre las prestaciones de prevención y de Atención a la Dependencia y la de Promoción de la Autonomía, construyendo una red de servicios diversificados y capaces de atender corresponsablemente todas las necesidades.
Los firmantes también llaman a que en los sistemas de Salud y de Servicios Sociales se revisen las fórmulas que impiden que la atención llegue a las personas mayores más desfavorecidas socialmente y mejore su accesibilidad evitando “las desatenciones y graves inequidades que actualmente se están dando”.
Al mismo tiempo, instan a que se den los pasos necesarios para crear una nueva legislación que “permita y promueva” una mejor organización y financiación de los servicios para la atención a las personas mayores fundamentada en un “plan participativo”.
Todas estas propuestas las enmarcan dentro del Acuerdo Programático para un Gobierno de Navarra Progresista y Plural 2023-2027, en los puntos de las Políticas Sociales donde se apuesta por la gestión pública y por servicios en la comunidad. Tanto en el que se habla de “mantener la gestión pública” del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) ampliando su ejercicio “a mañana, tardes, fines de semana y festivos”, como cuando se llama a “continuar con el impulso al plan de centros de día públicos por toda Navarra de gestión municipal”.
Además, los firmantes apuestan por la elaboración de un plan de socialización de los cuidados, integrando políticas de corresponsabilidad (Administración, sociedad y ciudadanía) y de socialización de la igualdad.
Entre las medidas concretas, solicitan la creación de nuevas plazas residenciales de titularidad y gestión públicas, hasta alcanzar la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores, implementando las políticas que garanticen un modelo residencial público.
El documento también reflexiona sobre la cada vez mayor carga en horas de necesidad a causa de las situaciones de dependencia reconocida (que da prioridad sobre quien no la tiene), lo que está originando desatención a situaciones de fragilidad y, a su vez, reduce la función preventiva del SAD. Por ello, es imprescindible según los firmantes, un “incremento de los servicios de proximidad y los servicios sociosanitarios” para ofrecer atención integral en el domicilio.
Por último, y ante necesidades de “perentoria necesidad de atención no cubiertas actualmente”, piden aprobar una partida presupuestaria para reforzar con personal a aquellos Servicios de Atención Domiciliaria que tengan listas de espera de más de un mes desde la solicitud.
El documento está firmado por Inés Sáenz de Pipaón, Ana Lusar Cruchaga, Miguel Sánchez Ostiz, Miguel Izu, Carmen Juanmartiñena, Luisa Jusue, Chechu Rodríguez, Imanol Karrera, Pilar Abaurrea, Carmen Izal, Javier Ordóñez, Lázaro Elizalde, Patxi Urrutia, Santos Indakoetxea, Guadalupe Yoldi, Fernando Viedma y Paco Jiménez.
