El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso firme en su estrategia para frenar el crecimiento descontrolado del mercado de los pisos turísticos ilegales. Tras recibir el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha ordenado a Airbnb eliminar 65.935 anuncios de alojamientos turísticos que, según el Gobierno, incumplen la normativa vigente en diversas comunidades autónomas.
Se trata de la primera vez que la justicia avala de forma clara las competencias del Ministerio de Consumo en la supervisión y control de las plataformas de alquiler turístico. La sentencia, emitida por el TSJM, desestima un recurso presentado por Airbnb contra una resolución previa del ministerio que ya obligaba a retirar 5.800 anuncios en seis comunidades. Ahora, con este precedente judicial, se amplía la orden a más de 65.000 publicaciones.
Las irregularidades detectadas se centran en tres grandes incumplimientos: la ausencia del número de licencia o registro turístico (obligatorio en muchas normativas autonómicas), la ocultación de la identidad jurídica del arrendador (impidiendo saber si se trata de un particular o de un profesional), y el uso de licencias falsas o no verificadas, lo que puede inducir a engaño a los usuarios.
Las comunidades autónomas más afectadas por estos anuncios son Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi. Además, se ha informado de una posible infracción adicional en Galicia que podría involucrar otros 9.000 anuncios, actualmente en fase de investigación. La mayoría de estas ubicaciones coinciden con zonas de alta presión turística, donde la proliferación de alojamientos ilegales ha tenido un fuerte impacto en el acceso a la vivienda residencial.
Desde el inicio de la legislatura, el Ministerio de Consumo ha trabajado de forma coordinada con comunidades autónomas y ayuntamientos para hacer frente al fenómeno de los pisos turísticos irregulares. En ciudades como Madrid, por ejemplo, el ministerio ha identificado más de 15.000 alojamientos ilegales y ha solicitado al consistorio que actúe para eliminar sus anuncios de las plataformas. Pablo Bustinduy ha instado directamente al alcalde José Luis Martínez-Almeida a activar los mecanismos de inspección y sanción disponibles.
El ministro ha reafirmado su compromiso con la legalidad y la protección de los derechos de los consumidores. “Ninguna empresa, por muy poderosa que sea, está por encima de la ley”, ha declarado en un comunicado, en el que también ha subrayado que este tipo de medidas buscan no solo frenar el fraude, sino también contribuir a mejorar el acceso a una vivienda digna, especialmente en zonas tensionadas por la presión turística.
Airbnb, por su parte, ha manifestado su desacuerdo con la resolución ministerial y ha anunciado que presentará un recurso. La plataforma sostiene que solicita a todos los anfitriones que aseguren el cumplimiento de las normativas locales y que el listado presentado por el Gobierno se basa en una metodología indiscriminada. Además, acusa al ministerio de extralimitarse en sus funciones al imponer una decisión de este alcance sin un análisis más individualizado.
No es la primera vez que Consumo actúa contra Airbnb. A finales de 2023, el ministerio ya había abierto un expediente sancionador contra la compañía por mantener activos miles de anuncios sin número de licencia, pese a varios requerimientos previos para su retirada. La posible multa entonces se cifró en hasta 100.000 euros o, en su defecto, un importe equivalente al cuádruple del beneficio ilícito estimado.
Con esta nueva actuación, el Gobierno refuerza su ofensiva para regular un sector que ha crecido de forma vertiginosa en la última década y que, según denuncian organizaciones sociales y vecinos, ha contribuido a la gentrificación, el encarecimiento del alquiler y la pérdida de tejido residencial en muchas ciudades. Desde el Ministerio de Consumo insisten en que la transparencia, la legalidad y la protección de la ciudadanía deben estar por encima de los intereses comerciales de las plataformas.
El proceso ahora continúa. Tras esta primera sentencia favorable, se espera que las dos resoluciones restantes (que afectan al grueso de los anuncios) también obtengan respaldo judicial. Si eso ocurre, Airbnb estaría obligada a retirar de forma masiva los anuncios ilegales identificados en todo el territorio español.
