A menos de dos semanas de la cumbre de la OTAN en La Haya, los países aliados han asumido un ambicioso compromiso: elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB. La medida, impulsada por la administración estadounidense y respaldada con vehemencia por el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, reconfigura las prioridades presupuestarias de los Estados miembros en favor de una lógica de rearme y disuasión.
El nuevo reparto establece que el 3,5% del PIB se destinará a capacidades tradicionales de defensa —carros de combate, armamento pesado y sistemas antiaéreos— y el 1,5% restante a ciberseguridad e infraestructuras críticas. Aunque muchos países ya invierten en esta última categoría, alcanzar el umbral del 3,5% en armamento convencional supone un salto considerable respecto al objetivo anterior del 2%.
En palabras de Rutte, el aumento no es opcional: “Si no aumentamos el gasto en defensa al 5% —con un 3,5% de base—, podremos conservar nuestros sistemas de salud y pensiones, pero será mejor que aprendamos a hablar ruso. Ésa es la consecuencia.”
Lejos de ocultar el carácter emocional de su estrategia, el secretario general fue más allá: “La verdad puede poner nerviosa a la gente, pero hay que ponerla nerviosa”. Un reconocimiento explícito de que el miedo —o al menos el nerviosismo social— es visto como un recurso útil para justificar medidas impopulares que favorecen el rearme.
El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Mathew Whitaker, reforzó ese mensaje, reclamando “progresos creíbles” inmediatos por parte de sus socios. “Preferiríamos que nuestros aliados se movieran urgentemente al llegar al 5%”, insistió en una comparecencia reciente.
En este contexto, España destaca como la única gran voz disonante frente al nuevo consenso. Según un artículo del Financial Times, el Gobierno español es “el único obstáculo” actual para lograr la adopción colectiva del nuevo umbral.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque comprometido con alcanzar el 2% del PIB en defensa —con una inversión adicional de 10.471 millones de euros anunciada en abril—, rechaza por ahora sumarse a la carrera por el 5%. Esta resistencia responde tanto a condicionantes sociales como a disensos políticos internos. Una parte significativa del Gobierno, en especial Izquierda Unida, considera que la política del rearme constituye una línea roja. Además, la sociedad española mantiene una arraigada tradición pacifista y antimilitarista que limita el margen para justificar un aumento masivo del presupuesto militar.
Actualmente, ningún país miembro de la OTAN cumple aún con el umbral del 5%, aunque fuentes citadas por el Financial Times consideran que el verdadero punto de tensión es alcanzar al menos el 3,5% en defensa convencional, más allá del componente tecnológico o digital.
En paralelo, la Casa Blanca ha confirmado que el teniente general Alexus G. Grynkewich sucederá al actual comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), general Christopher G. Cavoli, en el verano de 2025. El nombramiento, promovido por Donald Trump, disipa las dudas surgidas en los últimos meses sobre una posible retirada estadounidense de ese cargo estratégico. “Es una señal positiva del compromiso y el personal estadounidense”, indicó una fuente a Euronews.
Sobre la participación de Ucrania en la próxima cumbre, fuentes diplomáticas apuntan a que será limitada: “Probablemente se dirá que no son miembros, por lo que no deben estar allí”. Mientras Estados Unidos insiste en acelerar el gasto y consolidar su liderazgo militar en Europa, la mayoría de los aliados se alinean con la nueva hoja de ruta. Sin embargo, la difusa resistencia de España refleja que no todos los gobiernos están dispuestos a asumir sin debate una estrategia marcada desde Washington. Las campanas de guerra no suenan solas: alguien, deliberadamente, se encarga de hacerlas sonar.
