La Corte Suprema de Brasil ha dictado arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado por los sucesos del 8 de enero de 2023, cuando sus seguidores asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo para impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión, adoptada por el juez Alexandre de Moraes, llega tras constatar que Bolsonaro incumplió medidas cautelares como la prohibición de usar redes sociales y la obligación de portar una tobillera electrónica.
El magistrado también ordenó registrar la vivienda del exmandatario para incautar sus teléfonos móviles, y limitó las visitas a familiares directos y su equipo legal. El juicio está previsto para septiembre, y de ser hallado culpable podría enfrentar hasta 40 años de cárcel por delitos de “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”. Además, otros siete miembros de su entorno, incluida la cúpula militar de su Gobierno, están imputados.
Escalada diplomática con EE UU
La causa contra Bolsonaro ha abierto un frente con Estados Unidos. El presidente Donald Trump, que ha calificado el proceso como una “caza de brujas” contra su “amigo” Bolsonaro, ha respondido con sanciones contra Brasil. Entre ellas, un arancel del 50% a sus productos, la revocación del visado estadounidense de Alexandre de Moraes y el bloqueo de sus bienes, medidas que también se han extendido a once jueces más del Supremo brasileño.
Las sanciones se amparan en la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, que permite a Washington castigar a extranjeros acusados de corrupción o violaciones graves de derechos humanos. De Moraes ha restado importancia a la medida, asegurando que no posee activos en Estados Unidos. El Supremo brasileño ha cerrado filas en torno a él, reafirmando su independencia judicial.
Un magistrado en el punto de mira
No es la primera vez que Alexandre de Moraes, de 56 años, afronta un pulso internacional. En 2024 obligó a Elon Musk, dueño de X (antes Twitter), a acatar la legislación brasileña, ordenando la suspensión temporal de la red social y el bloqueo de cuentas vinculadas a Starlink hasta que el magnate aceptó las condiciones. En 2019 ya había ordenado investigar y suspender decenas de cuentas de extrema derecha, lo que abrió un debate en Brasil sobre la libertad de expresión en internet.
Ahora, Trump utiliza las sanciones como presión para frenar la causa contra Bolsonaro y ha advertido que no retirará las medidas mientras continúe lo que considera “persecución” política.
De la Presidencia al banquillo
Bolsonaro, capitán retirado y defensor de la dictadura militar brasileña (1964-1985), llegó a la Presidencia en 2019 tras derrotar a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Durante su mandato mantuvo un discurso de mano dura y rotunda oposición a Lula y a las instituciones que cuestionaban su gestión. Tras perder las elecciones de 2022, alentó sin pruebas la tesis de fraude electoral.
El 8 de enero de 2023, sus simpatizantes protagonizaron un asalto coordinado a las sedes de los tres poderes en Brasilia. La Fiscalía sostiene que el expresidente y sus aliados planearon el ataque para impedir que Lula asumiera el cargo. Bolsonaro ya había advertido durante su mandato que su futuro podía resumirse en tres opciones: “preso, muerto o victoria”. El pasado 4 de agosto se cumplió la primera. En previsión de nuevas protestas, el Gobierno brasileño ha reforzado la seguridad en puntos estratégicos del país. El pasado 3 de agosto, miles de bolsonaristas se movilizaron para mostrar su apoyo al exmandatario, anticipando un clima tenso en la cuenta atrás hacia el juicio.
