Un entramado de ventas inmobiliarias en pleno centro de Madrid mantiene en vilo a más de 200 familias que viven en pisos gestionados por una fundación histórica. Los vecinos denuncian que la operación, cerrada inicialmente en 2019 y todavía bajo investigación judicial, se ha reactivado este verano mediante un nuevo acuerdo privado que vuelve a poner en cuestión la legalidad de todo el proceso.
La fundación que administra los edificios firmó el pasado 30 de julio un contrato de compraventa con una sociedad vinculada a fondos de inversión. El acuerdo incluye 13 de los 14 inmuebles en los que residen las familias, a través de un complejo entramado de sociedades interpuestas creadas expresamente para la transacción. El precio pactado, de 99 millones de euros, se sitúa muy por debajo de las tasaciones más conservadoras, que en algunos casos superan los 250 millones.
Los afectados recuerdan que la venta anterior, en 2019, ya fue paralizada en los tribunales tras detectarse múltiples irregularidades. Entre ellas, la modificación de los estatutos fundacionales para permitir la enajenación de los edificios, la ausencia de representantes civiles en la votación del patronato que aprobó la operación y las dudas sobre la inscripción en el Registro de Fundaciones. El propio Registro de la Propiedad llegó a suspender entonces la inscripción de varios inmuebles por incongruencias administrativas.
Los vecinos sostienen que la venta vulnera el carácter social de los inmuebles, destinados durante décadas a proporcionar alquileres asequibles que financiaban la educación de menores huérfanos y en riesgo de exclusión. Denuncian que, de consumarse la operación, quedarán en manos de sociedades especulativas que podrían encarecer los alquileres o forzar desalojos.
El procedimiento judicial, abierto en 2019 por presuntos delitos de estafa, corrupción y administración desleal, sigue en fase de instrucción. El juez ya dictó auto de acusación, aunque la Fiscalía ha solicitado diligencias complementarias que mantienen el proceso en curso. Mientras tanto, los residentes temen que la firma del nuevo contrato facilite la entrega efectiva de las viviendas a los fondos inversores antes de que exista una resolución judicial firme.
