El pasado mes de marzo de 2025, el asesinato de la educadora social Belén mientras trabajaba, movilizó de forma reactiva a buena parte de los/as profesionales del Sector Social, también denominado Tercer Sector o sector de la Intervención Social, conformándose varias plataformas y asambleas en varios puntos del territorio estatal. Estas incipientes plataformas tienen una reivindicación clara: “La precariedad laboral mata”.
Las profesionales de lo social necesitan desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad, entendiendo ésta en un sentido amplio y no desde la securitización y el punitivismo. En las pasadas movilizaciones, las profesionales (en femenino, pues es un sector feminizado) no exigían más vigilantes de seguridad en los recursos residenciales y de cumplimiento de medidas judiciales, sino el aumento de salarios, el reconocimiento del trabajo interdisciplinar, el reconocimiento de sus categorías profesionales por convenio, así como unas ratios adecuadas de profesionales en función de las personas a atender en cada recurso y turno, entre otras.
Hace ya tiempo que el libre mercado impactó en este sector que atiende a 8 millones de personas en España y los gobiernos de las comunidades autónomas con sus políticas neoliberales y redes clientelares mantienen la privatización de servicios esenciales para el sostenimiento de la vida, generando un sistema desigual a nivel estructural en donde la precariedad laboral y la inseguridad van de la mano. Podemos observar estas diferencias en los informes que publica periódicamente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el último, de 2024, indica que 20 millones de personas en nuestro país (el 42%) de la población, reside en comunidades autónomas con servicios sociales débiles e irrelevantes.
La mercantilización del modelo de Servicios Sociales se disfraza bajo el eufemismo de colaboración público-privada, en la externalización de los servicios a las empresas e incluso a empresas no especializadas, en la reducción de salarios y en la fragmentación de los itinerarios de atención a las personas usuarias.
La desigualdad es estructural en un modelo tan relevante para la vida de una sociedad como es el modelo de los cuidados y la transformación social. Las diferencias en la legislación, en el diseño de las políticas públicas y en la gestión de los recursos humanos y materiales en las comunidades autónomas genera un acceso y ejercicio desigual de los derechos, tanto de las personas usuarias como de las plantillas de trabajadoras. La calidad en la atención a las personas en situaciones de vulnerabilidad y la inversión en la prevención se ven mermadas bajo el prisma del modelo neoliberal, que llega tarde, mal y no cuenta ni con profesionales ni con las personas usuarias.
En un sector con múltiples agentes (fundaciones, ONG´s, asociaciones, empresas, etc), con un convenio estatal (Acción e Intervención Social) y con convenios colindantes (Reforma Juvenil y Protección de Menores, Dependencia, etc), la atomización y el aislamiento entre las diferentes profesionales es la cotidianidad.
Cuando las condiciones materiales son precarias, todo el tiempo se dedica a ganarse el pan y no a luchar por los derechos. Y, en este sector, hay profesionales que dedican su vida a la defensa de los derechos de las personas más vulnerabilizadas mientras, a su vez, están siendo precarizadas y violentadas.
Cuentan las trabajadoras del hogar y de los cuidados que cuidan con cuerpos rotos; cuentan las trabajadoras, las educadoras y las integradoras sociales que de vocación no se come, que sus puestos no pueden ser sustituidos por personal voluntario, que se necesita formación para cuidar y para intervenir con la población. La profesionalización es uno de los puntos clave para el reconocimiento social de un sector invisibilizado, denostado y precarizado a más no poder.
Y la primera tarea es comprender que la lucha es laboral y es colectiva, que todas las profesionales que intervienen en los cuidados y en el sostenimiento de la vida son imprescindibles y deben interlocutar entre sí y con los sindicatos. El resto de la ciudadanía debe comprender aún que los Servicios Sociales, junto a la Sanidad, la Educación, la Vivienda y las Pensiones sostienen el Estado Social de derechos.
Los ánimos están bajos entre las profesionales de este sector, hay desafección con la política institucional y sindical, hay extenuación física y emocional, y, con los recientes asesinatos de las trabajadoras, hay inseguridad ontológica. La incertidumbre sobre el propio devenir, no sólo el hecho de no poder pagar las facturas sino el no poder proyectar un futuro o vislumbrar la mejora del horizonte vital, no es una cuestión coyuntural sino estructural. Se producen deserciones a otras carreras profesionales, a otros itinerarios vitales alejados de los estudios realizados y de la propia vocación. El asesinato de Belén y el asesinato de Teresa han revelado lo que las profesionales del sector ya sabían porque es su realidad material, simbólica y sentida.
Una trabajadora no puede desempeñar su trabajo en condiciones precarias ni inseguras. Especialmente en recursos residenciales y en ámbitos domésticos, es en donde la exposición de las mujeres trabajadoras a las violencias sexuales aumenta. La intimidación, la humillación, la fiscalización de la vida de la trabajadora, la intromisión en su intimidad, el acoso y la agresión son parte del día a día de las auxiliares de ayuda a domicilio, muchas de ellas migrantes y racializadas, en donde se plasman las relaciones de poder, coloniales, de clase y de género. El miedo no forma parte del contrato, que ir al trabajo no te cueste la vida.
La degradación progresiva del sector tiene un apellido claro: los fondos buitre y las empresas no especializadas. Hay empresarios a los que lo mismo les da invertir en fútbol que invertir en limpieza industrial o en servicios sociales.
Por eso, el próximo 20 de septiembre de 2025 se han convocado una serie de concentraciones de profesionales del sector de los Servicios Sociales a nivel estatal. La reciente conformación de la Plataforma de Servicios Sociales Estatal se han sumado a la convocatoria iniciada por el sector en Barcelona, instando a las profesionales a concentrarse en una jornada de movilización en todos los territorios.
